MADRID.- La contratación de José Manuel Villarejo por parte de Iberdrola para
operaciones presuntamente ilícitas revela que la compañía tenía una
trama para abonar los trabajos al comisario de policía, según el
documento interno al que ha tenido acceso El Confidencial. En ese
informe, Antonio Asenjo, el que era responsable de Seguridad de la eléctrica, admite que el dinero pagado a Castellana de Seguridad (Casesa) servía para “pillar” a políticos que se oponían a los planes del grupo y comprar los favores de otros.
El documento, que sostiene que estos proyectos fueron ordenados por Ignacio Sánchez Galán, actual presidente de Iberdrola, describe las “actividades anómalas” realizadas
por la Dirección de Seguridad Corporativa. Ante las dudas a la hora de
contabilizar dichos gastos, J. A. del Olmo, un ejecutivo encargado del
registro, mantuvo una reunión urgente con Asenjo el 31 de mayo de 2004 en la que le describió que el presidente había encargado unos “trabajos de vigilancia especiales” relacionados con la división de Generación.
Una unidad que quería instalar una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), con una inversión de 900 millones de euros y que había chocado con la oposición del ayuntamiento de la localidad andaluza. El trabajo era “totalmente confidencial”,
conocido solo por Galán, Francisco Martínez Córcoles, responsable de
ese negocio, y Fernando Becker, director de Servicios Generales, y con un presupuesto inicial de 210.000 euros y uno posterior “de 100.000 euros o más”, tal y como adelantó ayer este medio.
En
una segunda conversación rutinaria fechada el 30 de septiembre de 2004
para comentar ciertos temas de la situación de los presupuestos de la
dirección de Seguridad Corporativa del denominado Proyecto Arrow,
Asenjo explica que el objetivo del trabajo está relacionado con los
permisos de la central de ciclo combinado en el municipio gaditano.
“El
objetivo es lograr que la oposición del Ayuntamiento de Arcos de la
Frontera, y en particular de la concejala de Urbanismo [Aranzazu
Azcúnaga-IU], desaparezca”, explica.
En
este sentido, el jefe de Seguridad, destituido tras la publicación de
las primeras grabaciones de la relación con Villarejo por parte de El
Confidencial y 'Moncloa.com', comenta que “el dinero se ha utilizado
para poder pillar a dicha concejala, pero no ha sido posible, ya que
está limpia”.
Sin embargo, Asenjo agrega que sí “ha sido posible pillar a otros políticos que han actuado a favor de Iberdrola
y en contra de la concejala citada”.
Azcúnaga, que ha declarado que su
marido y su familia fueron investigados, dimitió y facilitó que el
ayuntamiento concediese la licencia a la central térmica ubicada entre
dos parajes de interés ecológico.
Las facturas abonadas a Casesa no fueron “por servicios prestados por
esta sociedad, sino que son pagos a un tercero a quien Iberdrola no
podía pagar directamente”, según el documento.
El Confidencial
ha tenido
acceso a ocho facturas que fueron satisfechas en favor de esta empresa
de seguridad entre el 1 de mayo y el 8 de septiembre y que coinciden
literalmente
con el relato de los hechos y los importes descritos en el documento,
así como con los momentos puntuales en los que Asenjo entrega las
facturas a la Dirección de Administración y Control para que sean
abonadas. En total, suman 351.500 euros.
"Otros asuntos semejantes"
Estos pagos se justificaban por
conceptos como “Servicios especiales de control y contravigilancia para
garantizar la seguridad de personal directivo en sus desplazamientos en
Bilbao y Madrid” o “Servicio de asesoramiento estratégico para la
seguridad de sus nuevas instalaciones en Tamazanchale (México)”.
Los
antiguos dueños de Casesa hasta 2010 han asegurado que las facturas "se
corresponden con los trabajos indicados en cada una de ellas y son
absolutamente reales".
Además, añaden que nunca mantuvo relaciones comerciales ni realizó
ningún pago al denominado Grupo Cenyt o cualquier sociedad relacionada
con el señor José Manuel Villarejo.
Iberdrola también ha subrayado que
"las facturas son absolutamente reales" y que no tiene constancia del
citado informe, lo que, según la argumentación de la eléctrica, negaría
la validez de su contenido.
Asenjo
explica en la citada reunión que “tiene entre manos otros asuntos de
naturaleza semejante al anterior, no relacionados con Generación, sino
con la Corporación, y que pueden suponer alrededor de 450.000 euros”.
El directivo, que ha rechazado el finiquito de 1,6 millones
que le ofrece Iberdrola para desvincularse de la compañía tras 18 años
gestionando la seguridad del presidente, indica que “la sociedad a
través de la cual se va a realizar el pago no va a ser Casesa”.
En octubre, Asenjo entrega la primera factura del nuevo trabajo, que se abona a Cenyt —la
empresa de Villarejo— por 100.000 euros. "El resto de las facturas,
hasta un total de 450.000 euros, llegarán en el año 2005". El informe
fue firmado por J. A. del Olmo y enviado a José Luis San Pedro, número dos de Iberdrola, para que "estés informado de lo que está ocurriendo y me indiques cómo debo proceder".
Hasta
la fecha, Iberdrola ha reconocido 17 pagos, todos legales según su
versión, al entorno del comisario por un total de 1,1 millones.
Solo estos dos trabajos suman 801.500 euros. Sin embargo, las
grabaciones con el policía ponen de manifiesto que contrató sus
servicios para, entre otras cosas, investigar a un juez y a políticos vinculados al Proyecto Arrow.
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