Así se ha pronunciado la titular de Justicia en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, durante su visita a las obras del nuevo Palacio de Justicia, donde ha estado acompañada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala.
"Tiene un intenso calado por varios motivos. Satisfacemos una reivindicación de todos los profesionales y operadores jurídicos de la provincia de Alicante, una reivindicación histórica. Además, vamos a contribuir a que se vertebre España, que se vertebre la Comunitat Valenciana a través de sus provincias, que son las que verdaderamente tienen una fortaleza territorial. Y cumplimos con un principio democrático esencial, que es acercar la justicia a los ciudadanos, mejorar el tiempo de respuesta y descargamos de trabajo a las salas de lo contencioso-administrativo y de lo social de Valencia", ha explicado.
Para conseguir la descentralización, ha explicado que los grupos parlamentarios de Les Corts deberán proponer al Gobierno que impulse la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, "de tal manera que se contemple una descentralización de salas que ya existe en otras regiones de España, como Andalucía, Galicia o Castilla y León".
En este sentido, ha apuntado que confía que "todos los
partidos, incluidos el PSOE y Compromís, reclamen al Gobierno de Pedro
Sánchez lo que Alicante necesita".
Al respecto, Luis Barcala
ha calificado esta propuesta de "fantástica noticia", ya que ha señalado
que "supone un gran ahorro en costes de traslados y de horas de
trabajo, al tiempo que propician el acercamiento de la justicia a los
ciudadanos alicantinos".
"Son motivos que justifican más que
de sobra esta decisión de modificación de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial que agradecemos y a la que nos sumamos reclamando su ejecución
por el Gobierno de España, para que no se genere un nuevo agravio con
Alicante como viene ocurriendo en los últimos años con los gobiernos de
Pedro Sánchez", ha sostenido.
En cuanto a la Ciudad de la Justicia en Alicante, Núñez ha apuntado
que la inversión prevista es de 23 millones en 2024, y la finalización
de las obras está prevista para finales de 2026, "con una inversión que
habrá supuesto un total de 85 millones, la más importante de toda la
legislatura".
Además, ha añadido que la Conselleria de
Justicia en 2024 va a poner en marcha una inversión superior a los 3,1
millones de euros en nuevas actuaciones para instalaciones judiciales en
la ciudad de Alicante. Entre ellas, la nueva sede para el Tribunal de
Marcas de la Unión Europea, y otras cinco intervenciones para mejorar
instalaciones existentes, ha indicado.
En este sentido,
Barcala ha puesto en valor unas obras "absolutamente imprescindibles",
ya que a su juicio se trata de "una deuda histórica, por ser Alicante la
única capital o cabecera judicial que no disponía de una Ciudad de la
Justicia con el volumen de trabajo que tiene ahora mismo".
"En segundo
lugar, porque comprobamos el compromiso del Consell con un proyecto que
para Alicante es vital y que es la infraestructura más importante que la
Generalitat está ejecutando en estos momentos en nuestra ciudad", ha
añadido.
"Es una reivindicación antiquísima de los abogados y
procuradores la necesidad de buenas instalaciones. La cantidad de
pleitos que se generan en la provincia ya motivó en su momento esa sala
desplazada de la Audiencia Provincial a Elche", ha puntualizado Barcala.
Asimismo, ha destacado que el edificio judicial también cumplirá una
función de elemento arquitectónico vertebrador de tres barrios
--Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes--, con la creación de una gran
plaza central, zonas verdes y diferentes espacios urbanos abiertos a la
ciudadanía en general.
El edificio de la Ciudad de la
Justicia de Alicante se está construyendo junto a la avenida de
Aguilera, enfrente del actual Palacio de Justicia. Contará con siete
plantas de altura, dos sótanos, semisótano y aparcamiento, repartidos
sobre un total de 47.000 metros cuadrados sobre una parcela de 5.500
metros cuadrados.
La nueva Ciudad de la Justicia de Alicante
permitirá terminar con la dispersión de sedes, hasta ocho, que albergan
actualmente los órganos judiciales unipersonales que dan servicio a una
población de casi 400.000 habitantes censados.
Por otra parte, Núñez ha mencionado "el incremento de los índices
criminalidad en España y el incremento de la inmigración ilegal" y ha
afirmado que los datos "son preocupantes".
"A nivel nacional la
delincuencia ha aumentado en un seis por ciento y, en el caso de la
Comunitat, un 8,1%; mientras que en la provincia de Alicante, del
16,4%", ha sostenido.
En este sentido, ha considerado
"necesario reclamar al Gobierno de España que dote de los medios
necesarios, ya sean materiales o humanos, para poder garantizar la
seguridad de los ciudadanos".
En relación a esto, Barcala ha
defendido que "Alicante es una ciudad segura", aunque ha abogado por
"estar vigilantes y reforzar", ya que considera que la seguridad es "uno
de los elementos clave, de las fortalezas que tiene la ciudad a nivel
turístico".
Núñez también ha mencionado un informe del
Departamento de Seguridad Nacional, que "arroja que en el año 2023
accedieron de manera ilegal a España 56.872 personas, un aumento del
82%".
"Por lo tanto exigimos al gobierno del señor Sánchez que deje de mirar a otro lado, que el señor Marlaska deje de mirar hacia otro lado y desarrolle una política migratoria que permita que la inmigración llegue de manera legal y ordenada", ha aseverado.
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