MADRID.- Los socios del hermano de Ximo Puig no sólo van a tener que defenderse de la acusación de haber cobrado subvenciones
de forma fraudulenta y generalizada. Además lo van a tener que hacer
por haber destruido las grabaciones de los programas de radio que decían
haber creado y por los que cobraron las citadas ayudas públicas, según adelanta hoy Okdiario.
La testigo que ha presentado hasta 600 folios de pruebas ante la
Fiscalía promovió en base a sus denuncias personales que la
Administración no tuviera más remedio que empezar a pedir comprobantes
y pruebas del correcto cobro de las subvenciones.
La presión por la
denunciante fue tal que, efectivamente, la Consejería encargada de la
promoción del valenciano reclamó las grabaciones de los programas que
supuestamente promovían esta lengua. La sorpresa vino cuando la
respuesta dada fue que no las tenían: que habían desaparecido.
El caso de las empresas de la familia de Ximo Puig sigue agravándose.
Ahora con la petición directa de la Fiscalía al Juzgado de Instrucción
para que investigue la existencia real de esos programas por los
indicios de la existencia de una red ilegal de acceso de subvenciones de menos de 60.000 euros
comandada por el hermano del presidente de la Comunidad Valenciana. El
encargado de conceder esas ayudas públicas no era otro que el propio
Ximo Puig.
La denuncia que ha cursado la Fiscalía ha sido trasladada por la ex mujer de uno de los socios de Francisco Puig, hermano de Ximo. Y la decisión de la Fiscalía viene sellada el 22 de noviembre.
Red de pitufeo
En esa denuncia se relata toda una red de captación de microsubvenciones, de pitufeo de fondos públicos. Una red que partía del conocimiento que tenía el hermano de Ximo Puig de cómo “forrarse” con las subvenciones, expresión que, según la denuncia, llegó a salir en las conversaciones escuchadas.
Esa denuncia refleja que la testigo y denunciante “empezó a recopilar
información y encontró pruebas, que aporta diversa documentación, de
cruce de facturas entre las empresas de la familia de su marido [Enrique Adell Bover] y las de Francis Puig, por ejemplo la relación de justificantes, gastos que Kriol
presentó a la Generalitat, Consellería de Educación, tras haber
obtenido la subvenciones”.
Entre esa documentación “figura las nóminas
supuestamente pagadas a ella de enero a septiembre de 2017, no habiendo
ella trabajado nunca allí, nóminas de Juan Enrique, nóminas de una tal Natalia Aznar que era trabajadora de Francis Puig, y pagos a Comunicacions dels Ports y Masmut Productions,
que son empresas también de Francis Puig, y por gastos como soporte
técnico, alquiler de unidad móvil, producciones audiovisuales y otros
para el proyecto Telescola, subvencionado con 22.000 y pico euros y que
nunca existió”.
La denuncia recoge igualmente la afirmación de que “Francis Puig sabía que lo más importante para obtener subvenciones era el fomento del valenciano
y que para obtenerlas bastaba con presentar un proyecto, cumplir con
las bases de la convocatoria que podían falsearse, que tienen que ser
siempre cantidades inferiores a 60.000 euros porque si son
superiores están obligados a presentar desde el principio toda la
documentación”.
Y “que por ejemplo estaban subvencionados programas de
radio que se hacían en castellano y otros que decían que eran en
valenciano pero que ni siquiera se hicieron”.
La acusación incluye al principal socio del hermano de Ximo Puig:
Enrique Adell Bover. Una de las productoras de Adell Bover es
precisamente Kriol. Adell Bover es uno de los empresarios audiovisuales
más importantes de la provincia de Castellón y ha recibido miles de
euros en subvenciones de distintas administraciones. Francis Puig es
otra pieza clave para entender este entramado.
El hermano de Ximo Puig y
sus socios han sumado desde 2015 más de 1,2 millones de euros en
subvenciones. La denunciante afirma igualmente que se cobraron
subvenciones por programas inexistentes o repetidos.
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