MADRID.- Banco Santander ha dado por finalizado el grueso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE)
que puso en marcha el pasado mes de mayo como consecuencia de las
duplicidades derivadas de la integración de Banco Popular y que suponía
la salida de 3.223 trabajadores, según fuentes cercanas a la
negociación.
Por
comunidades autónomas, han abandonado la entidad un total de 354
trabajadores de la Comunidad de Madrid, 398 de Andalucía, 249 de
Galicia, 221 de Cataluña, 238 de Castilla y León, 273 de Comunidad Valenciana y Murcia,
152 de País Vasco, 112 de Canarias, 127 de Castilla-La Mancha, 81 de
Extremadura, 130 de Cantabria y Asturias, 141 entre Aragón, Navarra y La
Rioja y 33 de Baleares. Además, ocho empleados formaban parte de
territorial virtual y cuatro del calificado como grandes superficies.
En concreto, 3.030 personas se han acogido de forma voluntaria a este proceso de reestructuración, el 99% del total, y 39 empleados han salido de forma forzosa, lo que suma 3.069 trabajadores. De este modo, todavía quedaría un perímetro de 154 personas que está previsto que estén fuera antes de enero de 2020, fecha que el banco se había marcado como plazo límite para concluir este procedimiento.
La parte más complicada de este ERE ha sido la que afectaba a la red comercial, que ha sufrido el 82% de la reestructuración. El ámbito de los servicios centrales ha soportado el 17% de los despidos, algo más de 500 personas, y el de la sede ha asumido el 1%, menos de 30 empleados.
Asimismo, el desglose de las cifras apunta a que 1.028 salidas, es decir, el 33%, fue de mujeres, mientras que las 2.041 restantes, el 67%, estuvieron protagonizadas por hombres. Además, la mayor parte del ERE (62%) se aplicó en la plantilla de Banco Santander. El 38% de los despidos, unos 1.163 empleados, procedían de Banco Popular.
Por otro lado, el tipo de salidas se ha establecido en 1.708 empleados o el 55% del total mediante prejubilaciones y 1.361 o el 45% con indemnizaciones.
Para cubrir las extinciones, Santander ofreció a los empleados de entre 55 y 61 años prejubilarse con el 80% del salario pensionable o con el 75% más el 60% del complemento voluntario, mientras que a los mayores de 62 años les propuso abonar el equivalente a 20 días por año trabajado, con el límite de una anualidad, y sin primas.
El colectivo de entre 50 y 54 años podía dejar la entidad con el 60% del salario pensionable de seis anualidades y un tope máximo de 380.000 euros, sin descuento por desempleo y con un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, actualizable hasta un máximo del 3%.
A este grupo también le daba primas por voluntariedad de 2.000 euros por cada trienio completo trabajado, una prima adicional de entre 5.000 y 30.000 euros en función de su antigüedad y otra de 15.000 euros.
En cuanto a los trabajadores de 49 años o menos, o los que tengan una edad superior pero no acumulen 15 años de antigüedad, las extinciones venían acompañadas de una indemnización de 40 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades.
A este colectivo también se le ofreció primas de voluntariedad de 2.000 euros por cada trienio de antigüedad y otras de entre 5.000 y 30.000 euros en función de los años que llevara en el banco.
Este acuerdo, que se firmó el pasado 17 de junio, fue suscrito por el 83% de la representación sindical, después de que la entidad presidida por Ana Botín lo justificara como consecuencia del proceso de integración, unificación y racionalización de las redes comerciales y estructuras intermedias de apoyo a las mismas entre los bancos Santander y Popular una vez producida la absorción del último por primero.
Entre las salidas voluntarias y forzosas, una parte tiene intención de seguir en el mercado laboral, por lo que Banco Santander asumió el compromiso de recolocar al 100% de quienes quieran seguir trabajando, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.
En el ERE llevado a cabo en 2016 se logró este objetivo, mientras que en el ajuste acometido en 2018 el éxito hasta ahora ha sido del 73%, con previsión de alcanzar el 100% en el segundo semestre del año.
Este proceso de reestructuración de la red ha implicado también el cierre de 1.128 sucursales. Precisamente el pasado viernes 22 de noviembre, la entidad culminó estas clausuras con la séptima y última oleada de cierres.
Desde el banco han asegurado en varias ocasiones que ningún municipio se ha quedado sin servicios bancarios pese a este proceso, ya que la mayoría de cierres se ha concentrado en las ciudades, al tiempo que ha estado reforzando su red de agentes y colaboradores, fundamentalmente en las poblaciones que carecen de sucursal.
Así, cada oficina que se cierra tiene otra sucursal del grupo a una distancia media de unos 230 metros y, el 65%, a menos de 200 metros.
En concreto, 3.030 personas se han acogido de forma voluntaria a este proceso de reestructuración, el 99% del total, y 39 empleados han salido de forma forzosa, lo que suma 3.069 trabajadores. De este modo, todavía quedaría un perímetro de 154 personas que está previsto que estén fuera antes de enero de 2020, fecha que el banco se había marcado como plazo límite para concluir este procedimiento.
La parte más complicada de este ERE ha sido la que afectaba a la red comercial, que ha sufrido el 82% de la reestructuración. El ámbito de los servicios centrales ha soportado el 17% de los despidos, algo más de 500 personas, y el de la sede ha asumido el 1%, menos de 30 empleados.
Asimismo, el desglose de las cifras apunta a que 1.028 salidas, es decir, el 33%, fue de mujeres, mientras que las 2.041 restantes, el 67%, estuvieron protagonizadas por hombres. Además, la mayor parte del ERE (62%) se aplicó en la plantilla de Banco Santander. El 38% de los despidos, unos 1.163 empleados, procedían de Banco Popular.
Por otro lado, el tipo de salidas se ha establecido en 1.708 empleados o el 55% del total mediante prejubilaciones y 1.361 o el 45% con indemnizaciones.
Para cubrir las extinciones, Santander ofreció a los empleados de entre 55 y 61 años prejubilarse con el 80% del salario pensionable o con el 75% más el 60% del complemento voluntario, mientras que a los mayores de 62 años les propuso abonar el equivalente a 20 días por año trabajado, con el límite de una anualidad, y sin primas.
El colectivo de entre 50 y 54 años podía dejar la entidad con el 60% del salario pensionable de seis anualidades y un tope máximo de 380.000 euros, sin descuento por desempleo y con un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, actualizable hasta un máximo del 3%.
A este grupo también le daba primas por voluntariedad de 2.000 euros por cada trienio completo trabajado, una prima adicional de entre 5.000 y 30.000 euros en función de su antigüedad y otra de 15.000 euros.
En cuanto a los trabajadores de 49 años o menos, o los que tengan una edad superior pero no acumulen 15 años de antigüedad, las extinciones venían acompañadas de una indemnización de 40 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades.
A este colectivo también se le ofreció primas de voluntariedad de 2.000 euros por cada trienio de antigüedad y otras de entre 5.000 y 30.000 euros en función de los años que llevara en el banco.
Este acuerdo, que se firmó el pasado 17 de junio, fue suscrito por el 83% de la representación sindical, después de que la entidad presidida por Ana Botín lo justificara como consecuencia del proceso de integración, unificación y racionalización de las redes comerciales y estructuras intermedias de apoyo a las mismas entre los bancos Santander y Popular una vez producida la absorción del último por primero.
Entre las salidas voluntarias y forzosas, una parte tiene intención de seguir en el mercado laboral, por lo que Banco Santander asumió el compromiso de recolocar al 100% de quienes quieran seguir trabajando, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.
En el ERE llevado a cabo en 2016 se logró este objetivo, mientras que en el ajuste acometido en 2018 el éxito hasta ahora ha sido del 73%, con previsión de alcanzar el 100% en el segundo semestre del año.
Este proceso de reestructuración de la red ha implicado también el cierre de 1.128 sucursales. Precisamente el pasado viernes 22 de noviembre, la entidad culminó estas clausuras con la séptima y última oleada de cierres.
Desde el banco han asegurado en varias ocasiones que ningún municipio se ha quedado sin servicios bancarios pese a este proceso, ya que la mayoría de cierres se ha concentrado en las ciudades, al tiempo que ha estado reforzando su red de agentes y colaboradores, fundamentalmente en las poblaciones que carecen de sucursal.
Así, cada oficina que se cierra tiene otra sucursal del grupo a una distancia media de unos 230 metros y, el 65%, a menos de 200 metros.
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