VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat
Valenciana Eduardo Zaplana está usando todos los recursos legales a su
alcance para dificultar su juicio en el caso de corrupción Erial. Si en
un primer momento intentó que se anulara la investigación, ahora
prefiere que la investigación la continúe la Audiencia Nacional y no la
jueza de instrucción de València, que ha sido la que le ha requisado ya
más de seis millones de euros y quien lo mantuvo meses en prisión
provisional para evitar la destrucción de pruebas, según www.eldiario.es
El
también exministro de Trabajo con el PP está siendo investigado por el
juzgado de Instrucción número 8 de València en el caso Erial por
presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan
Eólico Valenciano.
En la causa está imputado el expresidente por
presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación. Pero la
defensa de Zaplana está empleando las tretas legales necesarias para
intentar acabar con el proceso o que sea la Audiencia Nacional la que
siga con el procedimiento.
En marzo de 2019 los abogados de Eduardo Zaplana pidieron
la nulidad de las actuaciones realizadas en el caso Erial, que supuso
su detención y permanencia en prisión durante algo más de 8 meses.
La
defensa alegaba que el hallazgo de los documentos que le imputan fue
"casual", archivos con los que la Guardia Civil reconstruyó la hoja de
ruta para el cobro de presuntas comisiones en el extranjero de los
pelotazos que dio la familia Cotino.
Finalmente la Audiencia de Valencia rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa.
Posteriormente también intentó
anular la confesión del uruguayo Fernando Washington Belhot, quien
explicó dónde ocultaba Eduardo Zaplana una fortuna de 11 millones de
euros, cómo accedía al dinero y cómo lo blanqueaba, será plenamente
válida.
No obstante el magistrado de la sección quinta de la Audiencia
Provincial de València, José Antonio Mora, tumbó el intento de invalidar
dicha declaración considerada clave asegurando que los acusados
"carecen de legitimidad" para pedir dicha anulación.
El último recurso de apelación presentado ha sido contra la decisión del pasado 17 de junio de la instructora, que rechazó el traslado de la investigación a Madrid, y aseguraba, sobre la exculpación de Zaplana, que los indicios en su contra "perduran y se acrecientan con la instrucción".
La defensa del exministro formuló la petición bajo el argumento de que los presuntos delitos por los que se investiga a Zaplana se cometieron en el extranjero,
fuera del partido judicial de València, por lo que el juzgado
instructor habría perdido la competencia porque la supuesta actividad
ilícita se habría registrado en el extranjero, más concretamente en
Luxemburgo, Suiza o Andorra, lugares en los que se produjeron pagos y
sobornos.
No obstante, la jueza rechazó la petición al
sostener que toda la acción delictiva se inició en la Comunitat
Valenciana, así como las presuntas adjudicaciones ilegales que
supusieron el cobro de determinadas cantidades dinerarias por los
investigados.
Además, las sociedades adjudicatarias estaban domiciliadas
en Valencia y en Villarreal. También la sociedad Imision S.L. e
Inversiones Impega S.L. fueron creadas en la ciudad.
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