El hermano de Puig justificó 1,2 millones de forma fraudulenta, según el PP

VALENCIA.- El PP no piensa soltar la presa. Aunque Ciudadanos trate de sumarse y reclame información sobre las ayudas públicas de Ximo Puig a su entorno familiar, los populares son quienes están personados en la causa y van a seguir pidiendo nuevas diligencias e imputaciones, según El Mundo. 

Ya comunicaron la ampliación de la querella contra las empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, y detallaron toda una serie de prácticas irregulares que, a su juicio, le han llevado a justificar de manera fraudulenta 1.215.396 euros. Además, los populares piden la imputación de Enrique Adell Bover, al que acusan de un delito contra la Hacienda Pública y otro de malversación de caudales públicos, tras haber creado de facto un grupo empresarial junto al hermano del presidente.

El PP pone de relieve que los dos grupos empresariales (el de Francis Puig y el de la familia Adell Bover) son «beneficiarios de las mismas subvenciones reiteradamente» con el añadido de que «buena parte de los gastos que les sirven para justificarlas son consecuencia de facturas cruzadas entre las sociedades de ambas familias, de modo que se pone de manifiesto la intención fraudulenta de hinchar los gastos para obtener una mayor ayuda pública».

Amén de los datos de las facturas presentadas por unos y por otros, el PP sustenta sus acusaciones en la declaración que en su día hizo la ex mujer de Enrique Juan Adell, Inés Aular, que indicó que ambos empresarios actúan como socios creando una trama destinada a obtener fraudulentamente subvenciones.

Los populares exponen «distintos mecanismos para incrementar ficticiamente los gastos en que incurrían sus mercantiles para así poder justificar subvenciones obtenidas a las que no hubieran tenido derecho o, de tenerlo, en un importe muy inferior». 

Especialmente relevancia dan a las facturas cruzadas entre los distintos medios de comunicación. De los importes sumados se desprende, según los cálculos del PP, que se justificaron fraudulentamente solo mediante esta práctica importes por razón de, al menos, 545.396. 

A esta cantidad se le une la «doble utilización de los fastos para justificar subvenciones distintas en Cataluña y la Comunidad Valenciana», que el PP eleva a 670.000 euros.

Como ejemplo explican como una de las sociedades de Francis Puig recibía una subvención de la Generalitat Valenciana y vendía los contenidos a la otra empresa del mismo grupo, de forma que con el mismo contenido esta segunda firma accedía a otra ayuda de la Administración valenciana. 

Esta práctica se repetía con la Generalitat de Cataluña con lo que «el Sr. Puig realizó un único contenido y fue capaz de llegar a obtener subvención por él hasta en cuatro ocasiones -dos de la Generalitat Valenciana y otras dos de la catalana-».

El escrito habla de un falseamiento de los datos beneficiándose de la ausencia de control. Los populares apuntan que estas prácticas se habrían podido realizar amparándose en la connivencia de la Administración, que no comprobó la subvención tal y como exige la ley.