MADRID.- La Fiscalía de Valencia quiere que la investigación
sobre las subvenciones para el fomento del valenciano por importe de
400.000 euros recibidas por las empresas del hermano del presidente de
la Generalitat, el socialista Ximo Puig, sean asumidas por la Fiscalía Anticorrupción, según ha anunciado en un comunicado.
"A la vista de los delitos imputados —prevaricación, malversación y
fraude de subvenciones— y estando entre los querellados un alto cargo de
la Generalitat Valenciana —Rubén Trenzano, director general de Política
Lingüística—, se va a interesar de la Fiscalía General del Estado que
las actuaciones las asuma la delegación de Valencia de la Fiscalía
Anticorrupción", señala el portavoz provincial del ministerio público.
El magistrado Pedro Casas, titular del Juzgado de Instrucción nº 4
de Valencia, declaró este miércoles compleja la causa que afecta al
empresario del sector de los medios de comunicación, Francisco Puig, lo
que implica que se ha dado un plazo de hasta 18 meses para investigar la
querella presentada por el Partido Popular. Francisco Puig ha negado
haber cometido irregularidades y ha acusado a los populares de hacer un
uso "torticero" de la justicia con "fines únicamente políticos".
El presidente de la Generalitat también ha calificado
la denuncia del PP de "maniobra de distracción patética" y ha precisado
que él no tiene ninguna competencia en las ayudas al valenciano. El
consejero de Educación, Vicent Marzà, que como el director general de
Política Lingüística investigado pertenece a Compromís, ha defendido la
corrección de las ayudas y ha recordado que los populares han presentado
en los últimos cuatro años decenas de demandas contra responsables del
Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia que han terminado
siendo archivadas.
Francisco Puig es consejero delegado de las sociedades Comunicació
dels Ports y Mas Mut, dedicadas al sector de la comunicación en prensa
escrita, radio y televisión y centradas en las comarcas fronterizas del
norte de la Comunidad Valenciana, el sur de Cataluña y Aragón. Según la
querella del PP, las empresas habrían justificado con las mismas
facturas parte de las subvenciones concedidas por las tres
Administraciones, y habrían cometido otras irregularidades, como inflar
el dato de la audiencia estimada de espectadores. Unos extremos que
Francisco Puig ha negado.
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