Habla con El País, Ana Ercoreca, inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), recordando uno de los casos que han llegado al buzón de la Inspección de Trabajo.
La mecánica es sencilla. Basta con rellenar un formulario de un solo folio. Se hace de forma anónima y no es necesario presentar ningún papeleo adicional. Esta herramienta alojada en la página web del Ministerio de Trabajo, que nació en agosto de 2013 para luchar contra el fraude, ha ido ampliando sus competencias a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
El buzón se ha convertido hoy, con una media de 197 comunicaciones al día, en la forma más habitual de dar un chivatazo para denunciar alguna irregularidad en una empresa. “Es muy útil y nos llega de todo”, asegura Ercoreca.
Las denuncias más recurrentes en el último año y medio han sido las relacionadas con el coronavirus. Especialmente, las que advertían de la falta de mascarillas en el centro de trabajo o las que destapaban que algunas empresas trataban de impedir que los empleados contagiados se cogieran la baja.
Aunque en las últimas semanas, tal y como anunció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la Inspección ha priorizado las denuncias relacionadas con la exposición a las altas temperaturas derivadas de la reciente ola de calor que ha castigado al país. “Garantizar condiciones laborales dignas es una tarea colectiva”, indicó Díaz.
Los últimos datos oficiales son los de 2019, ya que la memoria anual que realiza la Inspección se publica al final del ejercicio del año siguiente al evaluado. En 2019 se contabilizaron 71.970 comunicaciones a través del buzón, de las cuales 43.121 fueron remitidas a las inspecciones provinciales. El cómputo total de las infracciones sancionadas se redujo finalmente hasta las 1.224.
El organismo explica que no todos los avisos superan el primer filtro, en muchos casos por defectos de forma. “A veces no ponen los detalles suficientes para que se pueda abrir una investigación, y al ser anónimas no tenemos forma de ponernos en contacto con el remitente”, señalan.
“Otra situación que sucede a menudo es que se reciben denuncias de distintas personas, pero sobre una misma infracción, por lo que se contabiliza una única vez”, detallan en la Inspección.
El anonimato es, por tanto, aliado y enemigo de muchas de estas denuncias. Por ello, en la Inspección recomiendan poner siempre los datos personales dentro del formulario. El que aparezca la identidad de la persona afectada no significa que esta vaya a darse a conocer a la empresa señalada, y sirve para que la Inspección pueda comunicarse con ella para informarle del estado de su reclamación. “Una denuncia anónima, sin embargo, no recibe comunicación”, detallan.
“Hace poco me llegó un mensaje sobre una obra en Benasque (Huesca) sin ningún tipo de medidas de prevención de riesgos. Fue una odisea porque tuve que ir por el pueblo, calle por calle, viendo dónde estaba esa obra y encontrarla fue un lío”, recuerda Ercoreca.
“El buzón está bien para tramitar denuncias de gente que igual no se atreve a denunciar, pero solo es una vía de entrada”, añade. A diferencia de lo que sucede con una denuncia formal, al buzón de la Inspección puede recurrir no solo el trabajador afectado, sino “todo aquel conocedor” de algún incumplimiento de la normativa laboral, de casos de discriminación o irregularidades en la Seguridad Social o prevención de riesgos laborales.
Poco personal
La plantilla de la Inspección está compuesta por 1.852 empleados públicos (858 inspectores y 994 subinspectores), según los datos de SITSS, aunque los registros de Función Pública recogen un millar más (2.861). Son estos números bajos para el volumen de trabajo que tienen cada día.
“En España, a diferencia de otros países como Italia, el inspector tiene competencias en todo: en materias de prevención, laboral y Seguridad Social. Es más rentable y efectivo porque en una visita se pueden revisar todas las condiciones de trabajo. Pero hace falta refuerzos. Estos meses no hemos parado”, reclama Ercoreca.
Muchos de los avisos que han ido apilándose desde la irrupción de la covid-19 estaban relacionados con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las dudas acerca de la ejecución de las jornadas. También con el teletrabajo y los excesos en las horas realizadas, así como por la vulneración de la desconexión digital.
El coronavirus ha sido una fuente recurrente de comunicaciones en los últimos meses que además ha obligado a acelerar los tiempos en la gestión de incidencias por sus consecuencias sanitarias. “Al principio de la pandemia nos llegaban muchos mensajes de que no se estaban repartiendo mascarillas en el trabajo. Y teníamos que ir lo antes posible para evitar brotes de contagio”, recuerda Ercoreca.
Al enviar la queja, se reconocen 11 tipos de anomalías (incumplimiento en materia de jornada, discriminación, acoso sexual…), y es necesario identificar a la empresa infractora. En 2019, la materia sobre la que más actuaciones se llevaron a cabo por avisos a través del buzón fue la referente a Seguridad Social (7.760, de las que se estimaron 506 infracciones), seguida de relaciones laborales (2.058 y 477 infracciones) y seguridad y salud (639 y 240, respectivamente).
El resultado de las inspecciones con resultado de expediente sancionador derivó en multas de más de seis millones de euros.
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