La Mancha y Valencia llevan las reglas del Tajo-Segura al Consejo del Agua y Murcia pide un Plan Nacional

 

MADRID.- Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana han llevado la modificación de reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura a la última reunión del Consejo Nacional del Agua, donde no estaba en el orden del día. Por otra parte, la Región de Murcia ha pedido un Plan Nacional del Agua.

El Consejo Nacional del Agua ha presentado el proyecto del real decreto por el que se aprueba el reglamento de reutilización de las aguas, así como dos proyectos de orden destinados a fomentar el uso eficaz de este recurso.

La consejera de Desarrollo Sostenible castellano-manchega, Mercedes Gómez, habría instado al órgano, en la que ha sido la primera sesión plenaria del año, a someter a "disciplina" cuanto antes la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y ha considerado "una falta de respeto" el hecho de que el Estado pueda aceptar un documento técnico elaborado por la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia sobre la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura porque está "fuera del plazo establecido" por el MITECO, que finalizó el 27 de marzo.

Por su parte, la consellera valenciana de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, habría reclamado que las reglas de explotación del trasvase se sustenten en criterios técnicos y "en la creación de un marco técnico y un grupo de trabajo entre todas las partes implicadas".

Así, Pradas habría asegurado que el Consell "es solidario, pero también reclama unas normas duraderas que atiendan las inquietudes, las sensibilidades, las singularidades y las demandas de los usuarios del Tajo-Segura". 

Por su parte, la consejera castellano-manchega habría espetado que le parece "de risa" que la Comunidad Valencia defienda que "es la más solidaria de España y que, por lo tanto, exige esa misma solidaridad al resto de los territorios nacionales" cuando "están cediendo agua que no les corresponde, porque es agua que elaboran desalinizadoras del Gobierno de España".

 "Por otro lado, si les sobra ese agua, ¿por que necesitan agua del trasvase? Es algo que no podemos entender", ha criticado.

Además, el director general de Agua de la Región de Murcia, José Sandoval, habría demandado "que se trabaje la política hídrica desde el marco de un Pacto Nacional en materia de Agua". 

Así, ha asegurado que desde varias comunidades están demandando "soluciones que deben estar incluidas en un Pacto Nacional del Agua, porque este es un problema de Estado".

Con respecto al Reglamento de reutilización de las aguas, Sandoval habría criticado que, aunque su contenido a nivel de exigencias de calidad del agua regenerada pueda considerarse "adecuado", "llega tarde y es insuficiente para fomentar el uso de aguas regeneradas" y habría instado al Gobierno central a hacer una apuesta "firme" en ese sentido.

Por otra parte, la consellera valenciana habría apostado por seguir el camino marcado por la comunidad autónoma en toda España y centrarse en la reutilización. "En la actualidad reutilizamos un 40 % del agua de todo el país, pero nuestro objetivo es alcanzar una cuota del 45 %", ha sentenciado.

Al margen del Reglamento de reutilización de las aguas, el conseller del Mar y Ciclo del Agua de Baleares, Juan Manuel Lafuente, y el director general de Recursos Hídricos del archipiélago, Joan Calafat, habrían subrayado la importancia de contar con el apoyo y el compromiso estatal para avanzar en los proyectos hídricos insulares.

Por su parte, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España, organizaciones que también asistieron a la reunión del Consejo Nacional del Agua, se habrían mostrado en contra del Reglamento de reutilización de las aguas ya que supone un nuevo enfoque de oferta de agua que "podría reducir los caudales circulantes por los ríos al aspirar a duplicar el volumen de agua reutilizada de 400 a 800 hectómetros cúbicos (hm3) al año".

A su vez, también habrían avisado que favorecerá "la mercantilización" del agua, ya que permite poner un precio al agua reciclada, lo que supondrá, en su opinión, un posible ingreso adicional para los municipios concesionarios del agua doméstica. 

Con respecto a la propuesta de Orden de contadores, las organizaciones ecologistas han calificado la iniciativa como "positiva, aunque no suficiente" si no se avanza igualmente en el control efectivo y la sanción de las extracciones ilegales.

Además, las ONG han preguntado a las autoridades competentes sobre qué prevén hacer ante la reciente sentencia europea por incumplimiento de la Directiva de Nitratos y han manifestado al MITECO su deseo de que mejore el funcionamiento y la eficacia del Consejo Nacional del Agua.