ALICANTE.- El grupo municipal de Unides Podem en el
Ayuntamiento de Alicante ha aclarado que su portavoz, Xavier López,
realizó una "valoración política" y no imputó "delito alguno" al
concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Cs), en la nota de prensa remitida
el pasado martes para anunciar la presentación de enmiendas a la
modificación de la ordenanza de licencias urbanísticas.
En un comunicado de este domingo, UP ha salido así al paso de la
denuncia por injurias y calumnias interpuesta por Santos contra López al
entender que había vulnerado su derecho al honor. Una judicialización
que UP ha rechazado como "método de presión" para limitar su derecho "a
la libertad de expresión en la fiscalización y control de la actividad
pública".
En su nota del martes, López alegó que las enmiendas buscan
introducir "transparencia" en el proceso de concesión de licencias para
que "no pueda favorecer a nadie de manera opaca y turbia, como ocurrió
con las relaciones de corruptelas y favores entre su exlideresa Sonia
Castedo y el constructor Enrique Ortiz".
Desde UP no se ha entrado a valorar la denuncia presentada por Santos, porque han asegurado que desconocen "los detalles".
No obstante, han aseverado: "Tanto Unidas Podemos como su portavoz
municipal queremos aclarar, para evitar interpretaciones erróneas, que
no se ha imputado delito alguno al concejal de Urbanismo ni ha habido
pretensión de hacerlo y lamentamos que haya podido entenderse de esa
manera".
Según la formación morada, "la nota de prensa enviada el pasado
martes hace una valoración exclusivamente política del Grupo Municipal
de Unidas Podemos sobre la gestión que el partido Ciudadanos está
llevando a cabo en la tramitación de la citada Ordenanza".
Asimismo, sobre la llamada telefónica mantenida entre Santos y
López el mismo martes, la versión de UP asegura que fue para concertar
una reunión "para pulir aspectos técnicos de las enmiendas presentadas",
como paso previo a la Comisión de Urbanismo de mañana lunes, y no para
solicitar una rectificación de López.
UP ha insistido en que sus enmiendas buscan establecer "mecanismos de
control necesarios" para que la calificación como 'Proyectos
Prioritarios' de licencias urbanísticas se haga "con la mayor
objetividad Y transparencia posible, para evitar cualquier trato de
favor que pudiera sucederse en el futuro".
"Es una preocupación lógica de Unidas Podemos reforzar el control
democrático en este área municipal, donde bajo el mando de anteriores
responsables políticos acontecieron hechos hoy judicializados y
escándalos de presunta corrupción, amaños y favores, reconocidos a día
de hoy por diversos empresarios de la construcción dentro de la trama
conocida como Brugal, entre ellos Enrique Ortiz, que se declara autor de
un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios
públicos y otro delito de tráfico de influencias sobre funcionario
público o autoridad", ha expuesto.
Además, han recordado que el empresario ha admitido ser
"cooperador necesario de la comisión de un delito continuado de
prevaricación, así como haber financiado ilegalmente al Partido
Popular".
"Desconocemos si el propósito último de la denuncia anunciada por
el edil de Ciudadanos no es otro que desligarse de su anterior
organización política en el contexto de las recientes confesiones de
Enrique Ortiz. Aunque es público que Adrián Santos Pérez se incorporó al
consistorio con posterioridad a la redacción del PGOU, y que no figura
como acusado en causa alguna, no es menos cierto que permaneció en la
organización local del Partido Popular, presidiendo además las Nuevas
Generaciones y estrechamente ligado a la exalcaldesa Sonia Castedo
durante los primeros años del proceso judicial", han indicado.
Asimismo, han agregado que "en 2010, la opinión pública ya
conocía, a través de los medios de comunicación, audios muy explícitos
de las conversaciones entre el constructor y la exalcaldesa sobre el
presunto amaño".
Finalmente, UP ha incidido en que seguiran "exigiendo
responsabilidades políticas" y han rechazado que "Ciudadanos en general,
y el concejal -Adrián Santos-, Pérez en particular, utilicen los
juzgados y tribunales como método de presión para limitar nuestro
derecho constitucional a la libertad de expresión en la fiscalización y
control de la actividad pública".
"Derecho que se ve reforzado para cargos representativos y
especialmente para quienes ejercen una labor de oposición", han
continuado.
Por todo ello, han insisitido en que continuarán "defendiendo,
como ha hecho siempre, la necesidad de aumentar la transparencia de las
instituciones y de mejorar los mecanismos de control y participación
para acercarlas a la ciudadanía".
"Y precisamente por ello, presentamos en el pleno del mes de abril
una iniciativa para crear una comisión que investigue y evalúe los
daños que la corrupción de Ortiz y del PP han costado a la ciudad de
Alicante", han zanjado.
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