ELCHE.- El expresidente del PP provincial y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (para quien se piden 16 años de cárcel), ha negado ante el tribunal que juzga las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja entre los años 2008 y 2009, una de las piezas separadas de Brugal, que recibiera cualquier tipo de presión o regalos para amañar el contrato de construcción de la planta de tratamientos.
"Nadie se puso en contacto conmigo ni me influyó para que la planta se ubicara en un lugar determinado, ni tampoco lo hubiera permitido", ha asegurado durante su declaración en la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, donde se celebra el juicio.
Del mismo modo, ha negado que recibiera cualquier tipo de contraprestación o regalo para hacer "nada ilegal".
"Seguimos casi al pie de la letra las decisiones de la comisión técnica; no hubo trato de favor, ni recibí ni acepté ningún regalo", ha agregado Ripoll.
En esta sesión todos los acusados que han declarado han asegurado ser inocentes de los hechos que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción. Alguno de ellos -los empresarios Ángel Fenoll y su hijo- se han acogido a su derecho a no declarar y otro -el también empresario Rafael Gregory- han respondido solo a cuestiones de su defensa.
Quien sí ha respondido a todas las partes ha sido el constructor Enrique Ortiz, quien ha asegurado que su relación con Ripoll era "institucional" al tratarse de un "agente público" y ha negado que en algún momento le hiciera cualquier tipo de petición o favor al excargo 'popular'. También ha rechazado que utilizara su relación de "amistad" con Gregory para influir en la adjudicación del Plan Zonal.
La sesión ha arrancado con la protesta por parte de las defensas por no resolver sobre las cuestiones previas -anulación de las escuchas- antes de la reanudación de la vista este martes. Una vez han comenzado los interrogatorios y algunos acusados se han acogido a su derecho a no declarar, el fiscal ha pedido que se leyeran sus declaraciones realizadas en la instrucción de esta pieza.
La Sala ha resuelto que se podrán leer durante la fase de la prueba documental, un aspecto al que se han opuesto tanto Fiscalía como las defensas.
Ripoll ha basado su intervención en explicar los procesos técnicos para la adjudicación de la construcción de la planta de tratamientos, así como la función de este organismo en la comarca de la Vega Baja. Asimismo, ha detallado que la responsabilidad de tomar las decisiones era de la comisión técnica y que nunca ha despachado con ningún miembro de la misma para conocer cuestiones de los informes de manera anticipada.
Por su parte, Ortiz ha declarado a preguntas de la Fiscalía que su relación con Rafael Gregrory es "profesional", "personal" y de "amistad" mucho antes del año 2008, cuando presuntamente ocurrieron los hechos.
Sobre Ripoll, ha dicho que tenía una relación "buena" e "institucional"; con Fenoll la relación era "pequeña" y, además, ha añadido que "no conocía" a la exalcaldesa de Orihuela, la 'popular' Mónica Lorente: "La he conocido aquí".
Al respecto de la presencia de Ripoll en el yate de Ortiz, ha explicado que coincidió con Gregory en la Feria de Sevilla y que invitó a 70 personas a su barco, entre los que se encontraba el expresidente del PP y su esposa. "Invité a Ripoll y a sesenta personas más, estaba medio Alicante allí", ha relatado. Aún así, ha negado ante el ministerio público que buscara un "acercamiento" con el 'popular' para lograr así otros intereses.
También ha explicado que era "frecuente" que dejara su lancha personal a Gregory y que, en una ocasión, el empresario llegó con Ripoll como su invitado. "Yo invité a Rafa a que vinieran al barco y él me dijo que estaba con Ripoll, pues le dije que se venga también".
Por otro lado, sobre los encuentros con Ripoll y Gregory en restaurantes de Alicante ha señalado que fueron comidas de "trabajo" a las que asistieron también otras personas de Diputación y técnicos.
Sobre las ofertas para hacerse con las parcelas donde se construiría la planta de tratamientos, ha aseverado que supo por los técnicos que serían "los ganadores" porque sus ofertas eran "las mejores", aunque no ha entrado en detalles.
Ortiz ha negado que hiciera pactos con Ripoll y Lorente sobre el Plan Zonal y ha añadido que la Diputación participaba en la fundación del Hércules Club de Fútbol, de la que Gregory era vicepresidente en aquel momento.
La solicitud de penas por la Fiscalía Anticorrupción
El fiscal anticorrupción pide penas que suman 16 años de prisión para Ripoll y 17 para Ortiz, a quienes se les acusa de los delitos de cohecho, prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias y fraude.
El que fuera vicepresidente de la Generalitat Valenciana y también presidente del PP de la provincia de Alicante se enfrenta, además, a una inhabilitación de 44 años.
El ministerio público pide multas de un millón de euros para el político del PP, la misma cantidad para el empresario Ángel Fenoll, a quien reclama también otros 17 años de cárcel y 20 de inhabilitación, y 300.000 euros para el promotor alicantino y otros 20 de inhabilitación.
Para el dirigente socialista Antonio Amorós la pena solicitada es de 4 años y 9 meses de cárcel por los delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y fraude, la misma pena que solicita para la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente.
Los acusadores públicos cifran en 24 años y 6 meses la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo o función pública para Lorente.
Para el empresario de Alicante Rafael Gregori se pide 17 años de prisión, 20 de inhabilitación y un millón de euros de multa por los delitos de información priviligiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.
El hijo de Fenoll se enfrenta a una petición de pena de 8 años y 9 meses de cárcel, solicitud que en el caso del empleado de Ortiz José Candel se eleva a 10 años. Para el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Vicente Gomis se piden 3 años de prisión e inhabilitación de 10 para cualquier cargo público.
Por otro lado a Jorge Sanz, colaborador de Ángel Fenoll, se le piden 3 años y 6 meses de prisión y 8 de inhabilitación.
El técnico Pedro Enmanuel Sáez tiene ante sí la petición de 10 años y 3 meses de cárcel.
Para el acusado Manuel Garriga, responsable de la empresa adjudicataria del macrovertedero, se piden 10 años de prisión y otros tantos de inhabilitación.
Ángel Luis Bracho, delegado comercial y representante para la zona de Alicante de Sufi, se enfrenta a 4 años de prisión y 8 de inhabilitación.
La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.
El sumario se desgajó en los años posteriores en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la citada contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.
Ripoll y los principales implicados en la rama del Plan Zonal fueron detenidos en una operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y dirigida por Anticorrupción y un juez de Orihuela en julio de 2010.
Esa operación incluyó un llamativo registro en la sede de la Diputación alicantina, así como en el domicilio particular del propio Ripoll, en el ayuntamiento de Orihuela y en numerosas empresas involucradas en el presunto amaño.
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