Así lo ha planteado el responsable de Valencia de la Federación de AMPA de la provincia (Fampa-Valencia), José Manuel Casermeiro, tras mantener una reunión con el portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz, y las concejalas en el Ayuntamiento de Valencia Maite Ibáñez y Elisa Valía.
En la reunión han tratado las enmiendas presentadas por PP y Vox a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2024 para modificar la Ley del Juego y que establecen que los locales podrán renovar sus licencias aunque estén a menos de 850 metros de un centro educativo.
Al respecto, el representante de las asociaciones de progenitores ha expresado la «preocupación» del colectivo por el cambio en la normativa y ha cuestionado «reducir la distancia de 850 metros de las casas de apuestas de los centros escolares».
Además, ha censurado que «no haya habido debate y directamente se plantee por la puerta de atrás incluyendo la modificación en la ley de acompañamiento».
«A nosotros no se nos ha consultado nada y no se ha tenido en cuenta el coste social», ha insistido.
El representante de la federación ha agregado que les gustaría ver un mapa de dónde su ubican los salones de juegos, ya que, según ha remarcado, se distribuyen sobre todo «en los barrios más desfavorecidos».
«Por ningún lado le vemos ni la explicación a la modificación ni la urgencia ni la no participación de las familias ni los beneficios ni los perjuicios para las empresas. No vemos despidos, no vemos pérdidas de beneficios de empresarios, no vemos nada. Y no vemos ninguna mejora social», ha resumido.
José Manuel Casermeiro --que cree que la premura del cambio normativo puede deberse a que «hay alguna presión, de algún lado»-- ha instado a los partidos de gobierno a que «cuando se modifica una ley, se haga de manera abierta, que participemos por lo menos las personas afectadas o los responsables o los representantes de las personas afectadas».
«Cuando se modifica algo hay que hablar con los interlocutores adecuados», ha dicho este portavoz, que ha subrayado que la federación «representa a la mayoría de las familias del sistema educativo público valenciano».
«Y no se nos llama para nada», ha lamentado.
«No queremos que un niño o una niña de 15 años vaya de camino al colegio o al instituto y se encuentre con cinco casas de apuestas en su barrio, normalmente más desfavorecido», ha finalizado.
Por su parte, el portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz, ha trasladado la «oposición frontal» de lo socialistas al cambio que impulsan PP y Vox. El 'president, Carlos Mazón, «debe decidir si está del lado de los operadores del juego o se pone de parte de la ciudadanía», ha considerado.
Muñoz ha anunciado que su partido va a trabajar con la sociedad civil para que «esto no pase» y lanzará una campaña de concienciación en toda la Comunitat Valenciana «hablando con nuestros concejales y concejalas de todos los municipios para hacer un frente común que pare está salvajada del PP».
«Esta modificación va a afectar a los barrios de las clases trabajadoras y clases medias, donde están ubicadas las casas de apuestas», ha augurado el dirigente socialista, que, además, ha explicado que, estos locales «llevan asociadas otras cuestiones que son poco recomendables para los barrios y que vinculan una cuestión tan importante como es el deporte con las apuestas».
Por último, ha lamentado que una ley «tan importante» como es la ley del juego que lucha contra la ludopatía entre los más jóvenes«, en el caso de tener modificaciones »debería contar con la ciudadanía y las personas afectadas por esta ley«.
»PP y ultraderecha lo están intentando hacer por la puerta de atrás", ha zanjado.
La edil en el Ayuntamiento de Valencia Elisa Valía ha abundado en que este cambio es «un ataque frontal a la protección de nuestros jóvenes, la parte de la población probablemente más vulnerable frente a las adicciones».
«El PP está cometiendo un ataque directo a una población que, además, tiene en la salud mental uno de los grandes retos hoy en día», ha acusado.
En términos similares, la regidora Maite Ibáñez ha considerado que la alcaldesa, María José Catalá, «y su gobierno son cómplices de esta irresponsabilidad que va en contra de los jóvenes y de las familias».
«Vamos a trabajar junto a las familias de Valencia y con la comunidad educativa para garantizar el bienestar de nuestros niños y niñas porque estos acuerdos se están adoptando de espaldas al Consejo Escolar», ha manifestado.
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