¿Por qué otra votación sobre la ley COVID?
El 8 de julio, tres comités referendarios presentaron un total de 74.469 firmas consideradas válidas por la Cancillería Federal contra la enmienda de la ley COVID del 19 de marzo de 2021. Estos movimientos ciudadanos, que surgieron durante la pandemia y no tienen una clara afiliación partidista, critican la extensión del poder del Gobierno y en particular, el certificado COVID-19, obligatorio desde el 13 de septiembre para acceder a espacios interiores.
Esta será la segunda vez en poco menos de seis meses que el pueblo suizo se pronuncie sobre la misma ley, y una primera vez en la historia de la democracia directa suiza. El 13 de junio, tras un primer referéndum, la ley COVID-19 fue aceptada por el 60,2% de los votantes y rechazada únicamente por algunos cantones del centro y este de Suiza, donde se concentra la resistencia a las medidas del Gobierno para combatir el coronavirus.
Sin embargo, esta vez, la campaña a favor de la ley será más difícil. La cuestión de las ayudas económicas concedidas a empresas y personas afectadas por los cierres durante la crisis, que estuvo en el centro de las discusiones antes de la primera votación, ha sido eclipsada por el debate sobre la libertad individual.
El clima político también se ha enrarecido en los últimos meses. Dirigentes políticos, incluido el ministro de Salud, Alain Berset, han tenido que recibir protección policial, y algunas manifestaciones de opositores a las medidas sanitarias han requerido una fuerte intervención de las fuerzas del orden.
¿Qué medidas son concernidas?
El referéndum apunta particularmente al certificado COVID, obligatorio desde el 13 de septiembre para acceder a restaurantes, gimnasios, cines y grandes eventos culturales y deportivos. También concierne la extensión de alguna ayuda financiera, incluso si los promotores del referéndum no lo han convertido en un tema de campaña.
Sin embargo, el proyecto de referéndum no afecta la vacunación u otras medidas de salud impuestas por el Gobierno. Los mandatos de uso de mascarillas o cierres forzosos, que están cubiertos por la ley sobre epidemias aprobada por las personas en 2013, aún pueden implementarse o reintroducirse si la situación epidemiológica lo requiere.
El certificado COVID ha permitido a la población reanudar una vida social lo más cercana a la normalidad posible, dice el Gobierno. Es una forma eficaz de lograr que la interacción social se limite a quienes no son contagiosos o tienen muy pocas posibilidades de ser contagiosos.
A nivel económico, el pase de vacunación permite la actividad económica y salva puestos de trabajo. El documento también facilita los viajes en Suiza y en el extranjero.
Finalmente, gracias a la ley, las empresas continúan beneficiándose de un apoyo complementario en caso de verse obligadas a reducir las jornadas laborales de sus empleados.
Los opositores consideran que el certificado COVID discrimina a las personas no vacunadas y lleva a una obligación indirecta de vacunarse. La acción del Gobierno estaría diseñada para forzar a la población a vacunarse en momentos en que Suiza tiene una de las tasas de vacunación más bajas del continente. En su opinión, esta medida divide a la sociedad y amenaza la paz social.
El campo del “no” denuncia el “autoritarismo sanitario” del Gobierno y la extensión “antidemocrática y peligrosa” de sus poderes a través de esta ley.
Los promotores del referéndum también advierten contra la vigilancia electrónica extensiva de las y los ciudadanos como resultado del rastreo electrónico de contactos inscrito en la nueva ley.
¿Quién está a favor, quién en contra?
La Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) es el único partido gobernante que se opone a las últimas enmiendas a la ley COVID. En un congreso del partido en el verano, los delegados rechazaron la ley por una clara mayoría de 181 votos contra 23. El partido también apoyó el referéndum lanzado por tres comités ciudadanos.
El Gobierno y una gran mayoría en el Parlamento apoyan la ley. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Ueli Maurer, miembro de la UDC, ha sido acusado de romper la colegialidad gubernamental por afirmar, a principios de septiembre ante los miembros de su partido, que el Gobierno había “fracasado en la crisis de la COVID. También desató polémica al aparecer con un jersey del “Freiheitstrychler”, grupo que se opone a las medidas para combatir el coronavirus.
¿Qué pasa si la ley es rechazada?
Si la ley fuera rechazada, las enmiendas aprobadas por el Parlamento en la primavera serían revocadas a partir del 19 de marzo de 2022, un año después de su adopción, como lo prevé la Constitución Federal. Por lo tanto, ya no habría una base legal para emitir e inspeccionar certificados COVID. Sin embargo, los promotores del referéndum están a favor de un certificado COVID voluntario para facilitar los viajes al extranjero.
El apoyo financiero para grandes eventos también concluiría la próxima primavera. El Gobierno advirtió que las indemnizaciones diarias complementarias para los desempleados y la posibilidad de prolongar a 24 meses el derecho a la indemnización por desempleo parcial quedarían suprimidas.
Finalmente, el Gobierno ya no podría lanzar programas de financiamiento para el desarrollo de medicamentos u otros productos médicos importantes.
Entretanto, el presidente suizo, Guy Parmelin, advirtió a los cantones que las admisiones hospitalarias podrían aumentar rápidamente, por lo que deben estar preparados y asegurar las condiciones necesarias para mantener la situación sanitaria bajo control.
Parmelin instó a los cantones a tomar medidas locales apropiadas y rápidas, incluida la imposición de un uso más amplio de mascarillas, contactos laborales reducidos, pruebas COVID más regulares y restricciones en reuniones.
El Gobierno, sin embargo, descartó la aplicación de nuevas restricciones nacionales ya que las unidades de cuidados intensivos en los hospitales aún pueden hacer frente a la situación.
Asimismo, las autoridades nacionales explicaron que el sistema federalista suizo, que otorga a las autoridades cantonales una amplia autonomía, es adecuado para abordar las diferencias regionales.
Por otra parte, el ministro de Salud, Alain Berset, desestimó las acusaciones de que el Gobierno ha evitado nuevas restricciones como estrategia en vísperas de la votación el próximo doming.
Mientras tanto, diversos cantones han empezado a adoptar algunas medidas como el uso de mascarillas en espacios públicos interiores, en Ginebra.
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