MADRID.- Las
organizaciones de la enseñanza concertada se han unido y han pedido al
Ministerio de Educación través de un comunicado que se paralice la
tramitación de la LOMLOE, más conocida como «Ley Celaá. «Pedimos que se
paralice su tramitación hasta que se levante el estado alarma y pueda
restablecerse la normalidad. Con ello, se permitirá a la sociedad y a la
comunidad educativa participar en el debate de una ley de este calado»,
señalan en un comunicado.
Tal como publicó Abc el pasado viernes
, tras el breve lapso de suspensión parlamentaria, la Mesa del
Congreso, con mayoría de PSOE y UP, fijó en el viernes pasado la fecha
límite para la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de
ley educativo. El primer plazo se había fijado para el 31 de marzo y fue
pospuesto por el cierre del Congreso. Por cortesía parlamentaria,
cuando un grupo pide una prórroga al plazo de enmiendas, se suele
conceder hasta tres veces.
Sin embargo, pese a las peticiones de PP, Cs y Vox, no se accedió a la ampliación (los
tres partidos, sin embargo, presentaron sus respectivas enmiendas en el
plazo establecido). También está fijada la fecha tope para presentar
enmiendas parciales al articulado: mañana, solo cinco días después del
plazo de las enmiendas a la totalidad. Este plazo podría ser ampliado si
PSOE y UP acceden a su prórroga.
También está fijado el plazo tope para presentar enmiendas parciales al articulado: el 29 de abril,
tan solo cinco días después del plazo para las enmiendas a la
totalidad. Este plazo podría ser ampliado si PSOE y UP acceden a su
prórroga.
Por otro lado, no están aseguradas las comparecencias de
expertos en la materia, en este caso, educativa. Cuando se trata de
leyes de esta envergadura y durante las enmiendas al articulado, suelen
comparecer en el Congreso expertos que «ayudan» a los grupos
parlamentarios a tomar ideas que pueden plasmar en sus propuestas.
Al
respecto, las organizaciones firmantes del comunicado han solicitado
expresamento al presidente de la Comisión de Educación del Congreso la
apertura de un plazo para que dichas comparecencias tengan lugar.
Por
ello, los representantes de la Plataforma «Concertados», entidad
constituida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE
(Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación
Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA
(Confederación de Padres de Alumnos), y en la que también están
integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE (Federación
de Sindicatos Independientes de la Enseñanza) y FEUSO (Federación de
Enseñanza de la Unión Sindical Obrera), y abierta a nuevas adhesiones,
se han reunido ante la decisión de la Mesa del Congreso que, de no «querer aceptar un aplazamiento del trámite de
presentación de enmiendas, una actitud poco elegante y que, desde luego,
manifiesta un déficit democrático inadmisible», señalan en el comunicado.
«La
prisa del Gobierno parece obedecer, no solo a su deseo de que la ley
pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible
intención de introducir enmiendas solo consensuadas por los socios de
Gobierno y que limitarían la libertad de enseñanza.
Además, revelaría su
propósito de escamotear a la opinión pública el debate sobre una ley
esencial que no goza de consenso en la comunidad educativa, evitando de
paso posibles actuaciones públicas contrarias de una parte importante de
la sociedad», añaden.
«Medidas
de este tipo, unilaterales y que despiertan sospechas, no ayudan a
conseguir el Pacto Escolar que demanda y necesita la sociedad.
Es más, la Plataforma “Concertados” solicita que los pactos de Estado
que busca el Gobierno para facilitar la reconstrucción social y
económica del país tras la pandemia de coronavirus, incluyan también las
cuestiones educativas. Eso serviría para lograr una reforma
consensuada, centrada en los problemas reales que tiene la enseñanza de
este país y entonces, solo entonces, estaremos preparados para una ley
educativa de todos y para todos».
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