Solo el 70% de la población está completamente vacunada en el país alpino y el Ejecutivo preveía terminar con el problema gracias a la vacuna obligatoria, con una norma muy severa que contempla incluso penas de prisión para los ciudadanos no vacunados que no paguen las multas impuestas tras ser detectados en controles.
Pero la coalición de gobierno formada por conservadores y verdes no logra establecer qué tipo de controles son los más adecuados y el nuevo canciller federal, el conservador Karl Nehammer, ha comenzado a dar pasos atrás y ha declarado que puede imaginar otros instrumentos quizá más fáciles de aplicar, como bonificaciones por la vacunación.
Se está debatiendo la posibilidad de cupones para quienes acudan a vacunarse, una idea idea que obtiene más aprobación en varios ministerios, pero sobre todo en la oposición socialdemócrata del SPÖ. El partido liberal NEOS está de acuerdo, aunque expresa ciertas dudas sobre la efectividad de tal sistema de recompensas por un servicio estatal. Solo la extrema derecha del FPÖ rechaza también esta propuesta.
En una entrevista con la agencia austriaca APA, Nehammer ha declarado que cualquier cosa que ayude a que más personas se vacunen será «una señal positiva», aunque no descarta todavía que ese sistema de recompensas se limite a una medida previa a la entrada en vigor de la vacuna obligatoria.
El vicecanciller Werner Kogler, de LosVerdes, ha expresado su aprobación. «Deberíamos jugar hasta el final», ha dicho en una entrevista con el diario ‘Österreich’. El Ministerio de Sanidad también se ha mostrado abierto a esta posibilidad en un comunicado oficial: «Para poder aumentar aún más la tasa de vacunación, lo principal aquí es enfocarnos en la persuasión y la educación. Por supuesto, no debería haber ninguna prohibición de pensar, y se debería seguir discutiendo una amplia variedad de posibles soluciones».
Los miembros del gobierno austriaco están progresivamente llegando a estas conclusiones debido a las dificultades que plantea la obligación de la vacuna. De hecho, aumentan las preguntas cuanto más se acerca su entrada en vigor, una fecha que se va aplazando en el tiempo a causa de decisiones contradictorias.
Según el proyecto, debería aplicarse desde el 1 de febrero a todas las personas que vivan en Austria mayores de 14 años. Según la ley, todas las personas no vacunadas recibirán primero una invitación para vacunarse y esa invitación será emitida el 15 de febrero, lo que no coincide con la premisa anterior. A partir del 15 de marzo, por lo demás, entrarían en vigor las sanciones. Inicialmente hay una amenaza de 600 euros. Cualquiera que no pague recibirá un aviso oficial de sanción administrativa. Quienes no cumplan con esta sanción deberán abonar sumas superiores, hasta los 3.600 euros.
El esfuerzo administrativo asociado a la búsqueda de infractores y al aviso y cobro de las multas será enorme y el Estado admite que no cuenta para ello ni con presupuesto ni con personal. La ministra para la Consitución y la UE Karoline Edtstadler, del conservador ÖVP, ha advertido además que la vacunación solo puede ser obligatoria si la vacuna es suficientemente eficaz para la variante dominante en ese momento, lo que serviría provisionalmente para la variante Ómicron, pero pone en cuestión la norma para las cepas que vayan surgiendo en adelante.
No son pocos los analistas que apuntan, por otra parte, que las elecciones a la Presidencia, que actualmente ocupa el verde Alexander van der Bellen y que están convocadas para el próximo 13 de febrero, están jugando un papel en este giro, puesto que el partido que implemente la vacuna obligatoria se enfrentará a una buena porción del electorado que se manifiesta en contra, tanto en las encuestas como en las calles.
La decisión definitiva ha de pasar a finales de enero por el Consejo Nacional, pero los opositores a la vacunación obligatoria quieren evitarlo y han saturado la página web oficial del Parlamento, en la que había sido colgado el texto de la norma y se había abierto una vía de consultas. Hasta ahora han sido recibidos unos 40.000 mensajes con preguntas, según informa OE24.
El Gobierno austriaco tiene que ocuparse de todas estas quejas antes del 9 de enero, porque eliminarlas o ignorarlas pondría a sus responsables en dificultades constitucionales, pero la cantidad lo ha convertido en misión imposible y la fecha de entrada en vigor de la vacuna obligatoria se tambalea ya por la fuerza de los hechos.
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