VALENCIA.- La semana empezaba con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, participando en un acto en Madrid en
el que dejó unos cuantos titulares, como periodista de profesión que
es. Insistió en su discurso federalista: reclamó repartir ministerios y
sedes de tribunales por el territorio español y acusó a la capital de
incurrir en un “dumping fiscal antipatriótico y perjudicial para el
resto de comunidades”. “La macrocefalia política, económica y
financiera” de Madrid es “insuficiente, injusta e insostenible” y “ha
tenido en el independentismo un gran aliado”, añadió, según recoge La Vanguardia.
Puig consideró que existen “importantes desequilibrios” en España.
Bien lo sabe él que gobierna en una comunidad autónoma con
características estructurales que ya están generando fuertes tensiones.
La primera, el sector agrario: representa el 16% del PIB y arrastra una profunda crisis desde hace años que se ha visto agravada por los acuerdos comerciales de la UE con terceros países (Mercosur, Sudáfrica).
Llamativas imágenes de naranjas por tierra porque se pagan por debajo
del coste de producción, drama que se ha extendido a otros cultivos
(como el caqui o la uva); habrá protestas en las próximas semanas. Hay
que tener en cuenta que la organización agraria con más representación
es la Unió de Llauradors i Ramaders, cercana a la izquierda, lo que rompe el esquema del campo como nicho de votos de la derecha.
El Brexit se notará con especial intensidad en Alicante,
la provincia española con más residentes británicos. Cualquiera que se
pasee por la costa alicantina observará la relevancia de esa comunidad:
decenas de negocios cuya primera lengua es el inglés o inmobiliarias
centradas en este público.
Más allá del tópico del británico jubilado
–que existe y es un colectivo numeroso–, muchos han optado por el
benigno clima mediterráneo y el coste más bajo de la vida para
establecer sus negocios en la era de la interconectividad. A la espera
de conocer los efectos reales de la salida de la UE, reina la
incertidumbre.
El cambio climático ha dejado claro dónde se notarán antes
sus efectos con más virulencia. La costa valenciana ha sido una de las
grandes damnificadas por la borrasca Gloria, con dramáticos
efectos en primera línea de mar, paseos marítimos y comercios. Amenaza
sobre el importante sector turístico y la hostelería, granero de votos
de la derecha que mira con desconfianza medidas que plantea la izquierda
como la tasa turística.
La España radial deja en la Comunitat Valenciana claras
deficiencias: más allá del corredor mediterráneo, perdura la
reivindicación histórica del tren de la costa (no existe conexión
ferroviaria entre Valencia y Alicante por la costa) y urge una
solución al caos en cercanías. Alivio por la liberación de la AP-7, pero
sólo hasta Alicante, y de ahí hacia el sur aún se pagan algunos peajes.
Importante brecha también en el eje costa-interior con un nuevo grupo
de presión del interior de Castellón, Fòrum per la Nova Ruralitat.
Desequilibrio en materia de autogobierno: la Comunitat
Valenciana es la única con fueros históricos que hoy no los tiene. Hay
que estar atentos a la semana que viene, cuando las Corts Valencianes aprobarán pedir al Congreso una reforma constitucional que permita recuperar el derecho civil propio.
También es de destacar la crisis interna en Ciudadanos, cuyos diputados valencianos coinciden con el consenso parlamentario –sólo Vox está en contra–, pero el aparato de Barcelona les prohíbe votar a favor.
El “problema valenciano”: la valenciana es la única autonomía pobre que paga como si fuera rica ,
ya que tiene un PIB per cápita un 12% inferior a la media estatal;
además, arrastra una deuda histórica de 20.000 millones de euros. Compromís arrancó
al nuevo Gobierno central la promesa de tener una propuesta sobre la
mesa en ocho meses y, si sabe jugarlo, podrá marcárselo como su primer
gran logro en Madrid.
Por último, no se debería olvidar que la lengua autóctona
es un elemento de desconexión territorial que la derecha ha sabido
capitalizar muy bien en uno de sus principales bastiones, la Vega Baja. “La reconquista empieza por el sur”, clamó la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig. Unas 20.000 personas salieron hace unos días a las calles de Orihuela para clamar contra la ley de Plurilingüismo en las escuelas.
Un cóctel de descontentos que el Gobierno del Botànic II debe gestionar hábilmente y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no
debería perder de vista. A fin de cuentas, el “gobierno a la
valenciana” ha sido el gran ejemplo sobre el que se ha apuntalado la
coalición en la Moncloa.
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