VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha reivindicado este
miércoles, durante la Junta de Portavoces de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), que el Gobierno central impulse un marco
legal común sobre apartamentos turísticos "que enmarque unas normas de
seguridad y garantía para esta actividad económica".
Catalá ha expuesto que "todas las grandes ciudades estám afectadas por esta cuestión y por tanto no puede ser tampoco que cada ciudad tome acciones distintas", según ha informado el consistorio.
Por ello, ha defendido que "lo importante y lo necesario en esto sería un marco común que respete la flexibilidad y circunstancia turística de cada municipio, pero que el Ministerio dictaminara ese marco para que aplicáramos una política común en todos los territorios o por lo menos próxima en relación al problema de los apartamentos turísticos".
La alcaldesa ha recordado que la ley de vivienda estatal no regula los apartamentos turísticos, lo que a su juicio provoca inseguridad jurídica y el aumento de la oferta ilegal de viviendas destinadas al turismo.
En Valencia, el actual equipo de gobierno ha intensificado el control de los apartamentos turísticos para detectar los ilegales, según la corporación municipal, y en los cuatro primeros meses del año la Policía Local ha interpuesto 166 denuncias, mientras que en todo el 2023 se pusieron 84.
Catalá ha expuesto que "todas las grandes ciudades estám afectadas por esta cuestión y por tanto no puede ser tampoco que cada ciudad tome acciones distintas", según ha informado el consistorio.
Por ello, ha defendido que "lo importante y lo necesario en esto sería un marco común que respete la flexibilidad y circunstancia turística de cada municipio, pero que el Ministerio dictaminara ese marco para que aplicáramos una política común en todos los territorios o por lo menos próxima en relación al problema de los apartamentos turísticos".
La alcaldesa ha recordado que la ley de vivienda estatal no regula los apartamentos turísticos, lo que a su juicio provoca inseguridad jurídica y el aumento de la oferta ilegal de viviendas destinadas al turismo.
En Valencia, el actual equipo de gobierno ha intensificado el control de los apartamentos turísticos para detectar los ilegales, según la corporación municipal, y en los cuatro primeros meses del año la Policía Local ha interpuesto 166 denuncias, mientras que en todo el 2023 se pusieron 84.
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