Barcala advierte al Gobierno central: "Amortizaré el 100% de la deuda antes de dejar que nos quiten el dinero"

ALICANTE.- Dejar la deuda municipal a cero -ahora ronda los 20 millones de euros- antes de que el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, adquiera liquidez a costa de los "ahorros" de los ayuntamientos. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado hoy, al finalizar el pleno extraordinario para aprobar las medidas para la recuperación de la ciudad, que cancelará la deuda municipal antes de prestar todos los ahorros municipales, que ascienden a unos 47 millones de euros, al Ejecutivo central. "Si no nos dejan alternativa, utilizaremos el remanente para cancelar la deuda. No vamos a dejar que nos quiten el dinero. Amortizaré el 100% de la deuda antes de dejar que nos quiten el dinero", ha señalado Barcala y recoge Información.

Así reacciona el alcalde de Alicante a la propuesta del Gobierno central ante la petición de los ayuntamientos de poder emplear sus ahorros en medidas contra la crisis del covid-19. El Ministerio de Hacienda está negociando con la Federación Española de Municipios (FEMP) tomar el control de la gran bolsa de ahorros de los municipios para sumar liquidez a la hora de afrontar las consecuencias del coronavirus. 

A cambio les liberará sólo una parte reducida de ese remanente para gasto local. Esa "hucha" que ha ido acumulando el municipalismo alcanza, en total, los 28.000 millones en España, algo más de 4.700 en la Comunidad y unos 1.600 en la provincia de Alicante. En la ciudad de Alicante, la cifra asciende a unos 47 millones de euros en el Ayuntamiento.
La fórmula planteada por la ministra María Jesús Montero se basa en que los municipios presten al Gobierno de forma "voluntaria" el superávit para articular una devolución a plazos como ingresos no financieros. La idea de Hacienda es que las entidades locales aporten sus ahorros a las arcas del Estado. 

Luego se les devolvería, primero, mediante dos ingresos en 2020 y 2021 por 5.000 millones, el superávit aproximadamente del último ejercicio. Esa es la cantidad que se les liberaría para poder gastarla en estos dos años como respuesta a la crisis. De esa cifra, algo más de 500 millones corresponden a los municipios de la Comunidad Valenciana y unos 180 a las entidades locales alicantinas. 

El resto del dinero se reintegraría a plazos en una década. La adscripción al plan, efectivamente, sería "voluntaria" pero la negativa a adherirse impedirá que ese municipios pueda acceder ni tan siquiera a la pequeña parte que va a liberar de gasto el Ministerio de Hacienda. Así que, en la práctica, estamos hablando de una obligación. O eso, o seguir sin poder gastar ni un sólo euro de las cantidades ahorradas.
Tras conocerse el detalle de la medida, Barcala ya se mostró ayer en contra de la propuesta del Gobierno. "Rechazo la incautación, que es un atraco por plantearla sin ningún tipo de consenso. El Ejecutivo central debe liberar el remanente de tesorería, que en el caso de Alicante se acerca a los 47 millones de euros, para que lo podamos usar en políticas de reconstrucción y de ayuda social tras el impacto negativo que ha tenido en la ciudad tanto a nivel de personas y familias vulnerables como de negocios, en especial entre nuestros autónomos y pequeños y medianos empresarios", añadió ayer el alcalde.