BENEJÚZAR.- El alcalde de Benejúzar, Miguel López Arenas, en representación del Consistorio ha trasladado a la Fiscalía lo que ha calificado como "unos presuntos hechos delictivos", sobre la desaparición de una pistola táser durante meses. Esta acción la lleva a cargo el Ayuntamiento de Benejúzar, según
López Arenas, con el objetivo de evitar "cualquier denuncia posterior
por prevaricación administrativa", dado que según ha explicado, no
adoptar esta medida puede acarrear consecuencias tanto para el
Ayuntamiento como para los concejales.
El asunto viene
de la legislatura anterior, según un comunicado del equipo de gobierno
actual y, según consta en el escrito que se ha presentado, el presunto
responsable es el que fuera concejal delegado del área de Seguridad
Ciudadana, Vicente Cases.
El Ayuntamiento benejucense
adquirió entonces una pistola eléctrica, más conocida como táser por
4.075,76 euros, pero este arma no llegó nunca a aparecer ni a ser
utilizada, tal y como ha corroborado la propia Policía Municipal.
La
mercantil que vendió entonces el arma (la pasada primavera) reclamó el
pago "que no aparecía por ningún sitio y,curiosamente, varios meses
después de su adquisición reapareció en la empresa suministradora en un
envío por correo", ha explicado el primer edil, quien ha añadido que "este es un caso grave porque en paralelo se ha podido cometer un presunto delito de tenencia ilícita de armas".
Tanto
el misterioso extravío de la pistola táser como el sorprendente
hallazgo que desveló la firma suministradora, siguen por ahora sin
aclarar ya que nadie tanto el Consitorio benejucense como la Policía
Local han confirmado que nunca han gestionado ni la devolución del arma
ni su envío al proveedor; asuntos estos que también han sido resaltados
en los archivos presentados ante la institución judicial ya que, al
parecer, alguien en nombre del Ayuntamiento envió el arma desaparecida
sin que por ahora se haya podido aclarar la identidad de la persona que
lo hizo.
En el escrito que se ha
remitido esta mañana a la Fiscalía, en el Palacio de Justicia de
Orihuela, se relatan todos los hechos de los que se tiene conocimiento,
desde que la empresa suministradora de la pistola táser reclamara al
Consistorio el pago del arma, tras rechazar también su devolución, por
estar fuera de plazo.
En cuanto a la presentación de toda la
documentación relativa a este caso en Fiscalía, el alcalde ha reseñado
que "tenemos la obligación legal de hacerlo para no incurrir en algún
delito de prevaricación, por eso ponemos en conocimiento de la autoridad
judicial estos presuntos hechos delictivos".
En este sentido, López
Arenas ha aclarado que lo que se pretende es que el fiscal
"independientemente de que admita o no a trámite el caso, investigue lo
sucedido porque tiene la autoridad para ello".
Desde el Ayuntamiento
consideran "muy graves" estos hechos y de lo que se trata es de velar
por los intereses de los vecinos y vecinas, ya que "ahora tenemos que
hacer frente al pago de un arma de más de cuatro mil euros que ni
siquiera hemos visto aparecer y con el perjuicio económico y de imagen
que estos hechos tan reprobables acarrean para nuestro pueblo", ha
matizado López Arenas.
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