VALENCIA.- La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido la reversión a gestión pública de la residencia de mayores de Alcoi, donde murieron "73 personas, más de la mitad de los
residentes, y se han contagiado prácticamente todos" durante la
pandemia. Eso sí, ha remarcado que el proceso sancionador de la
Inspección de Servicios Sociales arrancó en noviembre, está en fase
final y "habla de posibles negligencias graves".
En rueda de prensa ha recordado que el edificio es propiedad de la Generalitat
y "se cedió 45 años a una empresa a dedo sin concurrencia competitiva,
simplemente por un convenio firmado por Blasco", en referencia al
exconseller del PP Rafael Blasco, así como que "la voluntad de reversión partió del Ayuntamiento de Alcoi".
La
también coportavoz de Compromís ha hecho hincapié en que este convenio
supone "11 legislaturas" y "ceder durante dos generaciones el patrimonio
de todos los valencianos sin contrapartida", algo que ve lesivo para la
Generalitat porque "supone hipotecar un bien 45 años".
A esto ha sumado
que la empresa "no paga canon ni nada", que la única
contraprestación era "hacer unas obras que están ampliamente
amortizadas" y que "no se prevé una posible recesión por
incumplimiento".
Todo ello supone, a su
juicio, un factor a tener en cuenta en el modelo de residencias. "Si en
lugar de 45 años habrían sido 300...", ha aventurado, para defender que
el plazo de cesión debe ser mínimamente razonable.
Y ha recalcado que
"Blasco es una persona que no se ha destacado precisamente por su ética
pública".
Por tanto, la portavoz del
Consell ha sostenido que la reversión está sobre la mesa, a la espera de
la propuesta de sanción de los inspectores de su departamento. "Los
informes dicen lo que dicen", ha recalcado, y ha apuntado como objetivo
esclarecer por qué se ha alejado de la media de las residencias
afectadas por la covid-19.
La semana pasada ya avanzó que se había comunicado a DomusVi,
la empresa que gestiona la residencia, la intención de recuperar este
centro y que habrá una reunión a finales de julio para tratar este
asunto tras "meses de incumplimiento del ordenamiento jurídico".
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