En breve, el próximo jueves, conoceremos el dato de bajas en la Seguridad
Social del mes de marzo; no es una estimación, es un primer dato
relevante de los primeros efectos de la pandemia en el mercado laboral.
También debemos conocer en breve el números de afectados por los ERTES
(primer arma de defensa del empleo del Gobierno para esta crisis) que
dejan sus contratos en suspenso temporal.
Las primeras estimaciones
apuntan a dos millones de personas que, al menos, durante el “estado de
alarma” recibirán el 70% de su base de cotización de la Seguridad
Social. Varios miles de ellos tendrán además un complemento de sus
empresas para alcanzar el salario ordinario.
Y pasadas unas pocas semanas más, quizá meses, conoceremos el número
de empresas acogidas a EREs (despidos colectivos) por dificultades
financieras y productivas insalvables como consecuencia de la inminente
(de hecho actual) recesión.
Y más tarde aparecerán los concurso de
acreedores (o su equivalente de “segunda oportunidad”) por dificultades
financieras de los que no puedan utilizar el escudo del ERE antes de
echar la persiana.
Éste último dato será el más concluyente y
estremecedor de esta catástrofe, el que nos dará la medidas del acierto o
el fracaso en la gestión de esta crisis, sobre todo comparando con
otros países vecinos.
A las terribles muertes de personas físicas de
estos días, pueden seguir luego las muertes de personas jurídicas que
emplean, que pagan nóminas, que invierten…
El Gobierno prohibió durante el período que dure el “estado de
alarma” los despidos causales, los procedentes. Una medida de urgencia
para evitar una hemorragia. Luego ha decretado unas vacaciones pagadas
por quince días. Ahora toca pagar todos esos compromisos, especialmente
las nóminas de marzo que ya están vencidas y pagadas en muchos casos y
las de abril y mayo, tras semanas de inactividad y excepcionalidad.
Sobre la tesorería de las empresas y sobre la Seguridad Social
(subsidio de paro) va a girar el coste inmediato (marzo, abril y mayo)
de esas medidas. La financiación de la Seguridad Social (mientras dure
la crisis) está garantizada por el Estado mediante sus propios recursos
y emisiones de deuda que, antes o después, comprará el BCE (una ayuda
de la Europa del euro que no conviene menospreciar).
La financiación de las empresas vendrá de sus propios recursos
(mermados de inmediato por la inactividad) y del crédito que deben
obtener de sus bancos, que a su vez dispondrán de la liquidez necesaria
suministrada por el BCE.
En resumen, la financiación de la crisis pasa
fundamentalmente por el Banco Europeo, de manera que el discurso
antieuropeo (en buena medida incitado por el presidente Sánchez con
propósito que no alcanzo a comprender) tiene patas cortas. Otra cuestión
es la de los eurobonos o coronabonos que tienen otra lidia.
Estimar estos días la magnitud de la catástrofe financiera es mera
conjetura. Aún no ha tocado fondo (o techo) la pandemia, ignoramos
cuándo acabará el confinamiento personal y la hibernación empresarial,
de manera que se pueden hacer las proyecciones que se quieran pero en
todas ellas faltan datos esenciales.
El PIB puede caer el 3 ó el 5 o el
10% (conjeturas publicadas) este año, y su impacto sobre el empleo será
mayor en porcentaje, sin perder de vista los daños colaterales. Tampoco
hay que descartar una recuperación fulgurante si durante la travesía del
túnel se sostiene la confianza, se aprecia liderazgo político y moral, y
se alientan la voluntad de recuperar el crecimiento.
(*) Periodista y politólogo
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