"Lo contrario de la contención es explotar las prerrogativas institucionales que uno tiene asignadas de manera desenfrenada"
Levitsky y Ziblatt. Cómo mueren las democracias
Levitsky y Ziblatt. Cómo mueren las democracias
Lo
han hecho de nuevo. Otra vez están intentando utilizar de forma espuria
instituciones y organismos para, retorciendo el Derecho, todo un
oxímoron vergonzante, conseguir sus finalidades políticas. Eso y no otra
cosa es lo que intentan Casado, Arrimadas y Abascal, pretendiendo que
unos órganos de la administración electoral se salten a los tribunales y
hagan pedorretas a los derechos fundamentales y al Tribunal Supremo
para conseguir reventar la investidura de Pedro Sánchez y provocar
elecciones nacionales y catalanas. Los constitucionalistas se ciscan en
los derechos fundamentales, en el espíritu de la carta magna y en las
normas más básicas del Estado de Derecho para su estrategia política.
Constitucionalistas se llaman. ¡Y una higa!
Esto no es
nada nuevo. El Partido Popular ha sido muy amigo de jugar los partidos
que perdía en las elecciones o en las votaciones parlamentarias en otras
canchas. Así pasó años pervirtiendo las funciones del Tribunal
Constitucional para sus fines. Siempre tuvo grandes administrativistas
de cabecera, de esos que creen que el derecho administrativo, al final,
es el más excelso porque acaba controlándolo todo por vericuetos
insospechados.
Y en eso siguen cuando solicitan, junto con Vox y
Ciudadanos, a las juntas electorales que destituyan al president de la
Generalitat y que inhabiliten a Junqueras, sin esperar al Supremo y sin
respetar las mínimas normas de la decencia democrática que dicen muy a
las claras, sin necesidad de ser jurista, que un organismo formado por
jueces sorteados y catedráticos nombrados por los partidos no puede
estar por encima de los órganos jurisdiccionales adoptando decisiones
que les competen a ellos y que, además, no pueden ser enmendadas
después.
Antes, con Rajoy, disimulaban más. Ahora ya, Cayetana lo
escribe en Twitter sin rebozo: "Si alguna de las dos peticiones del PP y
Ciudadanos contra Torra y Junqueras fueran favorables, ERC tendría muy
mal colaborar en la investidura". Más claro, imposible.
¿Qué
es lo que pretenden? Pretenden que un órgano administrativo-electoral
inhabilite a Torra, usando para ello una reforma de la Ley Electoral que se hizo en 2011 expresamente para los condenados de ETA.
Una reforma de atajo que no fue discutida en su día –hubo tiempos en
los que el fin justificaba muchos medios– pero que ahora sin muertos
sobre la mesa y sin sangre, que todo lo empaña, es mucho más fácil de
ver que puede constituir un atentado claro a derechos fundamentales.
Lo
cierto es que Torra ha sido condenado en sentencia no firme por un
delito menor y que estos señores quieren que la JEC le haga perder su
condición de parlamentario y su condición de president de la Generalitat
sin que haya podido revisarse su caso en una segunda instancia penal,
que es una garantía fundamental.
Y es que como la pena que se le pide a
Torra es justamente esa, la inhabilitación, si esta se produce sin pasar
por un tribunal se habría dejado sin contenido la decisión que, en su
día, solo corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es todo un
despropósito mayor. De estos que se hacen bola a la hora de explicarlos
y que, por eso, han convertido en una especie de eslogan patriótico,
como si no fuera evidente lo poco patriótico que es cargarse los
mecanismos del Estado de Derecho para evitar que tu adversario gobierne.
Son
constitucionalistas bocazas, constitucionalistas de pacotilla, trileros
de la democracia. Esto no va de si te gusta Torra o Junqueras o eres
independentista o no. Esto va de que hace falta tener cara y descaro
para hacer a las claras un movimiento tan burdo para intentar que no
haya un Gobierno progresista.
Si fueran constitucionalistas de verdad,
sabrían que la Constitución Española introduce un principio de
interpretación de todas las normas jurídicas en aquel sentido que sea
más favorable al ejercicio y al disfrute de los derechos fundamentales,
que ha de ser tenido en cuenta por todos los poderes públicos.
Así lo ha
dicho muchas veces el Tribunal Constitucional. El derecho de sufragio
pasivo es uno de esos derechos fundamentales que merecen el mayor grado
de seguridad jurídica. Y ese es precisamente el que el trifachito en
pleno, pues los recursos son del PP, de Ciudadanos y de Vox, está
intentando cargarse por vía de atajo.
En la Junta Provincial de Barcelona ya les han dicho que nanay.
Les han dejado claro que la propia exposición de los motivos que
llevaron a esa reforma de la LOREG ya explica que se hace para evitar
que fraudulentamente mantengan puestos "quienes justifican o apoyan la
violencia terrorista".
Una reforma que, por cierto, no tengo noticias de
que nadie llevara al TC para que este indicara si es inconstitucional
porque visos de ello tiene. Les han dicho que no pero ya ha habido un
vocal, miembro de los Propagandistas Católicos para más señas, que les
ha hecho un voto diciendo que sí, que se puede.
Y eso es lo que
pretenden obtener de una Junta Electoral Central que está conformada
mayoritariamente por vocales conservadores que ya saben que con esa
simple deliberación y fallo se cargan la investidura de Sánchez, y luego
si la Sala Tercera les vuelve a decir que se han pasado de frenada,
como ya hizo cuando le dijeron a Puigdemont que no podía presentarse,
pues el fin ya se habrá conseguido, ¿o no?
Un cargo
electo es algo muy serio en una democracia. Es lo más serio. Lo más. Si
alguna pugna hay entre togas y parlamentarios, como he leído por ahí,
sepan las togas que nada hay más sagrado que la determinación del
pueblo. El TJUE se lo acaba de dejar meridianamente claro también.
Por
eso sería también de vergüenza democrática que a unos señores, miembros
de un órgano meramente electoral, se les ocurriera inhabilitar a
Junqueras por este medio –una aplicación de la condena, la de
inhabilitación, que Marchena mantiene por el momento suspendida–. Eso
sería de traca y media. Sin saber cómo considera finalmente el Tribunal
Supremo que debe aplicarse la sentencia de Luxemburgo y sin nada. No
creo que se atrevan, pero el PP anda relamiéndose como si pensara o
supiera que es posible.
Es cierto que las decisiones
de la Junta Electoral Central se pueden recurrir ante la Sala Tercera
pero ¿se imaginan que dos salas del Supremo tuvieran el mismo caso y que
pudieran decidir cosas diferentes? No obstante, este asunto sería
llevado por los defensores de ambos al TJUE de nuevo. Un nuevo embrollo
judicial por intentar explotar las costuras del Estado de Derecho para, y
esta es la clave, reventar la investidura de un presidente con los
votos salidos legítimamente de las urnas.
Esperemos
que no osen. Crucemos los dedos para que el día 3 a los miembros de la
Junta Electoral Central no se les ocurra dar pábulo a esa burla
democrática. No vale todo ni contra los independentistas catalanes ni
para evitar que los votantes progresistas de este país consigan tener el
gobierno que mayoritariamente han apoyado.
Son unos
trileros de la democracia y no les importa dejarla en jirones si
consiguen mandar de nuevo. Esa es su única patria y su única ley.
(*) Periodista
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