VALENCIA.- El juzgado que investiga el caso Erial -donde la la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil coloca a Eduardo Zaplana como director de una trama de blanqueo y cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas para beneficiar a la familia Cotino-
ya tiene los ocho millones decomisados al ex ministro de sus supuestas
actividades ilícitas y los ha puesto en manos del Estado, según publica hoy El Mundo.
El dinero ha sido ingresado en la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos (ORGA) y se invertirá en servicios públicos.
El Orga es un órgano de la Administración General del Estado cuya
función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la
localización, recuperación, conservación, administración y realización
de los bienes procedentes de actividades delictivas cometidas en el
marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más
graves. Entre ellos destaca el blanqueo de capitales o la corrupción.
La UCO halló seis millones en una cuenta a nombre de Fernando Belhot, el abogado uruguayo considerado testaferro de Zaplana y el hombre que le delató, y el ex ministro siempre ha sostenido que no eran suyos, por lo que no los podrá reclamar
si en futuro se produjera una hipotética sentencia absolutoria. Los
otros dos millones pertenecen a la trama y, según los investigadores,
fue Juan Francisco García, su ex jefe de Gabinete y persona de máxima confianza, quien los repatrió a España desde Luxemburgo aprovechando la amnistía fiscal.
Esos dos millones, tal como expone la UCO en el sumario, provenían, según la Guardia Civil, provenían de las mordidas que pagó Vicente Cotino
-sobrino del ex conseller de Camps y ex director general de la Policía,
Juan Cotino -por las adjudicaciones del Plan Eólico y la privatización
de las ITV en la Comunidad Valenciana.
Según los investigadores,
en 2006 el Grupo Sedesa de la familia Cotino realizó dos ingresos en la
mercantil con sede en Luxemburgo Fenix Investments, administrada por
García. Un primer pago de 186.000 euros y un segundo de dos millones
camuflados en la compraventa de participaciones de una tercera empresa,
Inversiones Impega, en el año 2007.
Ahora,
los ocho millones vinculados a la trama corrupta pertenecen al Estado,
que los destinará a apoyar a programas de atención a víctimas del
delito, impulsar y dotar de medios a las Oficinas de Asistencia a las
Víctimas, gastos necesarios para la obtención de pruebas en la
investigación, comprendiendo el coste de las pericias del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos de
Medicina Legal y Ciencias Forenses o gastos de la propia Oficina, entre
otros.
Con el dinero ya en la cuenta estatal, Eduardo Zaplana y el resto de imputados aguarda a que la juez Isabel Rodríguez levanta el secreto de sumario de la última parte de la investigación, algo que con toda probabilidad no se producirá en el mes de enero.
La parte que está secreta cusa una cierta inquietud a los políticos
que en algún momento formaron parte del universo del ex ministro de
Aznar. Entre la documentación que se examina hay un contenido que
destaca sobre el resto: las agendas personales del ex presidente de la
Generalitat Valenciana, unas libretas en la que desde el año 1995 apuntaba con todo detalle encuentros, reuniones y decisiones. Por intranscendentes que fueran.
Zaplana, caracterizado por ser un hombre metódico, hace gala de ello
en las páginas de los dossiers que están analizando los investigadores y
que por el momento todavían no han plasmado en su informe.
Las
agendas, según ha podido saber El Mundo, son muy extensas e
incluyen nombres de muchos políticos o ex políticos que en algún momento
tuvieron peso tanto a nivel estatal como autonómico. Que en ellas se
reflejen encuentros oficiales derivados de su categoría como político o
no todavía se desconoce.
Los
investigadores ultiman el rastreo de estos datos para confeccionar el
correspondiente informe y ponerlo sobre la mesa de la magistrada que
investiga el asunto.
No obstante, el hecho de que haya plasmados
nombres y distintas reuniones no implica que esas personas estén
relacionadas con los negocios turbios que se le atribuyen a Zaplana en
el marco de las diligencias que se investigan en el Juzgado de
Instrucción número 8 de Valencia aunque quizá puedan ser fuentes de
información para otros asuntos.
Lo que sí se desprende de las anotaciones que todavía permanecen bajo secreto de sumario es la intensa red de relaciones que tejió desde que accedió a la presidencia de la Generalitat Valenciana y el detalle con el que las recoge.
También
evidencia su capacidad para relacionarse con personas de distintos
ámbitos, en principio, antagónicos entre sí. El levantamiento del
secreto de esta pieza mantiene en cierto nivel de alerta a quienes
contactaron con él en algún momento.
De hecho, son varias las
agendas que los agentes de la Uco están analizando, dado lo abultado del
contenido. Una vez que la juez Isabel Rodríguez haga pública esta
parte, la última que queda bajo secreto, todo el sumario del caso Erial
será público si bien es cierto que las pesquisas más comprometidas para
Zaplana trascendieron hace meses.
Las conclusiones que emitieron los agentes de la Uco son devastadoras. Los agentes sostienen que recibió 10,5 millones en sobornos de la familia Cotino a cambio de darle 85 millones en adjudicaciones.
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