Según ha informado el grupo municipal socialista, el técnico ha asegurado que en una reunión celebrada el 28 de junio de 2018 por parte del entonces concejal se solicitó presuntamente al responsable del contrato que fuese "flexible" y que permitiera que se fuese el 50% de la plantilla de vacaciones (cosa contraria al pliego de condiciones), a lo que el responsable del contrato "siempre" se negó.
El entonces responsable del contrato ha afirmado que se realizó la inspección de centros escolares tras el verano y pudo comprobar que habían sido "muy numerosos los incumplimientos" y el servicio "muy deficitario", y que lo acompañó con las quejas de los colegios.
Asimismo, ha indicado que a partir del verano de 2018 tanto el jefe de servicio como el exconcejal empezaron "a interferir en el normal desarrollo del contrato" y que daban "balón de oxígeno" al contratista y crearon "un canal oficioso de comunicación a espaldas" del responsable del contrato. De ahí, "el poco éxito" de los requerimientos del responsable del contrato, ya que le decían: "Si tienes algún problema habla con los de arriba".
Además, ha asegurado que no pidió el cese pero sí dijo en una reunión celebrada con el exedil, en septiembre de 2018, ante las "presiones" que estaba sufriendo: "Si queréis una persona sin escrúpulos o con menos escrúpulos para que os certifique, no tengo apego al cargo, prefiero irme que firmar certificaciones con las que no estoy de acuerdo".
Ante ello, el grupo socialista ha señalado que a petición de la edil socialista Llanos Cano se ha acordado por unanimidad solicitar un informe jurídico para la retención de la fianza ante los "claros indicios de incumplimientos" por parte de la UTE y en previsión de las conclusiones definitivas.
Asimismo, se ha solicitado la comparecencia de los tres últimos concejales responsables del servicio público de Limpieza en centros Escolares y dependencias municipales: los 'populares' Israel Cortés y José Ramón González y la socialista Gloria Vara.