ALICANTE.- «Los valores obtenidos superan ampliamente los mínimos
requeridos para poder declararse Zona Acústicamente Saturada (ZAS) el
ámbito cubierto por los sonómetros realizados».
Así de
contundente se muestra el perito encargado por la juez que investiga una
presunta vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos del
centro de Alicante, quienes han exigido al Ayuntamiento la aplicación de esta figura para poner coto a la actividad de ocio nocturno.
De
hecho, en las mismas conclusiones se explica que «casi la integridad de
las mediciones que superan el límite máximo permitido se producen en
horario nocturno», lo que casa con la tesis de los residentes de que no
pueden descansar, según publica hoy El Mundo.
Este estudio, de más de 600 páginas, será el tema central del juicio
que este miércoles celebrará su segunda y, presumiblemente, última
sesión.
El documento incluye abundante información sobre las mediciones realizadas,
y aporta también otro dato interesante: «No se aprecia una mejora
significativa en los niveles de ruido obtenidos en la parte del año 2019
analizados respecto a los equivalentes en 2018». Es decir, que si la Administración local ha puesto en marcha alguna medida ésta no ha sido efectiva.
El conflicto de los vecinos del centro con el Ayuntamiento de Alicante a propósito del ruido viene de hace muchos años. De hecho, la demanda se interpuso durante la breve etapa en la que el PSOE gobernó en solitario
(finales de 2017) y después de haber requerido por carta la aplicación
de la zona ZAS en Castaños y sus calles adyacentes.
La entrada del PP en
el Gobierno, en abril de 2018, no cambió la situación de conflicto
entre la Administración y los residentes, a pesar de que los populares anunciaron la recuperación de la brigada de la Policía Local encargada de controlar el ruido del tardeo.
Plan de choque
La tensión con los vecinos, que seguían exigiendo al aplicación de la zona saturada, fue a más, y las posturas se enconaron hasta llegar a la investigación judicial. Entre
la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 24 de septiembre, y
la que tendrá lugar este miércoles, el equipo de Gobierno
propuso un nuevo plan de choque a los vecinos que, sin embargo, éstos
rechazaron al asegurar que no contemplaban ningún otro acuerdo que no
fuese la aplicación de la ZAS.
La propuesta municipal pasaba por una suspensión indefinida de licencias para pubs y
discotecas en el centro de la ciudad; establecer una distancia mínima
para las nuevas cafeterías; revisar que las actuales licencias se
ajustan a la legalidad; realizar un plan de ordenación de veladores con
recortes de entre el 5 y el 10% de la superficie ocupada; y reforzar el
dispositivo de Policía Local para atender las denuncias vecinales.
Lo
cierto es que el informe pericial no es el único que alerta de que
existen condiciones de saturación en el entorno de Castaños.
Otro
estudio encargado por el propio Ayuntamiento a la empresa Idom
Ingeniería y Arquitectura, con el objetivo de analizar la viabilidad de
peatonalizar la calle Bailén y la avenida de la Constitución, alertó el pasado mes de mayo que «el incremento de la terciarización especializada en ocio y restauración»
debería servir para que el Ayuntamiento evaluase «medidas
complementarias para regular la actividad de ocio en la zona del centro
tradicional, con el propósito de buscar una mayor diversidad de la
actividad comercial y de servicios, evitando la especialización en
aquellas actividades que generan incompatibilidad con otros usos (la
población residente u otras actividades)».
Idom instaba así a evitar una hiperespecialización de la zona porque podría provocar problemas de convivencia.
En este sentido, planteaba la necesidad de «aplicar políticas para mantener (y aumentar) la población residente,
así como las actividades terciarias relacionadas con las oficinas» y
determinar los diferentes «equilibrios para el uso del espacio urbano»
para evitar una posible «expulsión de residentes» por la proliferación
de terrazas, ocio y los pisos turísticos.
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