El PSOE acusa a Barcala de hacer una 'caza de brujas' en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- «La inspectora encargada del contrato de limpieza de centros escolares y dependencias municipales que fue apartada de sus funciones por denunciar numerosas irregularidades e incumplimientos de este servicio ha interpuesto un contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de Alicante», informó el portavoz socialista, Paco Sanguino. El concejal calificó la denuncia de «gravísima» y afirmó que se confirma «la caza de brujas llevada a cabo por el equipo de Gobierno del señor Barcala contra esta funcionaria».

Según los socialistas, el recurso interpuesto por la trabajadora denuncia que «existe una situación de acoso laboral persistente contra ella» y se hace referencia «a hechos tan graves como que la concesionaria afirma que no va a cumplir el contrato ni a facilitar a la denunciante la documentación para fiscalizar el contrato, que se prohíbe a los trabajadores hablar con la denunciante bajo amenaza de despido y que desde el Servicio Municipal de Infraestructuras se le da instrucciones para relajar su fiscalización y flexibilizar la inspección», explicaron los socialistas.

Ademas, la funcionaria relata «que compañeros de la denunciante la insultan y ella lo atribuye a que tienen familiares directos trabajando en la UTE adjudicataria del servicio». También acusa a la segunda responsable del contrato de aconsejarle de que «reme en la misma dirección que el resto de sus compañeros» y que al no seguir la directriz la han ninguneado.

La socialista Llanos Cano manifestó que ya en un escrito de marzo del 2019 por parte de la Concejalía se hacía constar que se recomendaba el relevo de la inspectora para «conseguir un mejor servicio para los usuarios del mismo, un mas eficaz control a la empresa contratista». «Lo que desconocíamos hasta la fecha es que según la denuncia el concejal José Ramón González le dice el 7 de octubre de 2019 que está valorando su traslado para que no coja una depresión». La edil tachó de «escándalo» la denuncia y exigió la convocatoria urgente de la comisión de investigación de la contrata.