VALENCIA.- El informe de fiscalización de la cuenta de la Generalitat durante 2020 advierte "falta de acreditación" de los hechos que dieron pie a los contratos tramitados por la vía de emergencia para combatir la pandemia, así como "falta de constancia de los precios", "imposibilidad de verificar la adecuada ejecución" e incluso "falta de formalización por escrito de los contratos ejecutados en el exterior".
El
síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha hecho entrega del citado
informe a los miembros de la Mesa de Les Corts y posteriormente lo ha
presentado también al president, Ximo Puig, en el Palau de la
Generalitat.
El informe se divide en cinco
volúmenes: del segundo al quinto incluyen la fiscalización de
organismos, fundaciones y empresas públicas que se han ido publicando en
los últimos meses, de modo que lo más novedoso es el primer volumen,
que incorpora el informe general, así como análisis de la contratación y
subvenciones.
"Seguimos
con una deuda elevadísma, eso no es novedad, con más de 52.000 millones
al cierre de 2020, de los cuales 40.000 se adeudan al ICO", ha señalado
Cucarella.
En este sentido, ha informado de
que la Sindicatura está realizando un informe, por encargo de Les Corts,
sobre qué parte de la deuda acumulada por la Comunitat se puede
atribuir a la infrafinanciación, tomando como punto de partida el año
2002.
Cucarella ha informado de que este
informe estará listo a finales de enero y que, a grandes líneas, esa
deuda derivada de la infrafinanciación puede rondar el 50 % del total.
"El
déficit durante 2020 ha sido inferior a otros años, curiosamente; pese a
que se ha gastado más para hacer frente a la covid, ha habido ingresos
extraordinarios. No podemos saber si esto será una sentencia, porque
2020 ha sido un año atípico, como probablemente lo será 2021", ha
agregado.
En
relación con los pagos directos efectuados por la Conselleria de
Sanidad, se advierte un "volumen importante de gastos de carácter
sanitario contraídos sin la previa y preceptiva tramitación del
expediente de contratación, por insuficiencia presupuestaria u otras
causas". Se han contabilizado expedientes de enriquecimiento injusto por
un importe conjunto de 1.602,4 millones de euros.
Por
otro lado, se han efectuado pagos directos a terceros por adquisiciones
de productos de farmacia y material sanitario sin la previa tramitación
del expediente de contratación preceptivo, como procedimiento
generalmente utilizado por los departamentos de salud, unos pagos que
"podrían llegar a importes muy significativos", advierte el informe.
En
cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat, el Informe indica,
como en ejercicios anteriores, que las cuentas anuales del ejercicio
2020 muestran un "grave desequilibrio".
El
patrimonio neto es negativo, por 36.219,8 millones de euros, como
consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la
insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que
cubrirse por medio del recurso al endeudamiento.
La
liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario
ajustado positivo de 552,1 millones de euros, y una variación neta de
activos y pasivos financieros o aumento del endeudamiento por 2.414,9
millones.
En cuanto a la evolución del resultado
presupuestario, se observa una evolución positiva de reducción del
déficit entre 2015 y 2017, que cambia de tendencia en los ejercicios
2018 y 2019 (por un incremento mayor en las obligaciones que en los
derechos), y vuelve a disminuir en 2020 condicionado por los ingresos y
gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia.
Como
en otros ejercicios, la Sindicatura dedica un apartado de su informe a
analizar la infrafinanciación autonómica y sus consecuencias.
El
ente fiscalizador apunta que, "después de ocho años de espera, el 3 de
diciembre de 2021 el Ministerio de Hacienda ha facilitado a las
comunidades autónomas un primer documento con propuestas para la
estimación de las necesidades relativas de gasto a partir de una nueva
formulación de la variable población ajustada".
A
pesar de que la Sindicatura lo considera un primer paso hacia un nuevo
modelo de financiación, apunta que todavía se desconoce la fórmula
definitiva, el importe a repartir o si existirán fondos adicionales con
varios criterios de reparto.
Por último, la
Sindicatura incluye recomendaciones para la intensificación de la
transición energética y el incremento de la ciberseguridad, que debe ir
en consonancia con la progresiva digitalización de la Administración.
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