VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP
Eduardo Zaplana ha aprovechado la última palabra en Erial para defender
lo que ha mantenido desde que fue detenido: "No he cometido ninguna
ilegalidad ni he tenido dinero en el exterior". Así mismo, ha asegurado
que ha sido un "honor" para él dedicarse a la vida política "aunque su
ejercicio me haya traído aquí", ha apostillado.
Zaplana se
enfrenta a una pena de 17 años de prisión, tal y como le reclama el
ministerio fiscal, por los delitos de organización criminal, blanqueo de
capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación
administrativa. Junto a la pena de prisión le solicita una multa de 40
millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.
"A lo largo del procedimiento, que ha durado más de ocho años, se ha
querido trasladar sobre mí una imagen, una idea de un grupo criminal que
usa y abusa de sus relaciones personales", ha lamentado en el juicio
que se sigue contra él y otras 11 personas más por el caso Erial,
procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10
millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y
parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
Esta semana fue el
fiscal el que abrió los informes y rebajó en dos años la pena solicitada
para Zaplana, que pasó de 19 a 17 años al eliminar el delito de
falsedad en documento oficial, y retiró la acusación contra tres
personas: la exdiputada Elvira Suances, el peluquero Pedro Romero y el
empresario Ángel Salas.
También dejó la pena para el expresidente de la
Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, en dos años, similar a la de
cuatro conformados que reconocieron los hechos.
En su última
palabra, Zaplana, con papeles en la mano, se ha definido como "buen
amigo" de sus amigos y ha agregado: "Cuando les he podido hacer un favor
lo he hecho sin ningún tipo de contraprestación", ha puntualizado.
Ha lamentado que durante estos días ha sobrevolado en la sala la
imagen de que es una persona que se dedica a esconder su actividad o
incluso parte de su vida "de una forma casi paranoica ante no sé qué
miedo o amenazas que podía tener en el pasado que jamás me preocuparon
pero que, visto lo visto, probablemente me tuvieron que preocupar", ha
dicho.
"Todos los bienes --ha agregado-- son los que se
analizan en la pericial que aportó mi abogado mientras estaba en prisión
y cuando estaba el sumario bajo secreto. No hay más".
Zaplana ha afirmado que "tras los registros en su domicilio, en sus
despachos, tras intervenciones telefónicos, grabaciones en lugares
públicos y nueve meses en prisión, digo lo mismo que dije en marzo de
2019 cuando abandoné el centro penitenciario: no he cometido nunca
ninguna ilegalidad en mi responsabilidad al frente de la Generalitat
Valenciana y no he tenido nunca dinero en el exterior. Lo afirmé
entonces y lo reitero".
"Estos días --ha añadido-- escuchando
las pruebas practicadas y los relatos ha sido imposible no recordar los
tiempos dedicados a la vida pública y política que casi coinciden en el
tiempo con el periodo que he sido investigado en la causa con todo tipo
de material, incluso el más privado como mis agendas".
Y ha
agregado en esta línea: "De toda esta larga etapa, los recuerdos gratos
superan a los ingratos. Siempre decidí afrontarlos con responsabilidad y
la mayor dignidad posible. Hoy, en esta etapa tan difícil para mí, sigo
manifestando mi gran satisfacción y orgullo por los años de dedicación a
la vida pública y a la Presidencia de la Generalitat. Ha sido un honor
dedicarme a la vida política, actividad digna donde las haya, aunque su
ejercicio me haya traído aquí. De que yo esté aquí no tiene culpa la
política".
Por su parte, García también ha usado la última
palabra para contestar al abogado de Zaplana cuando "desvirtuó" los
pactos con la Fiscalía: "Todo lo que declaré en las dos sesiones es
absolutamente verdad. No son interpretaciones ni aseveraciones sobre
aspectos que no haya conocido o participado directamente".
"Desgraciadamente --ha agregado-- participé en una serie de hechos que
he reconocido. Quiero estar tranquilo con mi conciencia y que nadie
pueda decir que he mentido o que he sido inmoral".
Y ha
agregado que la última vez que habló con Zaplana, en su domicilio en
presencia de otro acusado, le explicó que había iniciado un proceso de
acuerdo de conformidad con la Fiscalía y que como amigo suyo le sugería
hacer lo mismo, pero no quiso. "Le añadí que debía pensar en él, en su
familia y en otras personas como Mitsouko o Saturnino, pero nada", ha
apostillado.
El caso ha quedado visto para sentencia tras siete
años de instrucción y casi dos meses de juicio --con un total de 20
sesiones--, puesto que arrancó el pasado 21 de marzo después de dos
suspensiones.
La defensa de Mitsouko Henríquez pide su absolución
La defensa de Mitsouko Henríquez, exsecretaria particular desde 1991 del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP, Eduardo Zaplana,
ha pedido la absolución para su representada al asegurar que no existe
prueba de cargo contra ella en Erial.
«Con la prueba que hay en la causa
y con los documentos intervenidos se demuestra que no ha cometido
ningún delito. Su único delito ha sido el haber sido secretaria de
Zaplana durante más de 30 años, de los que 20 han sido objeto de
investigación». Así, ha ironizado: «Ser secretaria parece una función de
alto riesgo y que conlleva una responsabilidad penal».
Así lo ha puesto de manifiesto Carmen Gallego, abogada de Henríquez,
durante la exposición de su informe en el juicio que se sigue en la
Audiencia de Valencia contra Zaplana y 11 personas más por el caso
Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de
más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de
ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
Precisamente esta semana fue el fiscal el que abrió los informes y
rebajó en dos años la pena solicitada para Zaplana, que pasó de 19 a 17
años al eliminar el delito de falsedad en documento oficial, y retiró la
acusación contra tres personas: la ex diputada Elvira Suances, el
peluquero Pedro Romero y el empresario Ángel Salas. También dejó la pena
para el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas,
en dos años, similar a la de cuatro conformados que reconocieron los
hechos.
La abogada de Henríquez, acusada para la que el fiscal mantiene su
petición de pena de ocho años de cárcel por un delito de blanqueo y de
pertenencia a grupo criminal, ha aludido a hechos «inexactos» recogidos
por el ministerio público y ha querido aclarar que «en ningún momento
fue detenida en este procedimiento, sino investigada».
Sobre los hechos, la letrada ha señalado que el escrito fiscal, de
161 páginas, solo menciona a su representada en 12 páginas, con no más
de tres líneas. En total, «un folio como mucho», ha dicho, para agregar
que no se extralimitó en sus funciones de secretaria: «Parece que el
fiscal no sabe lo que es una secretaria. Que recibe y envía mails en
nombre de su jefe; que recibe y envía documentación por el sistema que
sea; que hace reservas en hoteles y en viajes; y hace lo que su jefe le
pide», ha enumerado.
Así, ha insistido en que Henríquez «solo hacía su trabajo» y «no era
secretaria de ninguna organización criminal», ha dicho en referencia a
lo declarado por testigos en instrucción y en la fase de juicio. Además,
ha puesto de manifiesto que los acusados conformados tampoco han dicho
que ella cometiera un delito de blanqueo o que fuera secretaria de
ningún grupo criminal.
También se ha apoyado la abogada en toda la documentación de la que
disponía la UCO de la Guardia Civil sobre su clienta y sobre la que «no
se desprende delito».
«En su móvil se vieron 360 whatssApp, 11.598
mensajes de texto, 170 MMS y 9.648 correos electrónicos. Y si tan
importante era la función de Mitsouko, no entendemos cómo la UCO sólo
cita en su informe nueve correos y todos son de envío o recepción de
documentación», ha dicho.
En relación con los 2,8 millones de euros que supuestamente recibió
la ex secretaria de manos del testigo Fernando Belhot --por medio de un
intermediario-- para que se los entregara a Zaplana, su abogada --quien
ha dejado claro que su representada no participaba en procesos
administrativos-- ha dicho que no hay ningún documento, contacto o
conversación sobre ello.
«No hay nada», ha subrayado.
En relación con los 50.000 euros que la Guardia Civil interviene en
el despacho de Henríquez, su abogada ha manifestado que «Zaplana ya
declaró que eran suyos y que provenían de sus cuentas. Mitsouko hacía
retiradas de dinero en el banco para que siempre hubiera una hucha de
50.000 euros para gastos. Cada uno tiene sus necesidades y sus gastos»,
ha replicado.
En referencia a los viajes, la letrada ha preguntado: «¿Qué
secretaria no organiza viajes para su jefe? Ella no contrataba ni
pagaba, sino que hacía la gestión e informaba». Así, lo mismo con la
mudanza a un piso en Madrid en el que estuvo Zaplana: «Ella recibía
información y ayudaba».
Por su parte, en la sesión de este jueves también ha expuesto su
informe el letrado de Francisco Grau, quien fuera asesor fiscal de
Zaplana y considerado el cerebro financiero de la trama. El ministerio
público le reclama ocho años de prisión.
Su abogado, tras cuestionar la declaración del testigo Fernando
Belhot y el hallazgo «no casual» y con «apariencia de montaje» de los
conocidos 'papeles del sirio' que originaron este procedimiento, ha
basado su defensa en argumentar que Grau «nunca» tuvo «nada que ver» con
licitaciones públicas; en que se limitaba a asesorar a sus clientes con
un trabajo «profesional y exquisito»; en que no ha ocultado nada y en
que a él le llegó una estructura «ya creada» de sociedades de
Luxemburgo.
El letrado, quien ha calificado de «bastante vagas» las declaraciones
de los cuatro conformados en este procedimiento, ha mantenido que su
cliente asesoró a Joaquín Barceló, amigo íntimo de Zaplana y testaferro
confeso, «pese a que él lo niegue. Su declaración estuvo repleta de
datos inveraces», ha destacado.
«Barceló declaró aquí que todo era de Zaplana y que Grau lo sabía y
eso no es así», ha afirmado el letrado para indicar que «si Barceló era
el testaferro de Zaplana, que no sabemos si eso fue así, quien no lo ha
sabido en ningún momento ha sido Grau. Y el fiscal es consciente de ello
cuando afirma al final de su informe que la ignorancia deliberada no
cabría. Eso parte de que Grau no sabía nada, no fue informado», ha
repetido.
«Grau --ha añadido-- nunca ha pretendido ocultar nada y solo se
dedicaba a asesorar profesionalmente y con total transparencia sobre la
gestión de sociedades e inversiones. Grau hizo un trabajo profesional y
exquisito», ha apostillado.
Por otro lado, el letrado, quien ha asegurado que su cliente no sabía
quién pagaba el barco con el que viajaba con Zaplana, también ha
destacado que Grau no entró en la CAM por su relación con el
'expresident', pese a lo que mantiene el ministerio público, sino por un
economista que le propuso «en base a su prestigio tras 30 años de
trayectoria», ha dicho.
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