VALENCIA.- Sanidad y empleo son dos de las mayores preocupaciones de los valencianos según recoge el Barómetro de la Generalitat. El 75% reclama más personal sanitario después de que la pandemia de Covid haya destapado las debilidades del sistema público de salud y el 83% pide más recursos en investigación e innovación pese a que apoyan mayoritariamente (85%) las políticas llevadas a cabo por el Gobierno valenciano en la gestión de la crisis sanitaria.
Sin embargo, la economía es otro pilar que ha golpeado el virus, por lo que un 78% de los encuestados creen necesario un mayor esfuerzo en la creación de empleo.
En un segundo grupo de prioridades destacan políticas enfocadas a los más desfavorecidos y, por tanto, se aprecia como "muy favorable" que los poderes públicos "se centren en mejorar el estado de bienestar" y los recursos con los que cuentan las personas en riesgo de exclusión.
Más atrás quedan cuestiones relacionadas con la transición digital o ecológica, como la formación en nuevas tecnologías (58%) o lucha contra el cambio climático (64%) y su consecuente apuesta por las energías renovables (79%).
Este barómetro, según explicó la directora general de Análisis y Políticas Públicas de la Generalitat, Ana Berenguer, servirá para guiar "el diseño de políticas públicas" en el año 2022, que "va a ser el año de la recuperación económica y social".
La vivienda, problema en Alicante
Pese a que estas preocupaciones marcan el "relato común" de los valencianos ante la recuperación, las características sociodemográficas, económicas y políticas de cada territorio dan lugar a resultados "relativamente plurales" en la encuesta.
En concreto, en Alicante la mayor demanda ciudadana es que aumenten las inversiones en seguridad ciudadana, vivienda y en la renta valenciana de inclusión. No en vano es la provincia donde la Generalitat ha tenido que aplazar el pago de los alquileres de viviendas públicas.
En concreto, según comunicó la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda, la empresa pública Evha (Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl) ha pactado con 575 familias el reconocimiento para facilitar el pago de la deuda de alquiler durante los próximos cinco años o 60 mensualidades de 30 euros.
Mientras, en Valencia los ciudadanos se muestran más en contra de la reducción del gasto en cultura y ponen mayor énfasis en la gestión de residuos y reciclaje.
Por último, en Castellón se reclama más inversión en justicia, transporte y más atención a las políticas de género.
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