ALICANTE.- Tres debates especialmente sensibles, y no relacionados directa y exclusivamente con la ciudad de Alicante, han
conseguido dividir -por primera vez de manera significativa y evidente-
las posiciones mantenidas en el salón de plenos por los dos partidos
que conforman el equipo de Gobierno: Partido Popular (PP) y
Ciudadanos (Cs). Y el mérito (si puede considerarse como tal) se lo debe
apuntar Vox, que habría conseguido que los populares les acompañasen en sus postulados, mientras Cs mantiene sus pretensiones de desmarque en busca del espacio político del centro.
La
división de la posición de voto en el bloque del bipartito se ha
desencadenado en el debate sobre la declaración institucional presentada
por el partido de Santiago Abascal para solicitar que
Alicante deje de estar considerado como municipio de predominio
valenciano-parlante en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. También
sobre una segunda propuesta defendida por Vox para que se impartan
sesiones formativas y campañas publicitarias sobre los riesgos que
supone el aborto para las mujeres.
Y,
con antelación, en la propuesta defendida por Unides Podem EU para
defender la legislación vigente en materia de educación sexual frente a
las restricciones que promueve el llamado 'pin parental' defendido por
Vox (y ya implantado en algunas autonomías como la de Murcia), según la crónica de Alicante Plaza.
En
las tres iniciativas, el PP se ha posicionado junto a Vox, mientras que
Cs ha sumado sus cinco votos a los 13 de los grupos que conforman el
eje progresista: PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís. ¿El resultado? PP y Vox han sido derrotados en las tres votaciones.
Por partes.
En la defensa de la propuesta sobre el valenciano, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá,
ha defendido que su propuesta trata de propiciar "la adaptación de la
Ley a la realidad social", ya que, a su juicio, "en esta ley se miente,
puesto que se dice que Alicante es un municipio valenciano-parlante".
Así, ha señalado que "según la encuesta de 2015, el uso del valenciano
es mínimo, de un 12,13%, frente al 84% del castellano; y eso en el
ámbito familiar". Por ello, ha recalcado que la adscripción de Alicante a
la zona valenciano-parlante "es un arma más de esa política expansiva
de la lengua de la que hace gala Compromís", ha señalado.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido,
ha respondido que la declaración institucional es una muestra más de
"los intentos de la derecha por volver a los tiempos del NO-DO y de
romper el consenso constitucional".
"Es un ataque al Estatuto de
Autonomía y a la Constitución", ha incidido, "cuando lo que cabe es
avanzar en la defensa de los derechos lingüísticos de los
valenciano-parlantes que se ven vulnerados todos los días".
"No se puede
sostener de ningún modo que en Alicante el castellano esté en peligro",
ha abundado. "El problema", ha señalado, "es que PP y Cs puedan
secundar esa iniciativa; si la derecha se alinea en esa posición de la
extrema derecha".
Por último, ha llegado a tildar la propuesta de una
traición a la historia y la tradición de Alicante y ha señalado que
supone "escupir al escudo de la ciudad". Con todo, ha señalado que la
iniciativa no tiene ningún recorrido político efectivo, ya que se queda
en una declaración sin más consecuencias.
En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de Unides Podem EU, Xavi López,
quien ha insistido en la necesidad de defender la tradición
valenciano-parlante de Alicante como seña de identidad.
Además, ha
anunciado su intención de proponer un reglamento municipal de uso del
valenciano que no se planteó durante el pasado mandato.
El portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa,
también ha reaccionado frente a la propuesta de Vox al considerar que
se trata de "un elemento más de esta guerra de imposiciones".
"El
problema no es hablar; el problema es imponer, que es lo que está
haciendo Compromís", ha enfatizado.
Así, ha señalado que "la lengua no
se puede imponer" y ha señalado que, en todo caso, "Cs estaría de
acuerdo en apoyar una propuesta de reprobación frente al conseller Vicent Marzà
por su política impositiva, pero no podemos apoyar una declaración que
al final también acaba en el mismo resultado de imposición", ha
enfatizado.
El portavoz de PSPV-PSOE, Paco Sanguino,
ha manifestado "estar de acuerdo en que se debe ejercer la libertad,
pero desde la responsabilidad de mantener un legado histórico". "Lo que
ha reseñado usted del 12% representa 700 años de historia en esta
ciudad", ha señalado. En esta línea, ha señalado que el PP ha mantenido
el predominio lingüístico valenciano en Alicante con hasta 8 consellers
distintos, por lo que ha planteado a Vox la posibilidad de retirar la
propuesta. También ha retado al PP a no apoyar la iniciativa
desmarcándose de Vox, en un gesto en el que no ha tenido éxito.
Por el PP, ha intervenido la edil de Educación, Julia Llopis,
quien se ha mostrado sorprendida porque "al parecer ahora la culpa de
lo que está pasando con la lengua la tienen las familias, y que no la
tiene ni Compromís, ni el PSPV", ha dicho.
"¿Cuándo comienza esa guerra
plurilingüe? En el 2016, con la llegada del Botànic, que lo único que
hizo fue robarnos a las familias el derecho a decidir", ha señalado. En
esta línea, ha vuelto a acusar a Compromís de practicar "el sectarismo".
"Hay que revisar esa zonificación, por eso las familias pedimos esa
modificación, aunque lo cierto es que eso debería ser por familias y no
por territorio", ha concluido.
En la segunda de
las declaraciones institucionales defendidas por Vox, relacionada con
el asesoramiento y la publicidad sobre los riesgos que supone el aborto
para la mujer, se ha vuelto a reproducir el mismo escenario.
Ortolá ha
insistido en la necesidad de facilitar mayor información para fomentar
la prevención con el propósito de "preservar los derechos del nasciturus".
Por su parte, los grupos del eje progresista han sostenido que las
mujeres que se someten a un aborto en los supuestos legales que permite
la legislación reciben una completa información sobre las consecuencias
que conlleva esa decisión. Y en esa postura se ha sumado la edil de
Igualdad y Juventud, María Conejero, desde las filas de Cs.
No
obstante, la también edil de Acción Social (además de Educación), Julia
Llopis, ha incidido en que, pese a que la redacción de la propuesta no
es la que debería, el PP coincidía en el fondo del planteamiento y que
debía apoyar que se facilitase más información sobre los riesgos de un
aborto.
Acto seguido, ha tomado la palabra el alcalde, Luis Barcala,
para disipar dudas y explicar la posición de voto. Así, ha explicado
que "en este pleno hemos debatido ya sobre la importancia de la
educación y de la formación, así que no vemos qué problema existe en que
se facilite más información desde esos ámbitos".
Por
último (aunque, en realidad, ha sido la primera iniciativa en
debatirse), el desencuentro entre PP y Cs también se ha producido en el
debate sobre la propuesta formulada por Unides Podem EU para manifestar
el apoyo a la legislación en materia de derechos de los niños y el
rechazo a "cualquier tipo de censura educativa que posibilite a los
padres privar a sus hijos de recibir enseñanza y formación en valores
constitucionales como el derecho a la igualdad".
En resumen, una
propuesta hasta cierto punto preventiva frente al ya citado 'pin
parental' defendido por Vox. En este debate, Cs también ha marcado
distancias respecto al PP en sendas intervenciones protagonizadas por el
edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, y por la edil de Educación, Julia Llopis.
Santos
Pérez ha defendido su apoyo a la propuesta al sostener que resulta
imprescindible que se facilite información y formación sobre la
diversidad sexual, religiosa e ideológica, y ha añadido que le hubiese
gustado, por su experiencia personal, "que se le hubiese explicado qué
es ser homosexual".
Llopis, por su parte, ha defendido la propuesta de
Vox al sostener que, en último término, de lo que se trata es de que
"existe un problema con la educación, por la intervención de los
partidos de la izquierda, que ha generado desconfianza en las familias".
Lo cierto es que en
el transcurso del resto del pleno -de cerca de 8 horas de duración y,
otra vez, marcado por un tono bronco y por el cruce de descalificativos-
los dos socios de Gobierno se han mantenido alineados hasta el punto de llegar a compartir intervenciones a través de un único portavoz, como bloque. PP y Cs también han conseguido sumar a Vox a sus dos propuestas institucionales relacionadas con el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos y para instar a Pedro Sánchez a explicar (y romper) sus acuerdos con "populistas, independentistas y herederos de ETA).
Juntos,
igualmente, han rechazado la propuesta defendida por PSPV-PSOE, Unides
Podem EU y Compromís para modificar el reglamento del pleno. E
incluso las dos fuerzas no han tenido reparos en respaldar algunas de
las iniciativas defendidas por los grupos progresistas como la creación
de una comisión sobre el futuro del servicio de transporte público en
autobús, otra sobre la isla de Tabarca y otra sobre la conservación de
los BICs.
Así que, en principio,
nada hace indicar que las diferencias puestas de manifiesto durante la
sesión vayan a suponer el cese de su convivencia política al frente de la gestión municipal, pese a que este episodio se sume a otras fricciones ya desencadenadas desde la firma del pacto de gobierno:
el proceso de elección del nuevo director del Teatro Principal, el
recurso frente a la sentencia de la ZAS del Centro o la negociación del
presupuesto, todavía pendiente de aprobación.
De hecho, la lectura de las coincidencias entre PP y Vox también podría calibrarse justo en esa dirección, a modo de intento de acercamiento para conseguir el respaldo que el bipartito necesita
(gobierna en situación de minoría, con 14 concejales en una corporación
de 29 ediles) para que su propuesta de planificación económica prospere
con más votos a favor que en contra.
Sea como fuere, al margen del progreso que pueda tener la negociación del presupuesto tras el desenlace del pleno, y de la comparecencia del concejal de Recursos Humanos, José Ramón González,
para explicar el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos
con los funcionarios para mejorar sus condiciones laborales, la
sesión también sirvió para que el PP, Cs y Vox volviesen a rechazar otra
propuesta presentada por el PSPV-PSOE para instar a la Diputación a
sumarse al Fondo de Cooperación de la Generalitat.
En ese debate se produjo la primera intervención del mandato del concejal del PP y presidente de la Diputación, Carlos Mazón, en el pleno. El popular ha
incidido en que, en las conversaciones que viene manteniendo con los
representantes de la Generalitat, ya ha puesto de manifiesto que el
equipo de Gobierno de la institución provincial (también compuesto por
PP y Cs) solo promoverá su participación en ese fondo si se cumplen tres
condiciones: que no sea de adscripción obligatoria, que se cambie el
criterio de primar a los beneficios con más población, y que se resuelva
la transferencia de las competencias impropias asumidas por la
Diputación como la gestión del Doctor Esquerdo, el Hogar Provincial y el
Instituto Pedro Herrero.
Y, por último, también merece mención aparte la
falta de propuestas de acuerdo promovidas por el equipo de Gobierno
sometidas a debate; la atribución de responsabilidades al interventor
municipal en el bloqueo de la gestión municipal, que el
bipartito ha deslizado en varios momentos del debate; así como la
multitudinaria protesta llevada a cabo por los funcionarios, frente al
incumplimiento del acuerdo de compromisos firmados por el alcalde, Luis
Barcala, en la antesala de las elecciones municipales de mayo, siempre según la crónica de Alicante Plaza.
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