VALENCIA.- El Gobierno de Ximo Puig debe otorgar por concurso público las 132 licencias de radiodifusión digital terrestre que la Comunitat Valenciana tiene asignadas y que no ha sacado a licitación.
Así de lo establece el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en una sentencia que da la razón a una empresa que había solicitado la convocatoria del concurso y había recibido la negativa de la Secretaría Autonómica de Comunicación, dependiente de la Presidencia de la Generalitat, según revela Valencia Plaza.
"Se declara la pertinencia de proceder a la convocatoria del concurso público de las licencias audiovisuales de radiodifusión sonora digital terrenal sin otorgar, y la pertinencia de iniciar el procedimiento de adjudicación de las referidas licencia", dice el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, que es recurrible.
Estas licencias no tienen nada que ver con las que la Generalitat convocó en 2007 y todavía no ha adjudicado. Presidencia intentó hacer ver al TSJCV que la petición de la empresa Topanga de Comunicaciones, representada por el despacho Díez & Romeo Abogados, era incompatible con la sentencia del propio TSJCV de 2018 que le obliga a resolver el concurso para el otorgamiento de 31 licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia.
Sin embargo, los magistrados afirman que una cosa es el concurso público para el otorgamiento de licencias de radiodifusión sonora digital terrestre integradas en los bloques de frecuencias asignados a la Comunitat Valenciana y otra el concurso para el otorgamiento de 31 licencias comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia.
Las 132 licencias locales/comarcales
La Comunitat Valenciana tiene asignadas seis licencias de frecuencia única de ámbito autonómico (un canal múltiplex) mientras en el ámbito local/comarcal se ha dividido el territorio en 22 demarcaciones con seis licencias en cada una, lo que totaliza 132 licencias.
Son cinco demarcaciones en la provincia de Alicante, seis en la de Castellón y once en la de Valencia, de las que dos corresponden a la capital. De esta forma, en Alicante deberían licitarse 30 licencias, en Castellón 36 y en Valencia 66.
La planificación de la tecnología DAB (digital audio broadcasting) se produjo en 1999 para la radio autonómica y en 2001 para la local, en ambos casos bajo mandato de José María Aznar.
Sin embargo y a diferencia de la TDT, la radio digital terrestre no
tuvo implantación, de manera que en 2010 el Gobierno de Zapatero quiso
darle un nuevo impulso aprovechando la Ley General de la Comunicación
Audiovisual, que entró en vigor el 1 de mayo de 2010.
Es a partir
de entonces cuando las CCAA deberían haber convocado los concursos para
adjudicar las licencias, pero solo Cataluña y Baleares lo hicieron. La
ley dice que "cualquier interesado podrá proponer convocar el
correspondiente concurso". Es lo que ocurrió a partir de 2018, y no solo
en la Comunitat Valenciana.
La sentencia se basa en jurisprudencia de otros ocho tribunales superiores de justicia que han fallado en el mismo sentido ante peticiones similares. Concretamente, los de Asturias, Navarra, La Rioja, Madrid, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia.
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