ALICANTE.- El Sindicat de Barri de Carolines ha convocado una concentración este
viernes 22 de marzo para intentar paralizar el desahucio de una familia
sin alternativa habitacional, formada por una mujer y sus dos hijos, uno
de ellos de 16 años y con un 38 por ciento de discapacidad.
La organización ha citado al vecindario a las 9.30 horas de este viernes en la calle Poeta Zorrilla, 12, de Alicante, para "defender su hogar y el derecho a la vivienda, frente a aquellos que especulan con las necesidades más básicas y se enriquecen a costa de la salud", según ha indicado en un comunicado.
El sindicato ha relatado que este mujer presentó su informe de vulnerabilidad actualizado en 2024 y, pese a ello, "el auto de la jueza sostiene que el informe es inválido por ser del año 2017 y por no estar fundamentadas las conclusiones de este, poniendo en duda de manera arbitraria e injustificada el trabajo de los servicios sociales".
Además, el sindicato añade que la magistrada menciona en el auto que la afectada está cobrando una pensión no contributiva, "lo cual es totalmente incierto y se puede desmentir con una lectura rigurosa del propio informe".
"El auto emitido por la magistrada del juzgado de primera instancia nº 12 contiene dos errores muy graves que, en el mejor de los casos, responden a una absoluta negligencia. Este hecho puede costar la vivienda y la salud de una familia cuya vulnerabilidad ha sido debidamente acreditada este año 2024, demostrando la nula protección que el Real Decreto-ley 8/2023 supone muchas veces en la práctica", ha sostenido el sindicato.
En este contexto, ha abogado por la organización de la clase trabajadora para "frenar este tipo de acciones especulativas que intentan convertir los barrios en centros comerciales sin vida con tal de conseguir los máximos beneficios sin tener en cuenta las necesidades básicas de las personas".
La organización ha citado al vecindario a las 9.30 horas de este viernes en la calle Poeta Zorrilla, 12, de Alicante, para "defender su hogar y el derecho a la vivienda, frente a aquellos que especulan con las necesidades más básicas y se enriquecen a costa de la salud", según ha indicado en un comunicado.
El sindicato ha relatado que este mujer presentó su informe de vulnerabilidad actualizado en 2024 y, pese a ello, "el auto de la jueza sostiene que el informe es inválido por ser del año 2017 y por no estar fundamentadas las conclusiones de este, poniendo en duda de manera arbitraria e injustificada el trabajo de los servicios sociales".
Además, el sindicato añade que la magistrada menciona en el auto que la afectada está cobrando una pensión no contributiva, "lo cual es totalmente incierto y se puede desmentir con una lectura rigurosa del propio informe".
"El auto emitido por la magistrada del juzgado de primera instancia nº 12 contiene dos errores muy graves que, en el mejor de los casos, responden a una absoluta negligencia. Este hecho puede costar la vivienda y la salud de una familia cuya vulnerabilidad ha sido debidamente acreditada este año 2024, demostrando la nula protección que el Real Decreto-ley 8/2023 supone muchas veces en la práctica", ha sostenido el sindicato.
En este contexto, ha abogado por la organización de la clase trabajadora para "frenar este tipo de acciones especulativas que intentan convertir los barrios en centros comerciales sin vida con tal de conseguir los máximos beneficios sin tener en cuenta las necesidades básicas de las personas".
Aplazado hasta abril
El desahucio ha sido aplazado hasta finales del mes de
abril, según han confirmado desde el Sindicat de Barri de Carolines a primera hora de la noche del jueves.
Finalmente, han logrado un aplazamiento del desahucio hasta el próximo 29 de abril, a través de la negociación con Caixabank --propietario del inmueble-- y tras exponerles la situación de la familia.
El sindicato explicó que este mujer había presentado su informe de vulnerabilidad actualizado en 2024 y, pese a ello, "el auto de la jueza sostiene que el informe es inválido por ser del año 2017 y por no estar fundamentadas las conclusiones de este, poniendo en duda de manera arbitraria e injustificada el trabajo de los servicios sociales".
Finalmente, han logrado un aplazamiento del desahucio hasta el próximo 29 de abril, a través de la negociación con Caixabank --propietario del inmueble-- y tras exponerles la situación de la familia.
El sindicato explicó que este mujer había presentado su informe de vulnerabilidad actualizado en 2024 y, pese a ello, "el auto de la jueza sostiene que el informe es inválido por ser del año 2017 y por no estar fundamentadas las conclusiones de este, poniendo en duda de manera arbitraria e injustificada el trabajo de los servicios sociales".
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