ALICANTE.- El ayuntamiento de Alicante ha defendido hoy, en el juicio por el amaño del Plan General investigado en el marco del caso Brugal, que "el motivo real" por el que el equipo de gobierno, del PP, desistió de la tramitación del planeamiento bajo sospecha, a principios de 2015, fue porque su redacción era siendo objeto de un proceso de instrucción judicial.
Además, el abogado que ejerce la acusación particular en representación del consistorio, José María López Coig, ha añadido que en esa decisión, que se adoptó dos meses después de que la exalcaldesa Sonia Castedo, presentase su dimisión, también influyó el "escándalo mediático" que supuso la existencia de ese proceso.
En esta línea, se ha referido al propio auto de apertura del juicio dictado por el titular del juzgado de Instrucción Número 5 de Alicante para descartar que la motivación que se aportó para explicar la renuncia a la tramitación de ese nuevo PGOU fuese la crisis económica y el consiguiente cambio de perspectivas.
Prueba de ello, según ha argumentado, sería que la segunda aprobación provisional se produjo en mayo de 2010 y que en septiembre se elevó la propuesta a la consideración de la Conselleria de Urbanismo para que lo ratificase, mientras que el acuerdo de desestimiento se produjo cinco años más tarde.
Así se lo ha sostenido durante la exposición de su informe de conclusiones, en el que ha ratificado su acusación inicial contra los nueve procesados: los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo; el empresario Enrique Ortiz; el constructor Ramón Salvador; los abogados del despacho Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo; y tres personas que tuvieron algún grado de vinculación a las empresas de Ortiz, Virgilio Ortiz (hermano del promotor), Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
López Coig ha abundado en la mayoría de los argumentos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción durante la sesión del juicio de este martes, al coincidir que Castedo y Alperi "autorizaron" que Ortiz estuviese en comunicación constante con el segundo redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, y que se le facilitase documentación sobre el nuevo planeamiento antes de que fuese pública.
A su juicio, es lo que sucedió, por ejemplo, con la ficha relacionada con el estadio del Hércules, el José Rico Pérez, que estuvo a disposición de los arquitectos que trabajaban para las empresas de Ortiz, cuando todavía no se había entregado al ayuntamiento.
El abogado que representa los intereses del Ayuntamiento también ha recalcado que los dos exalcaldes facilitaron esa información privilegiada al constructor a cambio de las dádivas contempladas en la causa.
Según ha apuntado, tanto en la instrucción como en el desarrollo del juicio ha quedado acreditado que el empresario obsequió a los dos exdirigentes políticos con los viajes a Ibiza, Andorra y Creta, con la entrega de diversas cantidades de dinero en metálico y con el regalo de un vehículo modelo Mini Cooper.
Además, ha tratado de deslegitimar la estrategia de las defensas por lo que respecta a las dudas sobre la integridad de las conversaciones captadas por la Policía, al sostener que su contenido está garantizado por el sistema Sitel del Ministerio del Interior, en el que se almacenan todas las escuchas telefónicas que forman parte de investigaciones policiales autorizadas judicialmente.
Por su parte, el abogado que ejerce la acusación popular en representación de la agrupación local de Esquerra Unida, José Luis Romero, también se ha ratificado en su escrito de acusación inicial.
Como López Coig y Anticorrupción, Romero ha defendido la validez de los audios y ha sostenido que Ortiz dispuso de información privilegiada sobre el futuro planeamiento gracias a su relación de amistad personal con los dos exalcaldes procesados.
Ha remarcado que el propio empresario "hizo gala" de disponer de esa información en múltiples conversaciones mantenidas con otros empresarios que también tenían intereses urbanísticos. Igualmente, también ha considerado probada la entrega de la relación de dádivas atribuidas a Ortiz a modo de contraprestación por ese trato de favor concedido por los dos exdirigentes políticos.
Por último, ha solicitado al tribunal que tuviese en cuenta el escrito de conformidad suscrito con la Fiscalía por el que Ortiz asumió inicialmente su culpabilidad, aunque después de retractase de él "espoleado por la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia relacionada con la adjudicación de las basuras de Orihuela" en la que se anulaban la mayoría de las escuchas telefónicas.
Al cierre del turno de las acusaciones, también han expuesto sus informes de conclusiones los abogados de Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico, a quienes la Fiscalía considera cómplices del delito de corrupción de autoridades por haber participado en la entrega de parte de las supuestas prebendas facilitadas a Díaz Alperi.
En primer término, el abogado Alejandro Bas, defensor de Virgilio Ortiz y de Bernáldez, ha apuntado a las anomalías presuntamente registradas en el proceso de instrucción.
En esta línea, ha apuntado que todas las investigaciones derivadas del 'caso Brugal' se iniciaron a partir de la grabación facilitada por el empresario oriolano Ángel Fenoll a la Fiscalía, en el año 2006, sin que se acreditase su autenticidad y su integridad hasta seis años después.
Después, ha señalado que tanto la Fiscalía como los investigadores burlaron el principio de competencia judicial al solicitar autorización para el pinchazo del teléfono de Ortiz al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, responsable de la causa sobre las basuras de ese municipio y sobre el Plan Zonal de la Vega Baja, cuando ese juzgado ya se había inhibido en favor del de Instrucción número 6 de Alicante por lo que respecta a los hallazgos sobre el denominado Plan Rabasa de la ciudad de Alicante.
Por último, el letrado defensor de Pablo Rico, Sigfrido Gómez, ha negado que su representado cometiese ningún delito y ha asegurado que la acusación se basa en la interpretación de las escuchas telefónicas. Además, ha sostenido que, en todo caso, el delito que se le atribuye habría prescrito.
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