VALENCIA.- La formación del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig,
abandonó este lunes el posicionamiento que defendía hace tan solo dos
semanas, por el que estaba dispuesta a aprobar con los partidos de la
oposición (PP, Cs y Vox) la rebaja en el Impuesto de Sucesiones para la
empresa familiar que prometió el líder socialista en campaña electoral, recuerda elEconomista.
Consistía
en implementar una reducción del 99% en el valor de cualquier compañía
familiar a la hora de tributar por este impuesto, "tal y como tienen la
mayoría de autonomías de España", defendían. De haberlo hecho, la
Comunitat se habría equiparado a las regiones que menos gravan las herencias a estas firmas,
pero la formación ha optado finalmente por pactar con sus socios de
Gobierno (Compromís y Unides Podem-EUPV) y aplicar la bonificación solo a
las pequeñas empresas, las individuales agrícolas y las profesionales,
según consta en la redacción definitiva.
En concreto, el texto aprobado este lunes en la comisión de Economía,
Presupuestos y Hacienda de Les Corts Valencianes contempla la
bonificación del 99% con carácter general para todas las empresas
familiares cuando concurran tres requisitos: "que la entidad no tenga
por actividad principal la gestión de un patrimonio inmobiliario o
mobiliario", "que el importe de la cifra de negocios de la entidad
posibilite la aplicación de los incentivos fiscales para entidades de
reducida dimensión" (menos de 10 millones de euros), y "que la
participación del causante sea de, al menos, el 5% individual o del 20%
de forma conjunta con sus familiares".
Y a estas restricciones introduce dos excepciones: cuando se trate de
"las transmisiones de una empresa individual agrícola" o de "los casos
de transmisiones de una empresa individual o de un negocio profesional"
-circunstancia que ampara, por ejemplo, a los despachos de abogados-. En
todos los supuestos se exige, además, "que la actividad no constituya
la principal fuente de renta del causante", "que el causante haya
ejercido dicha actividad de forma habitual, personal y directa", y "que
la empresa, por esta vía adquirida, se mantenga en el patrimonio del
adquirente durante los cinco años siguientes al fallecimiento del
causante". Las herencias siempre deberán ser "a favor del cónyuge,
descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes y parientes
colaterales hasta el tercer grado".
En
consecuencia, los socialistas se descuelgan sin reparos de la postura
de fuerza que mantenían hace solo 15 días. Entonces se mostraron muy
molestos con que Compromís quisiera limitar la promesa electoral de Puig
a las pequeñas empresas. Según defendían, la restricción de los 10
millones fue fruto de un error al introducir esta modificación en la
llamada Ley de Acompañamiento de los presupuestos. La norma, explican,
se redactó tomando como base el texto anterior, y en este 'copia-pega'
cambiaron el diferencial de la bonificación del 95% al 99%, pero se
olvidaron de eliminar la mencionada referencia a las empresas de
"reducido tamaño".
Al tratarse de un "error" confiaban en que sus socios cumplieran con
su palabra y respaldaran esta medida a cambio de subir el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados (IAJD) al 2% -como solicitaba Compromís
ahora que es la banca quien lo asume y no directamente el consumidor-.
Pero han sido los socialistas los que han cedido finalmente.
Los argumentos con los que los socialistas defendían que había que
salvaguardar también a la gran empresa familiar se quedan, de momento,
en papel mojado. "La sucesión de una actividad productiva sin estas
bonificaciones puede suponer incluso el cese de la actividad de la
empresa, con el consiguiente perjuicio para los empleados de la misma",
aseguraban hasta el presente lunes. Preguntados al respecto, matizan que
consideran un avance lo logrado y que no renuncian a completar la
rebaja: "Es una promesa de legislatura".
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