"No murieron, los dejaron morir". Esa es una de las frases que recalca Enriqueta López, hija de una mujer fallecida en abril de 2020 en una residencia de mayores.
Nadie
les escucha y quieren cubrir de oscuridad lo que ocurrió. Quieren pasar
página, quieren que nos olvidemos todos de aquello, que ha sido una
tragedia de unas dimensiones extraordinarias.
Han
ido a Fiscalía pero les archivan sin pedirles ni informes médicos ni
relato ni nada.
Un afectado tiene un certificado oficial que dice que su madre murió por un posible COVID positivo, pero luego tiene el certificado del médico de la residencia en el que pone que su madre murió de una broncoaspiración y dice que en ningún momento tuvo síntomas de COVID ni nada.
Las
autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma
exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las
residencias.
Amnistía
Internacional considera que la mayoría de las investigaciones llevadas a
cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos
humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento
de las circunstancias de las miles de muertes en residencias.
Desde Periodistas por la Verdad exigen justicia para las víctimas
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