Mucho ha llovido desde que, a los que ya
tenemos una cierta edad, una de las preguntas que se nos hacían en el
colegio era el número de provincias que tenía España.
Entre finales de los cincuenta y los primeros años sesenta, el total
se fue incrementando con las cuatro provincias (coloniales) africanas:
Ifni; Fernando Poo y Río Muni -la llamada Guinea española- y Sáhara.
Luego, el número fue reduciéndose: con la segunda y la tercera
independizadas en 1968 como República de Guinea Ecuatorial, la entrega
de Ifni a Marruecos en 1969 y, finalmente, el abandono del Sáhara, en
1975, desembocaron en las 50 actuales. La provincia se remonta a la división territorial de 1833 ideada por Javier de Burgos.
De ahí que en términos de hoy en día, su mención aparezca como obsoleta
en algunos lugares, entre ellos Catalunya, por lo que tiene de
reminiscencia con el pasado y el viejo centralismo, y los intentos de
blandirlas para disputar el papel que corresponde a las comunidades
autónomas.
De hecho, aunque es cierto que las elecciones se siguen celebrando
por provincias, su peso político ha ido rebajándose e incluso
administrativamente han ido perdiendo, en muchas ocasiones, su razón de
ser, a excepción del País Vasco. Por todo ello, que haya sido un ministro del PSOE y para más inri catalán, como Salvador Illa,
secretario de Organización del PSC, quien haya puntualizado que la
unidad territorial de preferencia para la desescalada en la lucha contra
el coronavirus sería la provincia
no es una ocurrencia más de las que tienen cada día en el Palacio de la
Moncloa.
Ya son varios los mensajes que están emitiendo los socialistas
catalanes en la misma onda y que no hacen otra cosa que profundizar en
un marco mental que sirve para desdibujar la España de las autonomías y avanzar hacia una recentralización de facto de todo lo que sea poder político sin dependencia de Madrid.
La semana pasada, la portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Eva Granados, utilizaba el castellano en su intervención y
señalaba que no iban a permitir que fuera tratado como una lengua
extranjera. Llamó la atención porque las intervenciones de los
socialistas suelen producirse en catalán y así ha venido siendo desde
que se inauguró el Parlament en 1980 fruto de un acuerdo de la época
para dar lustre a la lengua en inferioridad de condiciones que, se mire
como se mire, es el catalán. Era el acuerdo del catalanismo político de
la época y que empieza a ofrecer signos de fractura.
Las provincias, el castellano, el mando único usurpando competencias a las autonomías bajo un estado de alarma marcadamente inconstitucional
después de tantas prórrogas que solo parecen tener un objetivo, la
campaña publicitaria "Este virus lo paramos unidos"; los uniformados
durante cuarenta y cinco días ofreciendo desde la Moncloa el parte
diario de altas, bajas e incidencias; o la mirada única desde el
gobierno español en los pactos de la Moncloa de 1977 que fueron,
políticamente hablando, un anticipo de lo que en 1981 comportaría la
LOAPA, empiezan a conformar un cuerpo doctrinal recentralizador
demasiado extenso del Gobierno actual.
Se puede mirar hacia otro lado,
claro está. Pero lo que empieza a costar cada vez más es negar la
evidencia.
(*) Periodista y director de El Nacional
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