El informe de fiscalización que evalúa los sistemas de control interno del Ayuntamiento ha constatado que, durante el último año, el alcalde ha sido incapaz de articular medidas para corregir las deficiencias de su gestión.
Deficiencias que son exactamente las mismas que hace un año y que, a pesar del cambio de gobierno y de haber multiplicado la plantilla de asesores, directores generales y coordinadores, no se han corregido.
Eso es algo que perjudica al tejido productivo, el sector asociativo y el colectivo festero de la ciudad. Prueba de ello es que sigue sin disponer de un plan estratégico de subvenciones mientras se producen situaciones inaceptables. Por ejemplo, las comisiones de Hogueras no recibirán la ayuda al monumento hasta después de los festejos de junio.
“El alcalde ha ignorado un año más todas las recomendaciones de la Intervención y continúa sin elaborar un plan de acción obligatorio que se debe activar para adoptar medidas para resolver las deficiencias. Esto es algo que demuestra que Barcala está instalado en la parálisis y, en consecuencia, se están perdiendo diversas oportunidades”, ha señalado la concejala Silvia Castell.
El alto funcionario ha destacado que “el bajo coeficiente de ejecución (del presupuesto), pone de manifiesto el déficit de planificación” del gobierno municipal. Cabe recordar que, tal y como denunció el principal grupo de la oposición, el gobierno del PP sólo fue capaz de ejecutar 4 de cada 10 euros previstos en inversiones durante 2023.
Esa falta de diligencia se traduce en que los barrios están cada vez más abandonados debido a la incompetencia de los responsables municipales, que no han sido capaces de ejecutar su propio presupuesto.
También saca los colores al regidor en materia de contratación, instándole a implementar “procedimientos de planificación y gestión que garanticen el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con antelación suficiente al finalización de los contratos, para evitar gastos al margen de los contratos y evitar prórrogas”.
La cuestionada planificación económica no acaba ahí. El informe de control destaca que el Ayuntamiento “tiene recursos suficientes para atender sus obligaciones sin necesidad de acudir al endeudamiento”.
El interventor ya puso el acento en diciembre en que el consistorio solicitó en 2022 y 2023 dos créditos bancarios, uno de 19,8 millones y otro de 9,7 millones de euros. Pues bien, dichos préstamos obligarán a pagar casi 900.000 euros de intereses este año, una cantidad que no se podrá invertir en solucionar las numerosas deficiencias que arrastran los barrios de Alicante.
Tampoco aprueba al regidor en materia de transparencia. Recomienda la reducción del número de asuntos aprobados en junta de gobierno local por vía de urgencia, que cifra en el 39% del total, “en aras a mejorar la transparencia en la gestión municipal y que no se convierta en ordinario aquello que debería ser excepcional”.
Además, destaca que el número de expedientes con informe de intervención disconforme ha aumentado. El cuestionable récord se alcanza en la Asesoría Jurídica (77% de los expedientes), Concejalía de Empleo (con el 50 %) y Fiestas, que encabeza el ránking con un total de 48, seguido de Urbanismo con 37, y Recursos Humanos y Deportes con 31.
El informe hace hincapié en que la falta del anexo de inversiones conforme establece la ley impide planificar con mayor precisión y, en consecuencia, impide mejorar los porcentajes de ejecución y planificación de la regla del gasto. En ese sentido, cabe recordar que la AIREF ya ha denunciado que podría llegar al 8 % cuando el límite legal se sitúa en el 2,6 %.
A pesar el importante incremento del número de asesores del alcalde, el interventor señala que el porcentaje de puestos ocupados por personal interino excede los límites establecidos en la ley. Señala igualmente que en el Patronato Municipal de la Vivienda no existe ningún puesto de funcionario, y eso es algo que contraviene la legalidad.
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