VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado abierto a "explorar" la posibilidad de aplicar a los funcionarios el permiso retribuido recuperable establecido por el Gobierno ante la paralización de la actividad por el coronavirus.
Eso sí, ha reconocido que el real decreto plantea "dudas"
y no lo deja "absolutamente clarificado", por lo que se ha comprometido
a estudiar si es legal y a que se haga siempre de forma acordada. "Todos los trabajadores deben ser iguales en el funcionamiento de las normas", ha subrayado en rueda de prensa tras reunirse con agentes económicos.
De momento, Puig ha destacado que la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, mantuvo este martes una primera reunión con los sindicatos para "explorar esta situación y hacerlo si es posible de manera acordada" en el personal de la Generalitat.
La duda, a su juicio, es si deben ser considerados como el resto de trabajadores o tienen alguna especificidad por ser funcionarios, ya que "hay una orientación general del Gobierno pero todavía nada concluyente". En todo caso, ha prometido que todo se negociará para "observar la legalidad de si es posible aplicarlo o no y en qué condiciones".
Sobre si tendrán que recuperar las horas no trabajadas, Puig ha negado discrepancias en el Consell y ha destacado el "compromiso permanente" de los funcionarios durante el estado de alarma, especialmente los sanitarios que trabajan duro y el personal de la Conselleria de Economía por la "avalancha" de ERTEs.
"El planteamiento debe ser de igualdad en una cuestión de estas características. Ahora bien, hay que acatar la norma", ha aseverado, comprometiéndose a cumplir la ley. Y ha defendido que "nadie puede plantear que los funcionarios están en casa porque quieren", ya que gran parte teletrabajan.
Respecto a la exoneración de cuotas de autónomos, Puig ha hecho hincapié en que las medidas estructurales vendrán tras la pandemia, destacando el decreto que aprobó hace unos días el Consell con ayudas de 750 a 1.500 euros . "Esperamos que en una semanas podamos respirar y plantear nuevas medidas en el marco de España y Unión Europea", ha confiado.
Preguntado por la posibilidad de ERTEs en empresas del sector público, Puig ha indicado que "en el personal laboral se puede negociar" y ha rechazado un dictamen general: "No queremos que haya, pero hay que estudiar la situación de cada empresa en concreto".
Hasta ahora "no se ha explicitado ninguna acción para hacerlos", ha resaltado, aunque se ha comprometido a estudiar "cómo actuar a partir de la decisión del domingo" con la que el Gobierno paralizó toda actividad no esencial.
Más allá del sector público, Puig ha asegurado que hay un "cumplimiento amplio" de los requisitos de los ERTEs, aunque ha pedido un refuerzo de personal en la Conselleria de Economía ante la "avalancha" de expedientes que afectan a 230.000 trabajadores. Es una cuestión que quiere "abordar de la manera más rápida posible" y que ha tratado en otra reunión con los consellers de Empleo, Rafa Climent, y Hacienda, Vicent Soler.
De momento, Puig ha destacado que la consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, mantuvo este martes una primera reunión con los sindicatos para "explorar esta situación y hacerlo si es posible de manera acordada" en el personal de la Generalitat.
La duda, a su juicio, es si deben ser considerados como el resto de trabajadores o tienen alguna especificidad por ser funcionarios, ya que "hay una orientación general del Gobierno pero todavía nada concluyente". En todo caso, ha prometido que todo se negociará para "observar la legalidad de si es posible aplicarlo o no y en qué condiciones".
Sobre si tendrán que recuperar las horas no trabajadas, Puig ha negado discrepancias en el Consell y ha destacado el "compromiso permanente" de los funcionarios durante el estado de alarma, especialmente los sanitarios que trabajan duro y el personal de la Conselleria de Economía por la "avalancha" de ERTEs.
"El planteamiento debe ser de igualdad en una cuestión de estas características. Ahora bien, hay que acatar la norma", ha aseverado, comprometiéndose a cumplir la ley. Y ha defendido que "nadie puede plantear que los funcionarios están en casa porque quieren", ya que gran parte teletrabajan.
Respecto a la exoneración de cuotas de autónomos, Puig ha hecho hincapié en que las medidas estructurales vendrán tras la pandemia, destacando el decreto que aprobó hace unos días el Consell con ayudas de 750 a 1.500 euros . "Esperamos que en una semanas podamos respirar y plantear nuevas medidas en el marco de España y Unión Europea", ha confiado.
ERTEs en empresas públicas
De momento, la mesa de trabajo con patronal y sindicatos se ha centrado en elaborar una propuesta de apoyo a los trabajadores valencianos sometidos a ERTEs, con el objetivo de dar respuesta a la pérdida de poder adquisitivo. El decreto se aprobará previsiblemente en el pleno del Consell del viernes y atenderá a los que tienen mayor dificultad y a los sectores más afectados, como la hostelería y el turismo.Preguntado por la posibilidad de ERTEs en empresas del sector público, Puig ha indicado que "en el personal laboral se puede negociar" y ha rechazado un dictamen general: "No queremos que haya, pero hay que estudiar la situación de cada empresa en concreto".
Hasta ahora "no se ha explicitado ninguna acción para hacerlos", ha resaltado, aunque se ha comprometido a estudiar "cómo actuar a partir de la decisión del domingo" con la que el Gobierno paralizó toda actividad no esencial.
Más allá del sector público, Puig ha asegurado que hay un "cumplimiento amplio" de los requisitos de los ERTEs, aunque ha pedido un refuerzo de personal en la Conselleria de Economía ante la "avalancha" de expedientes que afectan a 230.000 trabajadores. Es una cuestión que quiere "abordar de la manera más rápida posible" y que ha tratado en otra reunión con los consellers de Empleo, Rafa Climent, y Hacienda, Vicent Soler.
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