ORIHUELA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, tiene pendiente una denuncia de las comunidades de riego tradicional y las del trasvase de la Vega Baja alicantina en Fiscalía por una supuesta «imprudencia temeraria con resultado de muerte y estragos» durante la pasada Dana de mediados de septiembre, de la que se cumplen ahora 65 días.
Sin embargo, aseguran los regantes, sigue sin hacer nada más allá de anunciar la compra de coches para sus agentes.
«Les gusta provocar», resumió en declaraciones El Mundo el
secretario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Pedro Mazón, uno
de los responsables de la querella.
Además advirtió: «Los daños han sido
tanto y tan costosos que si se produce otro episodio fuerte de lluvias,
la Vega Baja no está preparada para afrontarlo»
El
pasado 25 de octubre la CHS anunció la licitación por un importe de
17,2 millones de euros «las obras de emergencia para restaurar los
cauces y reparar infraestructuras tras la gota fría que afectó a
la Vega Baja alicantina».
Según decía la nota «los trabajos consistirán
en la estabilización de las motas del río Segura y la adecuación del
cauce a su estado previo. En las ramblas, se recuperará la capacidad
hidráulica; y también se actuará en los canales del postrasvase, que se
vieron seriamente dañados por las lluvias.
Asimismo, se llevarán a cabo
obras de reparación en las presas de Santomera (Murcia, si bien desagua
en el río Segura cerca de la provincia de Alicante) y La Pedrera
(Orihuela).
Desde el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela lo niegan.
Mazón aseguró que «dicen que han licitado pero luego vas a la web del
Ministerio y no aparece ninguna licitación por ningún lado. Es
vergonzoso».
Una valoración muy diferente a la que hace de la actuación de la Generalitat y de la Diputación de Alicante. Sobre
el Ejecutivo autonómico bipartito PSPV-Compromís, Mazón aseguró que
llevan tiempo ejecutando obras como la de la acequia de La Alquibla o la
acequia del Escorratel, el brazal de Bonanza o el azarbe de Bonacho.
Ésta última la empezarán el lunes. También el importante bypass entre Arneva y Hurchillo. «No se trata de parches -aseguró Mazón- lo están haciendo bien, con agilidad.
También subrayó la visita del secretario Autonómico de Agricultura y
Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero y su anuncio del arreglo de
las motas en el azarbe mayor de Hurchillo en enero.
Y lo mismo la Diputación. Mazón subrayó la disposición inmediata que hizo su presidente, Carlos Mazón,
de fondos para actuaciones urgentes en Ayuntamientos y equipos propios
desde el día de su visita a la zona en plenas inundaciones. «Sobre todo
teniendo en cuenta que la Diputación no tiene competencias», añadió.
Varapalo judicial por los residuos sólidos flotantes
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha estimado el recurso
contencioso administrativo interpuesto por el sindicato general de Aguas
de San Fulgencio contra una resolución administrativa de la
Confederación Hidrográfica del Segura, que imponía una sanción de 3.000
euros contra el Juzgado Privativo de Aguas Azud del Alfeitamí y contra
la mencionada organización sindical por la «gran acumulación de residuos
sólidos flotantes», en las aguas que confluyen desde el azarbe de La
Reina al río Segura, y en la que ordenaba el cese de la actividad
contaminante.
Entre otros fundamentos jurídicos el TSJCM, ha considerado que la Comunidad de Regantes o el Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, no tienen funciones de policía, distribución y administración de las aguas de acuerdo con el artículo 199 del Reglamento de dominio Público Hidráulico.
Según el presidente del Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, Antonio Trives García y del letrado de esta organización, José María Ballester Sansano, la sentencia es «de gran importancia para las Comunidades de Regantes; dado que las reiteradas denuncias interpuestas por la Confederación unidas a las sanciones de multa de 3.000 euros hubieran llevado a un estado de quiebra y ruina a las Comunidades de Regantes».
Trives subrayó que estos juzgados y sindicatos del riego tradicional, «perviven gracias a los impuestos sobre mondas que sufragan los pequeños agricultores minifundistas, que sufren continuamente, las inclemencias de las sequías, inundaciones» y sobre todo «los bajos precios de sus cosechas».
Paralelamente a los problemas en la Vega Baja la CHS está afrontando la crisis de supervivencia del Mar Menor en Murcia, de índole ecológica. En este contexto el agua que está llegando desde Murcia a Orihuela registra niveles de 5.000 ms/cm cuando el límite legal para riego se sitúa en 2.000 ms/cm, aseguran desde el Juzgado de Aguas.
Por eso se ha solicitado al organismo e cuenca que desembalse agua para reducir la conductividad y la respuesta que se ha dado a los regantes es que la paguen, cuando la normativa exige que la CHS debe garantizar la calidad del agua que distribuye.
Esta respuesta ha terminado por enfadar más a los agricultores de la Vega que exigen las obras inmediatas.
Y es que según Mazón, no sólo se debe actuar ya en el río, sino en el que es el segundo cauce de la zona, la rambla de Abanilla, que está peor que hace dos semanas, en su ramal de Granja de Rocamora «completamente ciego».
Sólo así podremos prevenir otro desastre como el de septiembre opinan los regantes.
Entre otros fundamentos jurídicos el TSJCM, ha considerado que la Comunidad de Regantes o el Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, no tienen funciones de policía, distribución y administración de las aguas de acuerdo con el artículo 199 del Reglamento de dominio Público Hidráulico.
Según el presidente del Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, Antonio Trives García y del letrado de esta organización, José María Ballester Sansano, la sentencia es «de gran importancia para las Comunidades de Regantes; dado que las reiteradas denuncias interpuestas por la Confederación unidas a las sanciones de multa de 3.000 euros hubieran llevado a un estado de quiebra y ruina a las Comunidades de Regantes».
Trives subrayó que estos juzgados y sindicatos del riego tradicional, «perviven gracias a los impuestos sobre mondas que sufragan los pequeños agricultores minifundistas, que sufren continuamente, las inclemencias de las sequías, inundaciones» y sobre todo «los bajos precios de sus cosechas».
Paralelamente a los problemas en la Vega Baja la CHS está afrontando la crisis de supervivencia del Mar Menor en Murcia, de índole ecológica. En este contexto el agua que está llegando desde Murcia a Orihuela registra niveles de 5.000 ms/cm cuando el límite legal para riego se sitúa en 2.000 ms/cm, aseguran desde el Juzgado de Aguas.
Por eso se ha solicitado al organismo e cuenca que desembalse agua para reducir la conductividad y la respuesta que se ha dado a los regantes es que la paguen, cuando la normativa exige que la CHS debe garantizar la calidad del agua que distribuye.
Esta respuesta ha terminado por enfadar más a los agricultores de la Vega que exigen las obras inmediatas.
Y es que según Mazón, no sólo se debe actuar ya en el río, sino en el que es el segundo cauce de la zona, la rambla de Abanilla, que está peor que hace dos semanas, en su ramal de Granja de Rocamora «completamente ciego».
Sólo así podremos prevenir otro desastre como el de septiembre opinan los regantes.
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