MADRID.- El pasado 12 de junio se hizo público el informe Banderas Negras 2024 de Ecologistas en Acción en el que se otorgan 48 de estos distintivos a nivel nacional, dos por provincia o ciudad autónoma. Este año, el País Valencià ha recibido seis banderas y una de ellas incluye en realidad cuatro playas, las correspondientes a la bahía de Alicante (Cap l’Horta, Albufera, Postiguet y San Gabriel), recuerda www.elsaltodiario.com.
Las playas deberían de ser, en su totalidad, espacios naturales que conserven su ecosistema y no soporten alteración alguna. Actualmente, y tras años de explotación, las playas de la bahía alicantina se han convertido en espacios con un exceso de intervención humana que modifica sus dinámicas, hasta el punto de desnaturalizarlas para que formen parte del modelo de negocio turístico.
Una circunstancia que, a su vez, condiciona la vivienda, el trabajo y la ciudad como entorno. En este caso, la Bahía cuenta además con un agravante mayor: una de las playas que la forman, la de San Gabriel, está totalmente abandonada y no se gestiona ni siquiera para explotarla de cara al turismo, si no que se utiliza como el sumidero de la ciudad.
Carlos Arribas, de la Colla Ecologista d'Alacant, afirma que el propio alcalde Alicante, Luis Barcala, “se negaba a admitirla como playa urbana, a pesar de que se encontraba dentro del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana”, que pertenece al Decreto 58/2018.
Finalmente, el tribunal dio la razón a la Asociación de Vecinos de Gran Vía Sur y el Ayuntamiento tuvo que reconocerla como tal. Sobre esto, su portavoz, José Santamaría, afirma que, además, han conseguido que se renueven las estaciones de bombeo de esa misma playa aunque no lo anuncien desde la corporación local.
Aun así, queda mucho para que sea una playa saludable para quienes la habitan y la visitan: “Estamos iniciando la demanda para que cuente con el equipamiento, los servicios y los controles para que garantizan la calidad de su agua a los bañistas”, afirma.
Para entender cómo y por qué se otorgan estas banderas es importante hacer referencia al Decálogo de playas sostenibles que el propio Ecologistas en Acción tiene disponible en este enlace.
En el documento, que se puede descargar de forma totalmente libre como el informe Banderas Negras, redactan una “guía para ayuntamientos, personas encargadas y usuarias”, comenzando por la definición de lo que es una playa, qué tipo de playas existen y cuál es la mejor forma de cuidarlas, visitarlas y disfrutarlas. Entre todo esto está incluido cómo funciona la playa como ecosistema, sus habitantes marinos y lo que necesitan (y lo que no) para mantenerse limpias y sanas.
Desde Ecologistas en Acción denuncian los vertidos “constantes y masivos” de residuos arrastrados hasta la playa de San Gabriel desde el conocido Barranco de las Ovejas. Este recorrido comienza en la montaña Maigmó, pasa por San Vicente del Raspeig y desemboca en la división de los barrios de Gran Vía Sur y San Gabriel, un lugar conocido por sus inundaciones en las riadas del 82 y el 97, que deja entrever la problemática de su gestión.
Sus deficientes sistemas de canalización hacen que gran parte de lo que llega al Mediterráneo sea agua sin tratar que lleva consigo sedimentos y residuos, según denuncian desde la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur.
Las riadas mencionadas son un punto de partida para entender la acumulación de lodo fecal y la mala filtración además de la acumulación de residuos no depurados. El barranco es fundamental para la red de saneamiento de Alicante y su tramo urbano cuenta con un colegio, viviendas, negocios locales y parques.
“Desde la Generalitat se invirtieron 14 millones de euros porque cuenta con estos antecedentes. Las riadas por las crecidas que provocaron las lluvias torrenciales fueron fundamentales para otorgarles el nivel uno de peligrosidad, el máximo. Además, está considerado un elemento fundamental en el Plan de Acción Territorial”, afirma Santamaría.
“Además de la riada del 82, que fue la más recordada, desde 1962 hasta 2017 se han producido 16 episodios graves.
Sobre esto, Arribas cuenta que “el barranco se modificó y limpió tras las riadas pero su desembocadura está pegada a la ampliación del puerto, lo que dificulta el desahogo del agua del barranco”.
Es algo con lo que Santamaría coincide, añadiendo que el propio puerto también se ha quejado de la contaminación y que “el boom de la construcción impide que se amplíe esa desembocadura, por lo que se ha ido profundizando”.
Sin embargo, en su tramo urbano se vierten sustancias que provienen de los desbordantes de las alcantarillas, colectores y la estación de bombeo, que acaban acumulándose en el fondo solidificándose en forma de lodo tóxico y contaminante que la satura”.
La playa que no era playa para Barcala
A pesar de la negación sobre los vertidos en otras zonas del alcalde de la ciudad y dirigente del Partido Popular, Luis Barcala, que llegó a echar las culpas “al viento” de la suciedad en el Cabo de las Huertas, y del constante vacío que se ha hecho desde otros Gobiernos anteriores a las quejas, Ecologistas en Acción resalta “el incivismo, la saturación poblacional y la falta de mantenimiento” para asignar a las cuatro playas que forman la bahía con su bandera negra.
Y lo cierto es que, con su emisario principal agujereado y la Declaración de Impacto Ambiental “caducada o inexistente”, según señalan, la agresión, el maltrato y la degradación a la costa de Alicante es evidente.
En este contexto, tendríamos que remontarnos a hace más de 25 años para fijar el principio del deterioro de los 3,6 kilómetros de la costa que se inician en la playa del Cocó y acaban en la de Urbanova, así como la regresión de su diversidad biológica marina provocada por los vertidos.
Desde 1998 las asociaciones ecologistas Democràcia en Verd, Amigos de los Humedales del Sur y la propia Ecologistas en Acción se han manifestado junto con las asociaciones vecinales Gran Vía Sur Puerto y San Gabriel en el lugar del vertido ilegal al mar.
Con esta movilización querían denunciar la contaminación del espacio marino protegido —Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)— de Tabarca, de 14.000 hectáreas, incluido en la Red Natura 2000 europea, cuya protección debería de servir para la protección de la biodiversidad y cuyas aguas lindan con las de esta playa.
Este punto de vertido que, según apuntan los ecologistas y las asociaciones vecinales, es presuntamente ilegal, procede del sistema de saneamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Rincón de León, la depuradora más importante de la ciudad.
Según indican desde estas organizaciones, el emisario de San Gabriel no es más que un tubo deteriorado y roto que, como señalan en dicho informe, no cumple las condiciones legales de longitud y profundidad exigidas, lo que ha provocado la degradación medioambiental de las playas de San Gabriel y la parte norte del LIC Tabarca.
“Se encuentra a poco más de 300 metros de la costa y vierte todo lo que generan las más de 300.000 personas que habitan la ciudad”, y todo ello sumado a la población de turistas. “Si no pasa de 4.000 metros no es un emisario, y si además este no vierte agua debidamente tratada, lo que provoca es un impacto contrario a su propósito”, cuenta Santamaría.
En 2020, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió la denuncia promovida por las asociaciones vecinales Gran Vía Sur Puerto, San Gabriel, La Voz de La Florida y entidades ecologistas como Democràcia en Verd y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante para investigar la situación de contaminación crónica.
Este destrozo se produce por vertidos fecales e industriales no autorizados, según la denuncia, de alrededor de 12,5 millones de metros cúbicos anuales provenientes de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar cada vez que llueve o que hay averías, interrupciones o picos de aumento de población en periodos vacacionales.
Dicha denuncia explica las irregularidades en el funcionamiento en la EDAR Rincón de León, que cuenta con 42 puntos de vertido reconocidos por el Ayuntamiento y no autorizados, 27 de los cuales vierten directamente al mar, vertiendo siete de estos directamente sobre el espacio natural protegido.
El velero Diosa Maat, tras haber reivindicado la protección del Mar Menor en Murcia, en 2021 navegó desde el Puerto de Alicante hasta la Playa de San Gabriel, al Puerto de El Campello y al Faro del Cabo de la Huerta para exigir el parón de vertidos contaminantes al mar. A lo largo de muchos años y Gobiernos se ha ignorado el estado de la costa sur de la ciudad mientras se ampliaban las carreteras y se construían urbanizaciones y parques.
Cuando se habla de desarrollo económico se piensa directamente en el dinero y su forma de hacerlo ya: hostelería, hotelería y cualquier trabajo con fines turísticos, mientras que no se piensa en el futuro de la ciudad. Sin sostenibilidad no se puede mantener vivo el entorno, ni a sus especies, lo que conlleva al final de la costa tal y como la conocemos.
El turismo masivo y la forma de vida que impone a los habitantes de ciudades como Alicante ataca directamente al medioambiente desde dos frentes: viviendas cada vez más cerca del mar, las especies que habitan el mar desapareciendo mientras los que habitan las casas puede que un día el mar esté dentro de su casa.
La destrucción de los hábitats marinos y la contaminación pueden actuar sinérgicamente con el cambio climático y acelerar sus efectos adversos. “La Bahía de Alicante está en mal estado ecológico por su falta de nutrientes, y lo dice la Directiva Marco del Agua. Las praderas de posidonia están muertas y la pesca reducida casi a cero, según el informe de Servicio de Protección de Recursos Pesqueros”, concluye Arribas.
Pero estas negligencias deben de entenderse desde una perspectiva de salud y seguridad pública. El desbordamiento de los vertidos ocurre en momentos de lluvias torrenciales, cuando hay averías en los sistemas y en momentos de afluencias masivas de población como en verano.
Esto, en una ciudad en la que se vive del turismo 365 días al año, es un problema muy grave.
“Se degrada el principal atractivo de esta ciudad y ponemos en peligro a los bañistas y la biodiversidad del litoral. Algunas zonas están protegidas y en eso fallan todas las administraciones”, dice Santamaría.
La Asociación de Vecinos Gran Vía Sur presentó un proyecto de restauración medioambiental del litoral sur de Alicante en los presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana de 2022/23. En este proyecto se plantea la regeneración, recuperación y vuelta al estado original de los hábitats y biodiversidad marina de la bahía. Para conseguir esto, los vecinos plantean la instalación de un arrecife artificial. Todo ello cumpliendo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Esta zona está incluida en la Red Natura 200 europea, por lo que la Ley de Costas obliga a su protección. Lo mismo ocurre con la Ley de Protección del Medio Marino 41/2010, de 29 de diciembre; la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell que regula el régimen especial de evaluación y aprobación de los programas y proyectos Red Natura 2000. Este y otros proyectos como el de Vertidos Cero siguen parados.
Según afirman desde la asociación vecinal, “la Generalitat no cuida de que se cumplan las normativas porque no se asegura de que se sigan los procedimientos y el Ayuntamiento no solo se niega a cuidar la bahía y vierte todo lo que se produce en la ciudad, sino que da rienda suelta a que cinco polígonos industriales: dos de Alicante y tres de San Vicente, para que conecten sus vertidos industriales los colectores”.
Unos vertidos que arrastrarían al mar pesticidas, compuestos químicos como plomo y cadmio, un elemento cancerígeno, entre otros. “Es un peligro público y sanitario y si miramos el Código Penal, un delito ambiental”, apunta Santamaría.
Todas las personas que están trabajando para que se revierta esta situación forman parte del colectivo Unir Alacant. Como ya consiguieron con el Mar Menor, están preparando recursos para convertir en zona protegida la bahía al completo.
Sabiendo que mientras se intentan arreglar unas cosas surgen otras como el emisario recientemente descubierto en el Cabo de las Huertas, un emisario clandestino, no reconocido legalmente ni regularizado, de la playa del Cocó y el drenaje que se tiene que hacer cada año en la escuela de vela, que dice Santamaría que está “lleno de basura, literalmente, y luego esa arena se filtra y vuelve a poner en la zona norte del Postiguet, donde la gente pone la toalla y se baña”.
Ante tanta complejidad técnica, informes y sobrecarga de información sin una explicación concreta y la negativa del Ayuntamiento a siquiera limpiar en condiciones el Barranco de las Ovejas, como denuncian las organizaciones locales y ecologistas, el trabajo propositivo y de denuncia de los colectivos vecinales y las asociaciones en defensa del medio ambiente sigue siendo fundamental.
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