MADRID.- Casi 500
kilómetros de peaje pasarán a ser gratuitos el próximo miércoles. Se
trata del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4, que
une Sevilla con Cádiz, que levantarán sus barreras después de 46 años de
peajes. La concesión de ambas carreteras finaliza con la llegada del
nuevo año y el Gobierno, al igual que hizo con la AP-1, ha decidido no
renovar su concesión, recuerda hoy Abc.
El ministro
de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ya anunció al poco de llegar
al cargo su intención de liberalizar estas autopistas de peaje. La
primera carretera afectada por esta medida fue la AP-1, ahora le toca el
turno a la AP-4 y a la AP-7 y en 2021 vencerá la concesión de la AP-2 y
el tramo norte de la AP-7.
Lo que
no está tan claro es cómo se mantendrán estas vías. El Gobierno tuvo que
retrasar notablemente la adjudicación del contrato de mantenimiento de la AP-1, que no se firmó hasta diez meses después de su liberalización. Una demora que ahora se repite en la AP-4 y en la AP-7.
El Ministerio de Fomento licitó hace unos meses un contrato valorado en 153 millones
para adjudicar estas tareas. Sin embargo, Abertis y los sindicatos han
impugnado los pliegos, dejando este servicio en el aire apenas unos días
antes de que ambas autopistas se liberalicen. Fuentes cercanas al
proceso explican que el foco del enfrentamiento se encuentra en el número de trabajadores que se subrogarán cuando se levanten las barreras.
Según estas mismas fuentes, Fomento garantizó a los sindicatos y a Abertis, en manos de la italiana Atlantia y ACS
que recolocaría a un número determinado de trabajadores. Teniendo en
cuenta estos cálculos, la concesionaria lanzó un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) en la filial que gestiona actualmente ambas
vías.
Sin embargo, finalmente en los pliegos que sacó al mercado el
Ministerio de Fomento el número de trabajadores subrogados era menor.
Además, el Gobierno ha dejado fuera de este particular proceso a la
concesionaria, que hasta el momento se había encargado del mantenimiento
de estas carreteras.
Ante esta situación, la empresa ha decidido contraatacar e impugnar los pliegos,
que ya no podrán ser adjudicados antes del 1 de enero, cuando se
levantarán las barreras de la infraestructura. El Gobierno tendrá que
recurrir a un contrato de emergencia para que ambas
autopistas cuenten con servicios de mantenimiento, y no será al menos
hasta mediados del primer trimestre cuando podrá adjudicar de forma
definitiva este servicio.
La impugnación de este contrato representa una nueva batalla entre el Gobierno y Abertis,
que ha perdido gran parte del negocio que tenía en España por la
decisión del Ejecutivo de levantar las barreras de las autopistas de
peaje.
La
liberalización de estas autopistas coincidirá con un nuevo incremento de
las autopistas de peaje en manos del Estado, que subirán un 0,84% de
media para 2020. La excepción será la AP-6, cuyo precio se incrementará
un 1,69%.
La AP-4 y la AP-7 se librarán de este incremento, al
igual que las autopistas «rescatadas» (las radiales de Madrid R2, R3, R4
y R5 más la M-12 que une la capital de España con Barajas, la AP-41
Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, Circunvalación de Alicante y la AP-36 Ocaña-La Roda) que quedarán exentas de la subida del peaje.
A
principios de año, el Ejecutivo decidió rebajar un 30% el peaje de
estas infraestructuras, que pasaron a ser gratuitas entre las doce de la
noche y las seis de la mañana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario