SEVILLA.- Andalucía y Valencia pedirán un aumento de la capacidad de las comunidades autónomas para decidir sobre la cartera de impuestos, sobre todo en materia de medio ambiente, según el acuerdo que han alcanzado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, reunidos en Sevilla para fijar una posición común y exigir al Gobierno un "fondo de compensación transitorio" mientras se negocia un nuevo modelo de financiación autonómica, según crónica de El Mundo.
"La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía son partidarias demejorar la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, de cara a aumentar su corresponsabilidad fiscal en el necesario escenario de modernización de nuestra estructura fiscal y especialmente en materia de imposición medioambiental", dice literalmente el documento conjunto hecho público tras la reunión de ambos presidentes, un encuentro que ha generado algunas tensiones internas en el PSOE porque deja en evidencia la falta de diligencia del Ministerio de Hacienda en resolver una desigualdad de trato denunciada por las comunidades peor financiadas, entre ellas Andalucía y Valencia, pero también Murcia y Castilla-La Mancha.
Tanto Puig como Moreno han descartado ampliar la carga fiscal sobre el ciudadanos, pero sí reclaman margen para "racionalizar" los impuestos (Ximo Puig) y "reordenarlos" (Juanma Moreno) en función de las singularidades de cada comunidad autónoma.
En el documento firmado este martes por los dos presidentes se afirma que el Sistema de Financiación Autonómica sigue siendo "discriminatorio, complejo y poco transparente". "En la actualidad sigue generando diferencias de recursos entre comunidades de más de 30 puntos porcentuales por habitante ajustado".
Ambos gobiernos andaluz y valenciano hacen un análisis de lo que ha supuesto el modelo de financiación vigente, que adolece de un "déficit global" que ha impedido "mantener las coberturas de los niveles reales de prestación de los servicios a los que aspiraba el acuerdo en el que se basó el sistema al ser aprobado en 2009, pese al volumen de recursos adicionales aportados por este sistema con el objeto de reforzar el Estado del Bienestar, en comparación con el sistema de 2002". Ese déficit global para el conjunto de las comunidades del régimen común se calcula en 16.400 millones de euros.
"La capacidad de las comunidades autónomas de régimen común para decidir sobre el nivel de sus ingresos se encuentra limitada porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan. Esta falta de capacidad normativa en imposición indirecta ha supuesto una merma de los recursos para las comunidades autónomas de más de 72.400 millones de euros entre 2010 y 2018, con concreto 11.400 millones en el último año", afirma el documento.
"Por tanto, es necesario en aras del principio de Lealtad Institucional que las comunidades autónomas puedan ser partícipes de las decisiones que afectan a sus ingresos", añade.
El conjunto de las comunidades autónomas requieren más financiación, concluyen ambos presidentes. Por tanto, el nuevo modelo de financiación autonómica "debe aportar más recursos a todas las comunidades autónomas (equidad vertical) y corregir la inequidad horizontal mediante un sistema que tenga como criterio principal de reparto a las personas beneficiarias de los servicios públicos fundamentales".
Andalucía y Valencia defienden que el principal criterio de reparto es el que tiene que ver con el concepto de población ajustada, "concepto que deberá ser consensuado por el conjunto de las comunidades autónomas". Con la crisis del Covid, la "asimetría" entre comunidades autónomas "se torna más dramática, pues incide en la capacidad de las comunidades de afrontar la reconstrucción".
Ambas comunidades son conscientes de que un nuevo modelo de financiación requiere tiempo y por eso plantean un fondo compensatorio que de forma transitoria resuelva los principales problemas del actual reparto "sin perjudicar a nadie".
También reclaman un papel mayor de las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos Next Generation y en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, "tanto en el destino de los recursos como en el diseño de los mecanismos de control y seguimiento."
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