VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha sido objeto de una querella criminal ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por un
supuesto delito de "abandono de sus obligaciones respecto al servicio
público de velar por la salud y protección de sus conciudadanos".
Los promotores de la querella, según han explicado ellos mismos, son simpatizantes de Vox que actúan a título personal como acusación popular, y uno de ellos es médico jubilado.
Según
consta en la citada querella, los demandantes aseguran que Puig, "en su
frivolidad e imprudencia grave, ha antepuesto sus intereses electorales
y políticos, espurios a todas luces, a la salud ciudadana con clara
desatención de su deber como máxima autoridad de la Comunidad
Valenciana".
En el texto presentado ante el TSJCV se hace un relato de los
principales hitos de la propagación del coronavirus en España y en la
Comunidad, con la cifra de contagiados y fallecidos en cada momento.
Se
cita el artículo 409 del Código Penal para concluir que "no ha existido
una total transparencia en la toma de decisiones por el querellado, sus
consellers y el gabinete de crisis. Al tiempo ha sido manifiesta la
deficiente regulación y control de la actividad de la población,
necesaria para atenuar o evitar la propagación en progresión geométrica
del virus".
"Consideramos que se ha producido una omisión intencionada del deber de velar por la seguridad, salud e higiene
de los habitantes de la Comunidad Valenciana, en el lapso descrito, y
claramente se ha producido un abandono colectivo y manifiestamente
ilegal de un servicio público esencial con grave perjuicio para
múltiples ciudadanos", añade el escrito.
Asimismo, se acusa a
Puig de "permitir, promocionar e incluso asistir a eventos, además de
trasladar la sensación de normalidad, y ausencia de riesgo a la sociedad
valenciana, provocando un agravamiento del número de contagios,
determinante para acuciar la gravedad de la presente crisis sanitaria".
También
critica que se esté "desaconsejando" el ingreso en los centros
hospitalarios de las personas con síntomas de COVID-19 de avanzada edad,
"que están falleciendo en sus domicilios o en las residencias de
ancianos", y todo ello "ante la carencia del material necesario para su
atención y recuperación".
Asimismo, reclaman que se tome declaración al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, entre otros altos cargos de la Conselleria.
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