VALENCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 4 de
València ha autorizado a la Brigada de la Policía Judicial investigar
las ayudas otorgadas al empresario Francis Puig, hermano del presidente
de la Generalitat, Ximo Puig, por parte de los gobiernos valenciano,
catalán y aragonés.
Así se desprende de una resolución en la que el juez --que investiga un presunto fraude en
ayudas al fomento del valenciano tras una querella del PP-- admite las
diligencias reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre Francis Puig
y sus socios, los Adell Bover. El juez acuerda que se remita a la
Guardia Civil toda la documentación recabada para comprobar si los
gastos subvencionables declarados coinciden con los expedientes
aprobados.
La Fiscalía pidió al juzgado que le autorizase a consultar todos
los datos que guardaran relación con los hechos investigados y que se
hallasen en cualquiera de los registros públicos. Se refería a los
expedientes administrativos de las subvenciones concedidas por parte de
la Generalitat Valenciana a Mas Mut S.L. y Comunicacions dels Ports
durante los años 2015 a 2018, incluidos los planes de control y las
muestras del material publicado por estas sociedades.
Así mismo, el ministerio público aludió a las subvenciones
otorgadas por la Generalitat de Catalunya a las mismas mercantiles en el
mismo periodo de tiempo; así como las de 2019 a éstas y a Canal
Maestrat S.L.
Y en esta línea, la fiscal se refería también a subvenciones
concedidas por el Gobierno de Aragón --que no obran en la causa-- a Mas
Mut S.L., y exponía que dado que se desconoce la finalidad de las mismas
y si pudieran estar relacionadas con las investigadas en esta causa, se
debían recabar.
En concreto, pedía dirigirse al Departamento de Desarrollo Social y
Sostenibilidad del Gobierno para que remitiera al juzgado los
expedientes de dos subvenciones concedidas a Mas Mut S.L. En 2018 le
otorgaron dos ayudas por importe de 19.664 euros y 13.364.
Una vez obtenida esta documentación, Fiscalía pedía que se
remitiera a la Brigada de la Policía Judicial para comprobar si los
gastos subvencionables declarados coinciden o no con los incluidos en
los expedientes analizados en este procedimiento.
Por otro lado, en su escrito, Fiscalía advertía de que no
constaban unidos al procedimiento los expedientes administrativos de las
subvenciones concedidas a las empresas administradas por Enrique Juan
Adell Bover, salvo la documentación remitida por la Agencia Antifraude.
Se refería a subvenciones para el fomento del valenciano en los
medios de comunicación a las siguientes sociedades: Canal Maestrat
durante los años 2015 a 2018; kriol Producciones S.L. durante 2017 y
2018; y TV CS Retransmisiones S.L. entre 2015 y 2017.
Por este motivo, requería que se pidieran estos expedientes a la
Direcció General de Política Lingüística y Gestió del Multilingüisme.
Reclamaba, por agilidad, que la información fuera recabada por la
Policía Judicial, quien podría acudir a la sede del organismo público
para recogerla.
La causa se inició a raíz de una querella interpuesta por el PP
contra Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y
Mas Mut Produccions, y Rubén Trenzano, director general de Política
Lingüística, por las ayudas al fomento del valenciano.
En total, ha presentado hasta tres ampliaciones de querella.
En la
inicial se aludía a que Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions
recibieron ayudas al fomento del valenciano --más de 400.000 euros en
subvenciones desde 2015-- "sin ningún tipo de control".
Con posterioridad, la amplió a las ayudas a medios de comunicación
vinculados a Enrique Juan Adell Bover, cuya familia es propietaria de
varias empresas receptoras de subvenciones y a quien sitúan como "socio"
de Francis Puig. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial
para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el
fraude global en unos 2 millones de euros.
En la tercera y última ampliación, el PP hacía referencia a que
las empresas de Francis Puig pudieron recibir dinero de subvenciones
dadas por la Diputación de Barcelona --Comunicacions Els Ports habría
obtenido 150.000 euros de la diputación a través de Xarxa Audiovisual
Local S.L.--.
El juez abrió una investigación y tenía previsto tomar declaración
en calidad de investigados a Puig y a Trenzano en diciembre, pero
finalmente se suspendieron los interrogatorios a petición de
Anticorrupción, que pidió la práctica de nuevas diligencias.
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