miércoles, 26 de febrero de 2020

Ortiz contaba con dar un 'pelotazo' en el suelo del parque de limpieza de playa de San Juan

ALICANTE.- Inusa, una de las sociedades que forman parte de la UTE de limpieza de Alicante, firmó a principios de 2013 un convenio con Urbanika, la promotora del constructor Enrique Ortiz, para adquirir una parcela de 2.000 metros cuadrados en playa de San Juan. Su objetivo era construir ahí el parque de camiones que estaba incluido en el pliego de limpieza que el consistorio sacó a concurso ese mismo año y para el que se iba a destinar un millón de euros de dinero público. 

Este acuerdo de alquiler con opción a compra, al que ha tenido acceso El Mundo, se cerró el 4 de abril de 2013, meses antes de que se supiese que UTE Alicante iba a ser la adjudicataria del contrato de limpieza viaria de Alicante. De hecho, la clasificación de las propuestas y su puntuación se produjo en el mes de mayo. El contrato se formalizó finalmente en septiembre, con la UTE como única oferta que se presentó al concurso (de más de 400 millones de euros) y con un informe en el que justificaba que su baja no era temeraria, tal como temía por aquel entonces el técnico responsable de redactar el contrato, el ingeniero Sebastián Chicote.
Se da la circunstancia de que Ortiz, el promotor procesado en el caso Brugal por el presunto amaño del Plan General de Alicante (se sentará en el banquillo este mes de septiembre) y financiador confeso del PP en la trama Gürtel, es también uno de los socios de Inusa y de UTE Alicante, junto a FCC y Ferrovial. Es decir, que la sociedad participada por Enrique Ortiz firmó un acuerdo de alquiler con opción a compra de una parte del suelo rústico -y, por lo tanto, no urbanizable- que Urbanika, promotora de Ortiz, tenía cerca de playa de San Juan. El convenio afecta a 2.000 metros cuadrados de una superficie total de más de 25.000.
Lo más interesantes de este documento son dos puntos. El primero, que se firme antes de siquiera saber si la empresa iba a resultar adjudicataria del servicio, aunque es cierto que en el texto se supedita el interés de Inusa al resultado del concurso. El segundo, que queda plasmado en el escrito que a Inusa solo le correspondiese «exclusivamente» la parcela de 2.000 metros cuadrados, ya que el resto (más de 23.000) iban a ser destinados por Ortiz a construir viviendas.  

El Plan General de 'Brugal'

¿Cómo es posible, si ese suelo era rústico? Pues gracias al nuevo Plan General de Alicante, que en esos momentos se estaba tramitando y que contemplaba la calificación de la parcela como urbanizable: «La sociedad Urbanika se encuentra interesada en conservar la titularidad del resto de superficie de la finca no destinada al servicio público, obteniendo así su posible aprovechamiento urbanístico en el supuesto de que el planeamiento sea objeto de revisión o modificación y ello afectare a la clasificación del suelo del presente contrato, incorporándolo como urbano o urbanizable». 
De hecho, eso es lo que contemplaba exactamente el documento preliminar del Plan General que luego estarían bajo sospecha en el caso Brugal., concretamente en el sector UZO-1. En otras palabras: que ya se contaba con que en ese suelo se podría construir, y que el parque de camiones estaría rodeado de viviendas.
Otro dato curioso es que el precio de la operación de compra para Inusa era el mismo que iba a pagar el Ayuntamiento por el parque: un millón de euros que pasarían directamente de la cuenta de la empresa de limpieza a la de Ortiz.

Siete años y la obra sin ejecutar

Como desveló El Mundo el pasado lunes, Alicante ya ha pagado a la empresa de limpieza por construir este cuartelillo sin que se haya ejecutado la obra siete años después. El suelo afectado por el acuerdo entre Inusa y Urbanika se llegó a proponer a la Concejalía de Urbanismo en 2014, y en 2016 el Ayuntamiento emitió un certificado de compatibilidad en el que se exigía a la empresa un informe favorable de la Conselleria de Cultura por la cercanía de la parcela con las Torres de la Huerta, consideradas Bien de Interés Cultural.
La Generalitat se pronunció inicialmente asegurando que el régimen de protección general era de 200 metros (el suelo de la nave está a 270), pero Urbanismo corrigió al departamento autonómico indicando que el perímetro fijado para la Torre Conde, la más cercana al recinto, era de 300 metros. Desde entonces no consta que la UTE haya propuesta ninguna otra parcela para construir el parque de camiones, solo en el suelo con el que Ortiz quería hacer negocio en Brugal.

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