En un comunicado, la FCAPA constata, tras sus reuniones con las administraciones educativas valencianas, “un nuevo clima de recuperación de la libertad de educación y de los derechos de familias, docentes y titulares, que los anteriores gobiernos habían recortado”.
En este sentido, recuerda que representantes de esta entidad se han reunido recientemente con los responsables educativos, tanto a nivel local como autonómico, “algo que no pudo hacer en ocho años con los anteriores gobiernos”, ha reprochado.
“Frente a unas políticas educativas en las dos legislaturas anteriores basadas en imposiciones, decisiones unilaterales y aplicación de un proyecto político alejado de las necesidades reales del sistema educativo y de los alumnos, familias, profesores y titulares de los centros, valoramos un nuevo talante de las administraciones y la voluntad de poner, efectiva y no nominalmente, al alumno y sus necesidades en el centro de la educación y de que las nuevas políticas se basen en decisiones pedagógicas y técnicas, no ideológicas, dentro del marco de derechos y libertades de nuestra Constitución y de las normas y pactos internacionales”.
La federación se ha ofrecido a colaborar con las administraciones apoyando todas las medidas “tendentes a la mejora de la calidad, de la igualdad y de la libertad del sistema educativo de nuestra Comunidad”.
“Es urgente, hasta donde sea posible en el actual marco competencial y normativo, corregir las graves deficiencias que se derivan de décadas de políticas y leyes educativas equivocadas y contrarias a la libertad (el complejo LODE-LOGSE-LOE-LOMCE-LOMLOE), agravado tras la última reforma educativa del y sus socios, la LOMLOE, ley nociva para el sistema educativo español, aprobada sin consenso social y con exclusión de buena parte de la comunidad educativa”, consideran.
En el ámbito de la igualdad, creen “necesario” respetar la complementariedad de las redes sostenidas con fondos públicos (pública y concertada) y “garantizar para todos los alumnos, docentes y titulares los mismos derechos y el acceso en condiciones de igualdad a los mismos medios personales, materiales y económicos (actualización del módulo de concierto), acabando con toda discriminación por la elección realizada o la titularidad del centro, incluyendo la injusta y sectaria exclusión de la educación diferenciada”.
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