Desde la Plataforma de Asociaciones de Empresas Productoras Audiovisuales de la Comunitat Valenciana, su representante, Luis Gosálbez ha reclamado una dotación mínima anual del 0,45 por ciento en los presupuestos de la Generalitat para la cadena; una parrilla de coproducción propia externalizada, --excluyendo informativos y deportes que deben hacerlos personal propio de la casa y compra de producción ajena como series o documentales-- con la «obligatoriedad» de destinar, al menos, el 40% del presupuesto anual a la producción de contenidos por parte de productoras independientes valencianas.
En este caso, propone una limitación del 20% en la contratación a una misma empresa o grupo vinculado así como la inclusión de una fórmula de seguimiento para el cumplimiento de la norma, que se podría plasmar a través de la firma de un acuerdo marco.
Por parte de La Unió de Periodistes, su presidente, Vicent Marco, ha defendido la necesidad de medios de comunicación «públicos, de calidad, en valenciano e independientes de los poderes políticos, bien dotados económicamente» y ha sostenido que la norma supone «dos pasos atrás en todas las reivindicaciones de cómo debe ser, por lógica, un medio de comunicación público».
«Nos preocupa que se quiten todos los obstáculos a la manipulación partidista, que se elimine toda referencia al valenciano como lengua vehícular, que se suspenda la oferta pública de trabajo en marcha, que se deje la puerta abierta a privatizar los informativos y que no se garantice su financiación, que el papel relevante del sector audiovisual desaparezca en esta ley», ha expuesto, y ha defendido que, para cambiar lo que se debía modificar, no es necesario «arrasar con todo el resto de avances que sí incorporaba la anterior ley».
Sobre el valenciano, el presidente de La Unió ha indicado que el problema «no es la lengua para obtener audiencia».
«Los problemas son otros y nos resuelven privando de los beneficios intrínsicos del bilingüismo a toda la zona castellano hablante en nuestro territorio. Esperemos que no vuelvan las listas de palabras prohibidas y el 'Telefem' (Telebasura)», ha indicado.
En relación con los trabajadores, ha denunciado que la ley «deja tiradas» a 800 personas que estaban en un proceso de pruebas selectivas en lo que era la mayor oferta pública de empleo para el sector en este siglo. Así, ha indicado que la plantilla «actual continuará en estado de interinidad, en una situación de inestabilidad que dura seis años».
Para el fundador y presidente de honor de ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación), José Ignacio Pastor, es «injustificable» la urgencia con la que se quiere tramitar una norma que ha calificado de «vergüenza» y «bestialidad», ha criticado el «ataque» al valenciano y el «olvido» a la promoción de la diversidad territorial. «Vergonya, cavallers, vergonya. Retiren la ley», ha pedido.
Jorge Ballester, secretario de la Comisión del Audiovisual de la Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos, ha pedido que se incluya en la ley parámetros que protejan la ficción en valenciano diferenciada del entretenimiento o de los contenidos en general.
«No es ninguna barbaridad pedir que se blinde el 8% del presupuesto total de la cadena para la ficción, superando en un 2% el establecido por ley estatal que obliga a destinar un 6%, no de los ingresos, sino del presupuesto total de la corporación», ha dicho.
El representante del Clúster de Producción y Servicios del Audiovisual Valenciano Sergio Gómez ha calificado de «absolutamente relevante» que haya una conexión entre À Punt y el tejido audiovisual valenciano.
«Las leyes las hacen buenas; las personas si conseguimos alianzas y proyectos y si vamos todos en una linea puede ser positiva en muchos aspectos», ha sostenido.
En la Comisión también han intervenido Antonio Villarreal, representante del Comité de Empresa de À Punt y Ana Isabel Santamaría, presidenta del Comité de Empresa de la CVMC, quienes han reclamado la necesidad de consolidar la plantilla actual, dar estabilidad al personal y evitar la huida del talento porque la interinidad no permite confianza a los trabajadores.
Villarreal ha lamentado que siguen «en la misma situación de inestabilidad», sin convenio, y cree necesario y «urgente» incrementar una plantilla «que se ha comprobado insuficiente».
Por tanto, reclama una dotación presupuestaria mínima e incluir también la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de empresas privadas externas con la plantilla.
En esta línea, Santamaría también ha indicado que la falta de personal es un «problema estructural» que afecta a todos los departamentos --el jurídico solo tiene dos personas, ha dicho--, por lo que las externalizaciones son «imprescindibles».
En esta línea, pide dar estabilidad laboral a la plantilla y la necesidad de «un mayor blindaje normativo, incluso estatutario, considerando que es un sector esencial y que el derecho a la información es garantía de democracia en nuestra sociedad».
Desde el PP, el diputado José Juan Zaplana ha sostenido que la ley de 2016 «manejaba una hipertrofia legislativa tremenda», que no era «buena» y que se ha ido modificando todos los años: «Ocho años de ley, siete años de modificaciones», con continuos «incumplimientos» en el presupuesto --ningún año ha superado el 30%, ha dicho--.
«¿Qué pasa cuando se incumple una ley? ¿Es algo ilegal? ¿Alguien ha ido a la cárcel? ¿Alguien ha presentado su dimisión en el gobierno?», se ha preguntado.
El diputado de Vox Joaquín Alés ha defendido durante sus intervenciones que la nueva legislación «se aleja de la hipertrofia legislativa anquilosante que fue el sello de la anterior norma».
Sobre el uso del valenciano, ha apuntado que su promoción «no debería ser incompatible con una parrilla que refleje de forma más realista la realidad lingüística de toda la Comunitat Valenciana que no es mayoritariamente valenciano hablante».
Desde la oposición, han criticado que el Partido Popular «se ha rendido totalmente a los postulados ideológicos de la extrema derecha» con esta norma.
Por parte de Compromís han intervenido las diputadas Maria Josep Amigó y Nathalie Torres, quienes han mantenido «consagra un modelo de televisión que nos hace retornar al peor momento de Canal 9», cuando «estaba absolutamente manipulada», al «suprimir» la participación ciudadana y con un uso del valenciano que está «absolutamente desaparecido e ignorado» y con financiación «sin garantía y en el aire».
En la misma línea, el PSPV, a través de la diputada Silvia Gómez, ha calificado la ley de «gran contrarreforma legislativa, política e ideológica» que supone una «involución democrática que permite el asalto y el control político de À Punt».
Así, ha mantenido que la norma supone «el absoluto control político de los medios, como en las etapas oscuras de su gobierno anterior, donde hasta la llevaron al negro».
«Ahora sí que van a ser mensajes sesgados porque vamos a decirle adiós a Vicente Andrés Estellés o a Botifarra», ha resumido.
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