Pérez ha realizado esta estimación durante un acto de la Plataforma per un Finançament Just con motivo del aniversario de la movilización que en 2017 sacó a las calles a miles de valencianos para reclamar un cambio en el modelo de financiación autonómica, y en el que sus integrantes han firmado una actualización del manifiesto reivindicativo por una financiación justa desde la unidad política, sindical y social.
Para obtener esa cifra de 27.500 millones, se tiene en cuenta el 100 % de la infrafinanciación relativa por la distancia con la media de las Comunidades Autónomas (18.000 millones) y el 50 % de la infrafinanciación colectiva que sufrieron todas las autonomías durante la crisis de 2008-2009 y que es la parte que correspondería por el mismo trato que Cataluña en la condonación de deuda (9.500 millones).
El experto en financiación ha considerado factible la condonación de parte de la deuda pues implicaría un cambio de titularidad de esta y no afectaría al conjunto del endeudamiento del Estado, así como deseable y positivo que todas las comunidades volvieran a financiarse en los mercados, ha respondido al ser preguntado en estos términos.
Sobre el acuerdo PSOE-ERC, ha opinado que con la información disponible no puede evaluar si es un buen acuerdo, que lo será si se establece un reparto por igual a todas las Comunidades Autónomas, abordando los dos tipos de infrafinanciación que ha expuesto, la colectiva -que afecta a todas las regiones y se deriva de la caída de ingresos por la crisis financiera de 2009- y la relativa -que sufren las autonomías con financiación por debajo de la media (Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha).
Un nuevo modelo de financiación debe aportar suficientes recursos para prestar los servicios públicos de competencias autonómicas, una equidad en la distribución y autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal.
Además, ha opinado que las decisiones deberían contar con un consenso amplio, "cuánto más, mejor", y desarrollarse bajo "empatía institucional".
Los firmantes reclaman en la declaración la urgencia de la reforma del sistema de financiación para que sea más justo y equitativo y aporte los recursos suficientes para ejercer las competencias propias, unas inversiones del Estado ajustadas al peso poblacional y el reconocimiento de que la infrafinanciación ha generado deuda.
Por la parte empresarial ha firmado el manifiesto el presidente de la CEV, Salvador Navarro, quien ha destacado que con la actualización de la declaración se revalida la unidad por la reivindicación y ha pedido a la clase política que sea capaz de entender los intereses de la Comunitat.
La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha coincidido en que se debe dejar de lado el partidismo en esta cuestión y actuar desde la unidad, el consenso y el acuerdo, y su homólogo en UGT PV, Ismael Sáez, ha apuntado que en estos momentos la posibilidad de resolver problemas está más cerca.
También han firmado la declaración los representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, del PP, PSPV y Compromís en Les Corts, el Congreso y el Senado, y de la Unión de Consumidores, Cavecova y la Plataforma per la Llengua.
El secretario de Organización del PPCV, Miguel Bailach, ha resaltado la presencia de diputados y senadores en el acto de firma y ha deseado que próximamente ya no haga falta la Plataforma per un Finançament Just; el portavoz adjunto del PSPV en Les Corts, Arcadi España, ha señalado que se abre la oportunidad de reformar el modelo bajo la unidad y sin partidismos; y la portavoz de Compromís y diputada en el Congreso, Àgueda Micó, se ha referido a la infrafinanciación como "un agravio político que afecta al día a día de la gente".
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