jueves, 26 de marzo de 2020

CECOVA estudia medidas legales contra la "evidente" desprotección de las enfermeras y exige garantizar la seguridad

VALENCIA.- El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la "evidente" desprotección a la que se están viendo sometidos los profesionales del colectivo para afrontar la pandemia provocada por el coronavirus debido a la falta de medios proporcionados por Sanidad, para proceder judicialmente en el caso de que sea viable.

Representantes CECOVA y de los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia han mantenido una reunión con la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, "para solicitar información y exigir la puesta en marcha de medidas que garanticen, de una vez por todas", la seguridad del colectivo, que está luchando contra el COVID-19.
El colectivo ha indicado en un comunicado que va a hacer un estrecho seguimiento del cumplimiento de las medidas que les ha trasladado la conselleria para que "de una vez por todas se solucione el desamparo" que están sufriendo en esta "crítica" situación, y también han solicitado que se les informe de la realidad día a día para poder informar de forma directa y rápida a los profesionales.
La Organización Colegial ha explicado que, si bien la secretaria autonómica ha indicado que se ha empezado a repartir ya material de protección, ha podido constatar según la información facilitada, cómo la falta de efectividad de la coordinación entre Gobierno central y autonomías ha hecho que se retrase la llegada del mismo, no habiendo podido acometer su compra la Comunitat hasta que el Gobierno, que en un principio iba a ser el encargado, no dio vía libre a esta posibilidad.
"Una descoordinación que se hace evidente también a nivel interno en la Conselleria, ya que a pesar de que todos los días se celebra una reunión entre la Dirección General de Asistencia Sanitaria, los gerentes de los departamentos y la Secretaría Autonómica de Salud Pública y las subdirecciones y jefaturas de Salud Pública, la actuación que se está llevando a cabo en los distintos lugares de trabajo, tanto de Primaria como de Hospitalizada, no está siendo uniforme ni unificada", ha criticado.
Además del material de protección, se les ha informado de la llegada de 6.000 test rápidos facilitados por del Gobierno, los cuales se destinarán, por este orden prioritario, a personal sanitario, fuerzas de seguridad y personal de residencias.
También que se ha creado desde la Dirección de Salud Pública una comisión de seguimiento para valorar la situación tanto del personal sanitario, como de los residentes que están institucionalizados en las residencias de mayores, públicas y privadas.
El colectivo ha señalado que a pesar de su reivindicación de contar con un censo de profesionales sanitarios afectados por el COVID-19 para poder actuar con mayor precisión en aquellos lugares donde su incidencia sea mayor, desde Sanidad se nos ha informado de que no existe tal censo, algo que exigen como "imprescindible y necesario".
Con respecto a la implicación de estudiantes y jubilados de Enfermería en la lucha contra la pandemia del COVID-19, desde Sanidad se ha informado de que no está previsto que estén en primera línea y que se informará oportunamente sobre si los jubilados que retomen la actividad van a tener repercusión en su renta.
En este sentido se ha indicado que la edición 16 de la bolsa de trabajo está todavía con profesionales para poder ser llamados y que jubilados y estudiantes serán los últimos en ser llamados para trabajar.
Al hecho el colectivo está poniendo en peligro sus vidas se han unido unas declaraciones de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, con respecto a las cuales también ha sido informada la representante de la Conselleria de lo "reprobables e injustas que resultaron", según las mismas fuentes.

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