Así lo ha indicado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), impulsora de la iniciativa, que ha concretado que la querella se ha interpuesto por delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad, crimen de desaparición forzada, todo ello en un contexto de crímenes contra la Humanidad.
Desde la entidad han indicado que los padres de la querellante nunca vieron el cuerpo de su otra hija supuestamente fallecida. En 2012 y 2013, dentro de la investigación realizada por la Fiscalía de Alicante, se realizaron sendas exhumaciones y en ninguna de las dos ocasiones se encontraron restos que, una vez realizados los análisis de ADN, tuvieran coincidencia genética con la familia. A pesar de esta evidencia, el caso fue archivado.
En la época en la que desapareció la melliza de la querellante, "los bebés desaparecían de los centros hospitalarios a los que iban las embarazadas, a quienes se les decía que su hija o hijo había muerto", han señalado.
"La ideología nacional-católica de regeneración del espíritu nacional justificaba estos hechos para reubicar a los bebés en 'familias de bien'. Decenas de miles de mujeres, sin derechos ni libertades, convertida la maternidad en su destino por el nacional-catolicismo, vieron desaparecer sus bebes poco después de darlos a luz", han insistido.
Y han añadido: "Ginecólogos, obstetras, enfermeras, párrocos, funcionarios de distintos sectores y mujeres de la élite que regentaban pisos de jóvenes embarazadas son algunas de las figuras que se arrogaron el derecho de decidir qué familias eran óptimas para criar bebés, sabiéndose impunemente protegidas por el silencio cómplice, el consentimiento, la aquiescencia y, al menos en algunos casos, la colaboración activa del Estado franquista, régimen criminal por excelencia".
A su entender, la participación del Estado se produce, dependiendo del momento histórico, "bien directamente bien mediante el consentimiento, la ocultación, apoyo y aquiescencia al posibilitar la continuidad haciendo caso omiso de los crímenes, lo cual se refleja en las escasisimas investigaciones de estos casos o, cuando las ha habido, en la ausencia de la debida diligencia".
Desde Ceaqua han recordado que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado en numerosas ocasiones al Estado español la necesidad de investigar de manera exhaustiva estos crímenes. El propio Parlamento Europeo emitió un Informe en noviembre de 2017 con 31 recomendaciones para hacer efectiva la labor que tiene que realizar el Estado español, "una labor que todavía hoy está por hacer", han lamentado.
"Hasta ahora, la Ley de Memoria Democrática no ha facilitado la apertura de las causas penales de los criminales franquistas. Nos encontramos ante crímenes de derecho internacional impunes, no investigados ni enjuiciados judicialmente en el Estado español, incumpliéndose de esta forma el mandato y las obligaciones internacionales que se han contraído al respecto", han criticado.
Desde Ceaqua han interpelado a jueces y magistrados españoles para que investiguen y enjuicien los crímenes del franquismo "poniendo fin a la política de impunidad que han mantenido hasta la fecha y aplicando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional".
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